La Salada y nosotros
Historiador y antropólogo. Miembro del Club Político Argentino
La litó detenciónel “descubrimiento”de Jorge Castillode los habi-aspectos más oscuros de La Salada, ocultos bajo un manto de sospechas y sobreentendidos. Tal hallazgo, sin embargo, apela menos al fenómeno bajo análisis que a la sociedad argentina en su conjunto. El complejo ya lleva por lo menos quince años de radicación; y desde los 2000, cuando se cambió el paradigma de la política económica, alcanzó su primavera.
No son nuevos estos “descubrimientos repentinos” en la Argentina contemporánea: luego de la Guerra de las Malvinas, la sociedad recién advirtió no solo la impericia de los jefes militares en su propio campo de acción sino que durante los primeros años de la Dictadura se había sustanciado una matanza.
Como es de rigor, tal asesinato fue luego sobreestimado en relación proporcional a cómo había sido negado hasta entonces: fue un “genocidio”. Probablemente, otro hubiera sido el cantar de haber arrojado el régimen saldos económicos menos catastróficos y de haber resultado victorioso en la conflagración con Gran Bretaña. Nadie hizo su mea culpa de la catástrofe
colectiva. Del “algo habrán hecho” se transitó a la eliminación de “jóvenes idealistas”; flor y nata de la clase dirigente capciosamente sacrificada por los nuevos “enemigos del pueblo”. Pero en 1976 estos se erigieron en los “salvadores de la patria” de turno a solo seis meses de la convocatoria electoral y con la aquiescencia de una porción no menor de la sociedad.
Algo similar ocurrió con la corrupción de los 90. Durante esa década, la Argentina experimento una lluvia de capitales impulsada por las políticas luego denominadas “neoliberales” a raíz de la privatización del elefantiásico e ineficiente aparato de servicios públicos. El país creció y se modernizó, pero a costa de una corrupción que no tenía precedentes y de la prosecución de una reestructuración económica que arrojaba a millones de ciudadanos a la banquina social. “Roban pero hacen” había sido la consigna de la época antes del hundimiento de un programa que desde 1997 ya lucia desconectado de las realidades productivas. Luego se habló del “saqueo” y de la “nueva década infame”; consignas curiosamente vociferadas por muchos de sus más enardecidos defensores. Durante los 2000, y hasta mediados de los años siguientes, el apogeo kirchnerista coincidió con la prima
vera de La Salada. De ahí, los inevitables paralelismos entre el fenómeno y el régimen que primero lo toleró y luego lo prohijó. Las consignas, en esta última oportunidad, fueron el “crecimiento” y el “consumo” a cualquier precio; sin ponderar su racionalidad económica de largo plazo y sus indelebles implicaciones culturales.
En pos de los elevados objetivos del “proyecto nacional” eran posibles nuevas excepciones a la ley que, al cabo, devinieron en una nueva capa de franquiciados dedicados a incumplirla sistemáticamente. Resulta hasta caricaturesco en estos días escuchar a una alta autoridad judicial indicar que “la política nada tuvo que ver” con la expansión del complejo.
Sin embargo, no fue solo la política la que se benefició de éste merced a la succión de una masa de recursos in- conmensurables para el financiamiento de sus cajas negras y la garantía de los votos seguros de los miles que obtenían ahí una fuente de supervivencia.
Todos sabíamos que La Salada era la capital no solo nacional de una producción informal y frecuentemente falsificada denunciada desde la Unión Europea hasta la CAME, pa- sando por distintos periodistas e investigadores. No importaba: daba trabajo y productos baratos pese a sustentarse en una violación sistemática de las leyes laborales e impositivas, en la trata y la explotación esclavista de miles de menores bolivianos y peruanos. Y de asociarse, a su vez, con otro de los temas que curiosamente quedó eclipsado por el escándalo de la detención de Castillo: la producción y comercialización de drogas que envenenan a adolescentes de todos los estratos sociales. La Salada, en ese sentido, expresa concentradamente aquella consigna de Carlos Nino hacia los 80: un país al margen de la ley pletórico de lo que Guillermo O’Donnell, a su vez, denomino “zonas marrones”. No precisamente un “Estado fallido” sino otro mafioso y enervado por la corrupción.
La Salada, por último, también expresa uno de los pliegues de este ciclo democrático largo inaugurado en 1983: la resignación colectiva -e interesada por parte de algunos sectores dirigentes, públicos y privados- a convivir con la marginalidad de millones de compatriotas; la verdadera brecha que debería ya invitarnos a reactualizar un concepto de “derechos humanos” entre cínico y anacrónico. El episodio de la detención de su cara política más visible y carismática, sin embargo, no debe suscitar la tentación de nuestras clásicas “soluciones radicales”. Del complejo viven, por trabajo o consumo, esos mismos ciudadanos excluidos distribuidos en toda la geografía nacional. Urge, entonces, replantearlo menos como “anomalía a erradicar” que como “problema a resolver” mediante su debida regularización; una tarea de largo aliento que requiere inteligencia, sensibilidad y de una política dispuesta a avanzar de veras en la reconstrucción del orden público como garantía del estado de derecho.