Estudian elevar hasta un máximo de 10 años de cárcel el enriquecimiento ilícito
“Si ganamos en octubre, muchos van a ir presos”. Ya en campaña, Elisa Carrió lanzó la frase con el kirchnerismo como principal destinatario y que, a la vez, desnuda la debilidad del oficialismo para conseguir mayorías que permitan juzgar con eficacia el desempeño de los jueces en el Consejo de la Magistratura y, más importante, poder avanzar en el Congreso con leyes clave para combatir la co- rrupción.
Aunque sabe que la suerte del proyecto dependerá de lo que suceda en las elecciones de octubre, con la reforma del Código Penal el Gobierno buscará agravar las penas de los delitos contra la administración pública y ampliar el período en el que los funcionarios deban dar explicaciones por enriquecimiento ilícito.
La intención oficial surge de la Comisión de Reforma del Código Penal, creada por Mauricio Macri a principio de este año y que elabora el pro- yecto que el Ejecutivo se propone enviar en marzo al Congreso. En la última reunión, se decidió introducir modificaciones sobre los artículos que integran el Título XI del actual código, en el que están previstos los delitos de corrupción. El Gobierno, a través del director de Política Criminal, Carlos González Guerra, avala todos los cambios.
El cuerpo de juristas, presidido por el juez de Casación Penal Mariano Borinsky, consensuó que en un capítulo que se llamará “Delitos de co- rrupción cometidos por funcionarios públicos y equivalentes” se agruparán los delitos de cohecho, dádivas, tráfico de influencias, soborno trasnacional, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, entre otros. Estos, en su mayoría, contemplarán penas más graves. Así, mientras hoy el máximo es de 6 años, las penas serán de hasta 10 años de prisión. Y también se endurecerá el mínimo a tres años de prisión. Así, se reduciría el margen de que un funcionario que protagonice un caso de corrupción logre evitar la cárcel.
Fuentes de la comisión adelantaron que en análisis está la incorporación de un inciso que imponga, para personas condenadas por delitos de corrupción, un límite en los beneficios al régimen de cumplimiento de la pena, como las salidas transitorias y la libertad condicional.
Asimismo, en el nuevo proyecto se plantea un cambio sustancial para la persecución del delito de enriquecimiento ilícito. Se ampliará el período “relevante” en el que el funcionario público deberá dar explicaciones por el aumento no justificado de su patrimonio. Por ejemplo, en el Código Penal actual no se incluye el período entre la fecha de la elección y la de la asunción en el cargo, algo que la comisión decidió agregar en el nuevo texto. Y hay más: se explicita que los funcionarios deberán dar explicaciones por su patrimonio hasta 6 años después de dejar sus cargos. Esto apunta a terminar con la triangulación de fondos con testaferros.
“La nueva tipificación de los delitos de corrupción va a estar acorde a los intereses vitales de la sociedad y las convenciones internacionales”, destacó a Clarín Borinsky.