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Designó a “veedores informantes” en la firma Hotesur, de los Kirchner, y en las de Báez y de Sanfelice.
El juez Ercolini designó a “veedores informantes” en el complejo hotelero, propiedad de la ex presidenta y sus hijos, y que desde hace cuatro años es administrado por la empresa de Sanfelice. La intervención también abarca a una empresa de Lázaro Báez, quien gerenció el complejo hasta julio de 2013. Todos están bajo investigación.
El juez Julián Ercolini nombró veedores informantes en los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, propiedad de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Hotesur. La medida, que implica una intervención a cargo de un equipo especializado de la AFIP, se decidió tras el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes solicitaron no sólo la intervención de Hotesur -la firma familiar dueña del hotel- sino también de Valle Mitre,una empresa de Lázaro Báez que gerenció el Alto hasta julio de 2013; e Idea, de Osvaldo Sanfelice, actual administrador del complejo turístico. El juez designó veedores en todas esas firmas, les aplicó una inhibición general de bienes y les prohibió modificar la composición accionaria. Los hoteles de la ex Presidenta son investigados por lavado de dinero. Hasta julio de 2013, tres de ellos -Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de EL Chaltén- fueron administrados por Lázaro Báez con Valle Mitre, generando ingresos por 27 millones de pesos durante cinco años. Además, el empresario K alquiló habitaciones de los hoteles por 14,5 millones de pesos con siete de sus firmas. Desde 2013, Idea SA -de Osvaldo Sanfelice- es la responsable de administrar los establecimientos turísticos. Todos contarán desde hoy, con veedores informantes designados por la justicia.
Los fiscales Pollicita y Mahiques consignaron que los fondos ilícitos manejados por las empresas de Báez “provendrían de las arcas del Estado”. Además, según menciona Ercolini, los hoteles “habrían sido adquiridos en parte con aquel dinero” y por lo tanto, las personas involucradas “continuarían cobrando las ganancias generadas como producto de la explotación” de los mismos.
En la maniobra de “defraudación al Estado” para favorecer a Báez con obra pública (le dieron contratos por 46.000 millones de pesos), los ficales señalaron que dichas “ganancias ilícitas se encontraban en poder” del empresario K, y que les permitió “desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción” de dichos fondos.
Ercolini aún debe decidir si llama a Cristina a indagatoria junto a sus hijos en esta causa, según le pidieron Pollicita y Mahiques. La decisión de ayer sobre los hoteles podria ser una señal al respecto. El equipo de veedores estará integrado por especialistas de la AFIP denominados “interventores informantes”, que deberán dictaminar ante cada movimiento de las firmas e informar al juez.
En su resolución, Ercolini explicó que los veedores actuarán “con la finalidad de impedir que se vea alterado el estado de los bienes y de asegurar la eficacia de una sentencia que pueda reconocer un derecho contra esa sociedad”. La medida se toma en el marco de las presuntas maniobras de lavados de activos “realizadas en- tre otras personas, por la ex familia presidencial, cuyo antecedente sería una defraudación al Estado Nacional mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz” a Báez, quien administró sus hoteles.
Con los veedores en los hoteles se busca una “correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes”, y a su vez proceder “a la recaudación de las ganancias de la actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner, como Sanfelice continúan obteniendo”. Ercolini consideró que la intervención es ”la medida cautelar más adecuada” para “desplazar a los titulares que se encuentran sospechado de lavado de dinero” y así, “procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas”.
El juez busca “detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner siguen obteniendo”