Venezuela: otros cuatro muertos y ya suman 84 las víctimas fatales en las protestas
Uno tenia 17 años. Los otros, más de 20. Son 1.188 los detenidos. Una ONG estima en 404 los presos políticos.
La crisis en Venezuela escaló ayer de modo dramático sumando otros cuatro jóvenes muertos, uno de ellos de solo 17 años baleado en la cabeza. Y con la constatación de que hay ya más de 400 presos políticos en manos del régimen además de una extensa cantidad de detenidos en estos tres meses de protestas callejeras. Los cuatro muertos registrados
ayer fueron por disparos. Fernando Rojas de 20 años y Rubén Morillo de 28 fallecieron en el Estado de Lara durante las protestas de esta jornada. Eduardo Márquez de 20 años, murió por heridas de disparos que recibió el 13 de junio en las marchas de Mérida. El último es un chico de 17 años, Alfredo Figuera, a quien le dispararon en la cabeza el lunes en el estado de Aragua. De este modo aumenta a 84 la cifra de muertos durante la olea- da de manifestaciones que se iniciaron el pasado 1 de abril. La mayoría eran jóvenes y presentan heridas de armas de fuego desde la cintura hacia la cabeza. La oposición que lidera estas movilizaciones denuncia que son acribillados premeditadamente por los grupos parapoliciales del régimen chavista.
Ayer se supo, además, que suman 1.188 los detenidos por la policía, según cálculos difundidos por la ONG de defensa de los derechos humanos Foro Penal. Esa misma organización independiente cifra en 404 los presos políticos en lo que va de tres lustros del régimen, incluyendo a los más notorios como el líder de Voluntad Popular Leopoldo López y el alcalde de Caracas Antonio Ledezma.
Según la misma fuente, las fuerzas del orden han efectuado 3.529 arrestos en este trimestre de protestas. Añade que suman alrededor de 415 los civiles que han sido “presentados ante tribunales militares”, 245 de los cuales están “privados de libertad”. El uso de tribunales militares fue una disposición del gobierno destinado a restar poder a la fiscal general Luisa Ortega Diaz, una chavista que se ha puesto duramente contra el gobierno de Nicolás Maduro y de su iniciati- va de reformar la Constitución. Debido a esa actitud, el régimen dispuso hace 48 horas restringir el presupuesto de la funcionaria e impedirle la salida del país. Ortega Díaz reaccionó reclamando auxilio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ayer el gobierno volvió a cargar contra la oposición y las protestas incesantes en las principales ciudad es del país acusando a los manifestantes de haber quemado 50 toneladas de alimentos destinados a planes sociales. El cargo es especialmente grave y sensible en un país que sufre un extraordinario desabatecimiento de alimentos, medicinas y artículos de aseo.
Según el gobierno chavista, los alimentos estaban en un centro de acopio de Mercal, la red estatal de establecimientos para la venta de productos básicos a precios subsidiados en sectores populares, en Lechería, en el nororiental estado Anzoátegui. “Queremos rechazar contundentemente todas estas acciones fascistas, terroristas, criminales, contra el pueblo”, declaró a periodistas el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, al denunciar lo ocurrido la noche del jueves. El gobierno chavista suele calificar de derechista a la oposición y definirse como socialista, roles que son fuertemente discutidos dentro de Venezuela y en el exterior.
“Dos o tres personas (...) penetraron a las instalaciones” en medio de disturbios y lanzaron “bombas molotov”, relató el gobernador ultrachavista de Anzoátegui, Nelson Moreno, a una emisora radial estatal.
El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, indicó en Twitter que parte de los alimentos carbonizados serían utilizados en los Comités Locales de Abastecimiento (CLAP), que comercializan en sec- tores populares bolsas y cajas de alimentos subsidiados, y en comedores escolares.
La versión generó en principio dudas en medio de los comentarios escépticos y hasta burlones que despertó una denuncia de Maduro sobre que un policía había robado un helicóptero para bombardear con granadas la sede de la Corte Suprema, un organismo de obediencia vertical al régimen.
Según Torres, el incendio de los alimentos afecta a unas 10.000 familias, pero adelantó que las autoridades toman medidas para reponer los productos dañados. El eje de las protestas es el rechazo a una convención constituyente que se votará el 31 de julio y que durante su gestión de alrededor de dos años, será el organismo más poderoso del país, anulando tanto al Congreso como a la fiscalía rebelde.