El ecosistema digital precisa nuevas reglas globales
Firmado poco después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo que daría lugar a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) res
pondió al doble imperativo de combatir el proteccionismo económico y fomentar la liberalización de los intercambios comer
ciales. Una similar acción por parte de la comunidad internacional es hoy otra vez necesaria, en este caso para hacer frente a los desafíos de la economía digital. Si en el siglo XX la globalización tuvo en la circulación de mercancías y de capitales sus caras más visibles, el pilar central de esta nueva etapa digital es el procesamiento masivo, permanente e instantáneo de datos. Dicha transición cambió la naturaleza del comercio internacional. De hecho, en la era digital la innovación se impone de forma mucho más rápida. Como señalaba un informe de la consultora McKinsey, la radio necesitó de 38 años para conquistar 50 millones de oyentes, mientras que la red social Facebook llegó a mil millones de usuarios tras sólo 12 años de actividad. Asimismo, Internet democratizó el acceso a la economía global. En el siglo pasado, los intercambios intercontinentales funcionaban prácticamente como un club exclusivo de multinacionales con enorme capacidad de inversión.
Ahora, por el contrario, miles de pequeñas empresas exportan fácilmente sus productos a través del comercio electrónico. Trasladar recursos dejó de ser una condición sine qua non para vender al exterior.
En efecto, la interconectividad proporcionada por las plataformas digitales incrementó la eficiencia de la economía mundial. Cortó costos, simplificó procesos, facilitó la comunicación dentro y entre las organizaciones, y -quizás lo más importante- convocó a millones de empresas para la competencia internacional. No obstante el innegable progreso que ofrece a la sociedad, el desarrollo digital suscita desafíos extremamente complejos a nivel de la regulación multilateral.
La impresión 3D, por ejemplo, tecnología hoy ampliamente utilizada en la industria del automóvil, ha revolucionado el ciclo de vida del producto. Sin embargo, su uso indebido representa una seria amenaza a la propiedad intelectual.
De las prótesis médicas al armamento militar, son muchos los beneficios generados por la robótica. Pero, por otro lado, la eventual aplicación desordenada de la inteligencia artificial al mercado de trabajo podría traducirse en profundos desequilibrios sociales. De igual forma, Internet ha inaugurado un marco resplandeciente en la evolución de la Humanidad. No se puede todavía ignorar que la utilización delictiva de algunas de sus herramientas constituye una peligrosa violación del derecho a la intimidad e incluso un riesgo para la seguridad colectiva.
En este contexto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar. Nunca para restringir la libertad tecnológica, embargar el genio humano o incentivar el proteccionismo. Sí para definir directrices multilaterales orientadas al cumplimiento de dos objetivos: garantizar el pleno aprovechamiento de la globalización digital y asegurar la protección de los consumidores, empresas y de los propios Estados. Sin embargo, conviven en la actualidad diferentes posturas con relación a ese reto. Por un lado, tenemos un conjunto de naciones donde la intrusión estatal es total, en particular a través de la censura a Internet. En el extremo opuesto encontramos fuerzas contrarias a cualquier intervención gubernamental en la esfera digital. Además, también existen países disponibles para empezar a debatir la celebración de un convenio global.
Por más adverso que sea el ambiente internacional es imperativo dar un primer paso. Avancemos, con la certeza histórica de saber que quien más se resiste a la globalización digital será, al final de cuentas, quien más se va a perjudicar.