Hotesur, la firma de Cristina, tendrá “fiscalización permanente” de la IGJ
Días después de la intervención judicial ordenada por Ercolini, el organismo también ajustó sus controles.
La empresa hotelera de Cristina Kirchner, suma dificultades. Investigada por lavado de dinero y con una intervención con veedores informantes que decidió el juez Julián Ercolini, la Inspección General de Justicia (IGJ) sometió a fiscalización permanente del Estado a la firma dueña del hotel Alto Calafate, para cumplir con la medida judicial que incluye una
prohibición para que haya modificaciones en la composición accionaria y también para la distribución de dividendos. Además, le dieron diez días para que presente la documentación contable adeudada.
Sin que la familia Kirchner haya perdido aún el poder de administración de la empresa, Hotesur estará doblemente controlada. Desde hace una semana, por orden de Ercolini, no puede tomar ninguna decisión ni hacer ningún movimiento en los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea sin contar con un dictamen del equipo de especialistas de la AFIP nombrados como veedores informantes por el juez en el marco de la causa Hotesur SA.
Esta decisión se tomó para “impedir que se vea alterado el estado de los bienes y de asegurar la eficacia de una sentencia que pueda reconocer un derecho contra esa sociedad” y se busca una “adecuada fiscalización de la actividad de las firmas” y una “correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes”.
Junto con la decisión de ordenar esa veeduría, el juez también pidió que la IGJ corrobore que no se realicen modificaciones en la composición accionaria de la empresa, y que se cumpla con la prohibición para la distribución de dividendos entre los socios. Por el tipo de sociedad que es Hotesur, la Inspección de Justicia no podía dar cuenta de dicha información.
Ante esta situación y detectando que no se contaba con información actualizada sobre las actuaciones de la firma dueña del Alto Calafate, la
IGJ consideró que se debía “recabar mayores datos al fin de verificar” el pedido de la Justicia “y un adecuado funcionamiento de la sociedad”.
Por ello, esta semana se firmó la resolución 1160, para someter a la firma a “fiscalización estatal permanente”, de lo que se notificó a la empresa el jueves por la tarde. Además, Hotesur mantiene otras irregularidades administrativas. Adeuda el balance 2016 y el pago de
unas tasas anuales, por ello junto con el envío de una inspección se realizó la correspondiente intimación para que la firma -en un plazo máximo de diez días- regularice la presentación de la documentación contable correspondiente al último ejercicio económico.
La Inspección de Justicia también indicó que el último directorio que informó la firma de los Kirchner “ya debería haberse actualizado”, y que cuenta “con los plazos vencidos”, indicaron fuentes oficiales a Clarín. No es todo: la empresa cuenta con varias observaciones en su expediente societario. Por ejemplo, hay DNI de directores que no coinciden con los volcados en el acta de asamblea. También se consignaron diferencias en la cantidad de acciones depositadas con el total expresado en el registro de asistencia.
En la inspección se observó además que no se depositaron, tal como indica la ley, las acciones Clase B cuyo director titular es el ex gobernador Carlos Sancho y como suplente, Florencia Kirchner. La hija de la ex Presidenta tiene embargados por la causa Hotesur más de 5 millones de dólares, gran parte de ellos hallados hace un año en cajas de seguridad del banco Galicia.
La intervención judicial alcanza también a otros hoteles de la ex Presidenta: Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. A su vez, se nombraron veedores en Valle Mitre SRL -propiedad de Lázaro Báez- la firma con la que se gerenciaron los tres hoteles hasta julio de 2013. Desde entonces, la administración quedó en manos de Idea SA de Osvaldo Sanfelice, también intervenida.