Se caería de la ley de corrupción empresaria el artículo “Odebrecht”
Se trata del que habilita la “colaboración eficaz”, que el Gobierno quiere usar para avanzar contra la constructora.
Guido Braslavsky gbraslavasky@clarin.com
La Cámara de Diputados daría media sanción este miércoles a la ley de responsabilidad penal empresaria que empuja el Gobierno. Pero el irónicamente llamado “artículo Odebrecht”, el último del proyecto, que la Casa Rosada incluyó como llave para conseguir información de las coimas que la constructora brasileña pagó a funcionarios kirchneristas, no conseguiría los votos para ser aprobado.
En este proyecto anticorrupción para penalizar a las “personas jurídicas” (empresas, asociaciones), el polémico y ya famoso artículo 37 es el que habilitaría por “acuerdo administrativo” la “colaboración eficaz” de una empresa a cambio, por ejemplo, de la continuidad de sus negocios en el país, y por “hechos anteriores a la sanción de la ley”. Es decir, una retroactividad por vía administrativa, traje “a medida” para obtener la confesión de Odebretch, sostiene la oposición.
El proyecto fue aprobado “en general” en una larga, accidentada y por pasajes escandalosa sesión el miércoles pasado. Cambiemos consiguió los votos del massismo, que no quería quedar expuesto en la negativa a un “proyecto anticorrupción”, junto al kirchnerismo que votó en contra. Pero sin acuerdo sobre el articulado y sobre todo con diferencias inconciliables respecto del 37, tras un grite
río poco elegante para consensuar en pleno recinto el artículo 1, primó el sentido común y se pasó a cuarto intermedio para este miércoles.
Mañana, los diputados buscarán acordar el texto definitivo.
El macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General, le dijo a Clarín que están dispuestos a modificar el artículo 37 estableciendo la obligatoriedad de hacer denuncia penal si en ese acuerdo confidencial la empresa asume la co-
misión de delitos.
Pero hay demasiadas objeciones. Para empezar, que de ese acuerdo se ocupe la Procuración del Tesoro, los abogados del Estado encabezados por Bernardo Saravia Frías, cercano al radical Ernesto Sanz. Un organismo que responde al Gobierno, en definitiva.
La diputada Mónica Litza, del Frente Renovador, cuestionó: “Es sospechoso, ¿qué garantías tenemos cuando sean empresas o nombres relacionados con Macri? ¿No darían a conocer sólo si involucra al kirchnerismo?” Y bajó la persiana tajante: “Para nosotros no pasa el 37”.
El peronista salteño Javier David (bloque Justicialista), cercano al gobernador Juan Urtubey, también sostuvo que es un artículo “oscuro y que aparece descolgado”, que el Gobierno “debe decir para que está. La discusión más grande es que a cambio de información, el Gobierno pueda decir ‘te dejo seguir con las licitaciones’. No puede ser que la ley sirva para exculpar a las empresas”.
Se afirma que ya en la sesión, diputados oficialistas clave para el avance de esta norma, como la radical Gabriela Burgos (presidenta de la comisión de Legislación Penal), y el “lilito” Fernando Sánchez, decían estar “dispuestos a sacrificar” el 37.
“Lo importante es sacar la ley”, dijo resignado a Clarín un macrista que participa de las negociaciones. El Gobierno precisa esta norma que pena el soborno trasnacional, para ingresar a la OCDE.
En el massismo sostienen que la información de a quiénes pagó coimas Odebrecht, se obtendrá igual y que no depende de esta norma. Creen que el Gobierno vio la oportunidad en esta ley de ganarle de mano a la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó, que la obtendrá de colaboración judicial brasileña. Pero que en estos términos tampoco pasaría la votación en el Senado.
La diputada Litza sostuvo que “el proyecto es malo, por eso no pasó”. Cuestionó que “sólo toma cinco delitos de las empresas, relacionados con la administración pública”, mientras que el FR postula penalizar otros también, como daños ambientales.
A las multas previstas, del 0,5% al 20% de las ganancias brutas anuales de la empresa, el FR quiere sumar entre 5 y 10 veces el producido del ilícito, “que el juez pueda elegir la penalidad que sea más alta”.