Minería sustentable: ¿de qué modo?
Un acuerdo de espaldas a la sociedad Maristella Svampa y Enrique Viale Socióloga Pte. de la Asoc. de Abogados Ambientalistas
Son notorias y muy alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los 90, a expensas de la naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.
Hace tiempo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia a la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue de la actividad.
Así, ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas pri
marias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las escuelas públicas de todo el país.
El Acuerdo desconoce también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la actividad en zonas prohibidas, con supuestos “cuidados ambientales”. Esto constituye una grosera violación de la ley que es clara y contundente al respecto; esto es, no permite bajo ninguna modalidad la explotación minera en glaciares y zona periglaciar.
Además de consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los 90, el acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era capturar algo más de renta, un punto que la CAEM venía cuestionando hace tiempo. El Acuerdo prácticamente aniquila la posibilidad de creación de este tipo de empresas públicas.
Por último, el Acuerdo se arroga el derecho de definir “la participación ciuda-
dana”, ítem que está lejos de ser precisado. No se menciona la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas (una normativa internacional incluida en la Constitución Nacional y en constituciones provinciales), como tampoco aquellos dispositivos constitucionales ligados a la democracia participativa, que exigen numerosas comunidades locales.
Que la realidad es más controversial y compleja que los discursos engañosos del lobby minero lo demuestra el hecho de que, a diferencia del Acuerdo de 1993, firmado por todas las provincias, éste sólo es suscripto por 14, con la ausencia de importantes jurisdicciones como Chubut, La Rioja o San Luis. Recordemos que fue en Esquel (Chubut) donde nació la lucha contra la megaminería en Argentina a principios de siglo XXI, que luego se propagó a otras provincias y en 2012 tuvo en el levantamiento de Famatina (La Rioja) una de sus expresiones más emblemáticas. Graves accidentes como los de la Barrick Gold en la mina Veladero (antes considerada como “el modelo”, impulsado por la provincia de San Juan), pusieron en evidencia el carácter insustentable de este tipo de minería.
Por otro lado, hay que preguntarse qué posición adoptarán Mendoza y Córdoba, dos provincias que cuentan con comunidades académicas concientizadas e importantes movimientos socioambientales, y donde las leyes de prohibición de la megaminería fueron reconfirmadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, después de un largo período de judicialización, promovido por sectores pro-mineros.
En suma, este Acuerdo no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, que tienen la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo.
Un motor del desarrollo y del empleo Marcelo Alvarez Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
La minería ha recorrido un largo camino desde sus comienzos hasta la actualidad y cada dificultad la ha llevado a evolucionar. Alejada de los preconceptos,
hoy es una actividad pujante que se desarrolla en todo el mundo y ha incorporado avances en tecnología, maquinaría y procesos. En nuestro país, emplea profesionales altamente capacitados y cuenta entre sus objetivos la sustentabilidad social y ambiental.
Somos conscientes de que incidentes, como los ocurridos recientemente, generan incertidumbre y llevan a malinterpretar el presente de la actividad. Los mismos también han encendido luces de alarma en la industria y conducido a cambios
concretos. Dichos eventos han demostrado que necesitamos herramientas de control creíbles. En este sentido, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros hemos adherido a un programa internacional denominado “Hacia una Minería Sus
tentable”. Mediante el mismo, las empresas seguirán estándares de calidad. Y permitirá verificar que las compañías extranjeras cumplen en Argentina los mismos estándares que en sus países de origen. La iniciativa, además, impulsa instancias de control ciudadano.
Estos procesos son esenciales para encarar la mejora permanente, fundamental dada la responsabilidad de la minería pa
ra el crecimiento del país. La importancia del sector como pilar productivo quedó demostrada a partir del Acuerdo Federal
Minero, punto de partida para un diálogo maduro e informado. Del mismo, destacamos los puntos relacionados al desarrollo comunitario, en especial la integración con otras actividades productivas. Y aquellos tendientes a mejorar la gestión ambiental. Nuestro deseo, en el marco del AFM, es que así como tenemos que presentar la Declaración de Impacto Ambiental al iniciar un proyecto, también debamos presentar, de manera participativa e inclusiva, un Plan de Desarrollo Integral para las comunidades aledañas. Esto debería ser condición esencial para el inicio de cualquier proyecto.
Y por otra parte, mantenemos ciertas diferencias en cuanto al modelo fiscal, ya que sostenemos la conveniencia de un esquema progresivo con cánones basados en las utilidades de cada proyecto. Esto no significa pagar menos, sino diferente, para que haya más inversión y por ende más desarrollo.
Para que entendamos de qué hablamos cuando nos referimos a la minería, es el cuarto complejo exportador nacional (por detrás de los sectores oleaginosas, automotriz y ce
realero). Y durante 2016 aportó a la Argentina 15.000 millones de dólares a través de tasas e impuestos. Es motor de desarrollo, de empleo y de una amplia cadena de valor. Siete de cada diez pesos generados por la minería quedan en el país en salarios, impuestos y compras a proveedores locales. Estas cifras, que muchos parecieran desconocer, son las que potencian la economía de provincias y municipios.
A pesar de estos datos, hay quienes piensan que la discusión minera no debe centrase en lo económico. Y tienen razón. La tarea más importante es dinamizar el desarrollo, especialmente donde los minerales son el principal recurso y se transforman en sustento para las familias y crecimiento para pueblos y ciudades.
Entonces, ¿por qué subsisten recelos hacia la actividad? Por un lado, por desconocimiento, por sostener una visión que se quedó en el paradigma antiguo de minería. Y por otro, porque la industria falló en dos cuestiones básicas: información y diálogo.
De mis años de experiencia trabajando en procesos de paz de Latinoamérica, especialmente en Colombia, comprendí que las posturas supuestamente irreconciliables suelen ser falsas oposiciones, nacidas de la incomprensión. Necesitamos la mirada crítica de las ONG y el control celoso de los ciudadanos, ya que nos ayudan a ser cada día más responsables. Solo esperamos que se den con espíritu constructivo a favor de la misma sociedad. Nuestro compromiso sigue siendo férreo en dialogar y hacer cada día mejor las cosas. Conociéndonos, se construirá confianza entre Estado, empresas y comunidades. La inclusión
posibilitará que las comunidades puedan, por ejemplo, opinar sobre el destino que se da a los recursos provenientes de la minería. En pos del desarrollo, se deben tender puentes de diálogo, respeto y humildad. Ese es el significado real de minería sustentable, responsable y transparente.