Sacudida fuerte a la parsimonia judicial
Cuando el Gobierno perdió el impulso inicial la Justicia bajó dos cambios y empezó a marchar a ritmo lento.
Dentro de 48 horas, en Washington, cuatro jueces y dos fiscales argentinos tendrán acceso a la información reunida por la Justicia de los Estados Unidos sobre los sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht. Conocerán las cifras desembolsadas durante los gobiernos kirchneristas, que según fuentes directas fueron más que los 35 millones de dólares mencionados originalmente. Sabrán qué intermediarios hicieron los pagos y qué funcionarios los cobraron.
Los datos son resultado del acuerdo que Odebrecht hizo con la Fiscalía General de los EE.UU..Y serán dados a jueces y fiscales argentinos bajo el estricto compromiso de mante
nerlos en secreto y sólo utilizarlos para avanzar en las causas que tienen abiertas acá.
La Justicia norteamericana aportará datos para causas en trámite, en una extensión de la letra dura del convenio bilateral de información judicial firmado en 1992, que no lo contempla de manera expresa. La negociación para lograrlo fue llevada adelante por el ministro de Justicia, Germán Garavano, en un viaje semanas atrás a Washington. Allí se reunió con el fiscal general y jefe del Departamento de Justicia, Jeff Sessions, y con el agregado jurídico del FBI en la Argentina, Paul Bingham, entre otros funcionarios.
Como parte de ese acuerdo, que expresa la decisión de los dos gobiernos de avanzar en el esclarecimiento y sanción de esos fabulosos sobornos transnacionales, Garavano consiguió que la Oficina Anticorrupción participe junto a los jueces y fiscales de esa reunión de Washington. Allí estará Ignacio Irigaray, segundo de Laura Alonso y director de Investigaciones de la OA. El Gobierno buscó así tener información de primera mano y ponerse a cubierto de la manipulación política y mediática de los datos a recibir. La cuestión es que no termine siendo el Gobierno quien se vea tentado a ejecutar tal manipulación.
La presencia de Irigaray y la supuesta convivencia improcedente de dos poderes, la Justicia y el Gobierno, fue la válvula que usaron los jueces y fiscales para dejar trascender su
malestar por el viaje. Hubo cierta resistencia sorda, debida ya al poderoso lobby de Odebrecht en los tribunales, o a la cercanía de varios de los viajeros con el sistema de protección de Cristina Kirchner. El viaje judicial a Washington es, en sí mismo, una mala noticia para la ex presidenta y en especial para Julio De Vido, crecientemente acorralado por su papel central en el sistema de corrupción kirchnerista.
Los jueces que viajan son Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos. Con ellos irán el fiscal federal Franco Picardi y el fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez. Estos dos últimos son subordinados políti
cos, no sólo funcionales, de la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Los jueces Rafecas y Casanello han sido señalados por su favori
tismo hacia Cristina Kirchner en causas como la denuncia del fiscal Nisman por el caso AMIA y la llamada ruta del dinero K.
El presidente Mauricio Macri ha reclamado toda la celeridad posible para develar los secretos de la corrupción de Odebrecht. Preten- de que sus funcionarios actúen de manera diametralmente opuesta a Gils Carbó, quien teniendo recursos a mano para acceder a esa información prefirió no utilizarlos. Quizás Macri haga esto en la seguridad de que nadie
de su gobierno ni de su familia –puntualmente su primo Angelo Calcaterra, que acaba de vender la constructora IECSA- figurarán en esos papeles secretos. Pero eso también es algo que está por verse.
En este contexto, el viaje de jueces y fiscales a Estados Unidos, facilitado –si no forzadopor las gestiones de Garavano, son un capítulo visible del zamarreo que el Gobierno parece decidido a dar sobre la parsimonia judicial.
La llegada de Macri a la Presidencia precedió a varios meses de mucho jaleo en los expedientes de corrupción. Después, cuando el nuevo gobierno perdió el impulso inicial enredado en cuestiones económicas y sociales que no pudo o no supo resolver, salvo excepciones la Justicia bajó dos cambios y comenzó a marchar a ritmo lento. Quizás esperan ver cómo se acomodan finalmente las cargas políticas y qué poder conservará Macri después de las elecciones de este año.
En el último tiempo se produjo un llamativo agrupamiento de la Justicia federal. La mayoría de los magistrados de ese fuero estratégico integró la flamante Asociación de Jueces Federales, que conduce políticamente Ariel Lijo y cuenta con inspiración directa del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. La AJUFE, que puede verse como una respuesta corporativa a la presión política y social sobre la Justicia, se presentó en sociedad postulando una lucha más eficaz contra la corrupción.
Por su lado, los fiscales que no obedecen órdenes políticas de Gils Carbó siguieron empujando las causas. Ya fuera por conveniencia política de circunstancia o por convicción profunda, el hecho es que hubo una reactiva
ción de expedientes que estaban algo dormidos. Son buenas noticias para el Gobierno en el año electoral.
A la vez, sin demasiado aspaviento, la Casa Rosada dio en los últimos tiempos algunos pasos hacia la depuración judicial prometida
en la campaña electoral de hace dos años. Con todo, sigue siendo esta una tarea notablemente atrasada.
El punto de mira está puesto en el Consejo de la Magistratura. El martes pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó que un consejero ultra K, el senador Ruperto Godoy, no puede integrar ese cuerpo porque no es abogado como ordena la ley. Si el fallo queda firme, porque los camaristas rechazan la segura apelación para ir a la Corte, Godoy deberá dejar su puesto.
Mientras se procede a su reemplazo, decisión que corresponde al bloque peronista del Senado que comanda Miguel Pichetto, en la Magistratura quedarían 12 miembros. Eso baja a ocho votos el número necesario para te
ner dos tercios, en lugar de los nueve que hacen falta hoy, con 13 miembros. El oficialismo fracasó más de una vez en el intento de llegar a esos dos tercios, necesarios por ejemplo para suspender y enjuiciar al camarista federal Eduardo Freiler. Sin Godoy, podría hacerlo. Así, el cambio en la Magistratura tendría un
doble efecto. El senador Godoy culmina su mandato en diciembre, pero el Gobierno quiere apurar todo lo posible su remoción. La elección es en octubre.
Freiler, que no resiste una investigación somera sobre su situación patrimonial, sigue todavía en el cargo. Podría decirse que la defensa cerrada que le proporciona el kirchnerismo en la Magistratura es el premio por haber rechazado dos veces abrir la denuncia de Nisman contra Cristina por el pacto con Irán. Pero al parecer Freiler debería dar nuevas prue-
bas de amor para que esa protección se mantenga vigorosa.
Fuentes judiciales de Comodoro Py aseguran que el camarista estaría muy activo tratando de convencer a su compañero de sala Jorge Ballestero para quitarle al juez Claudio Bonadio la causa Los Sauces. Allí, Cristina y sus hijos Máximo y Florencia están procesados por asociación ilícita, como jefes de una banda de lavado de dinero. Al parecer, la preocupación urgente de los Kirchner sería levantar el embargo que Bonadio dictó sobre
todos sus bienes registrados. Hoy Cristina y su familia sólo pueden disponer legalmente de la pensión de ella como ex presidenta y del sueldo de Máximo como diputado.
El Gobierno confía también en que las causas judiciales que involucran a Gils Carbó avancen para facilitar su desplazamiento a través del Congreso. El periodista Ricardo Roa informó en Clarín, días atrás, que el juez Julián Ercolini pronto podría citarla a indagatoria y quizás procesarla por la corrupción en la
compra de edificios para el organismo que dirige. Y hay otra causa que la comprometería, en la que está denunciada por proteger a Lá
zaro Báez. Esta investigación ya derivó en el procesamiento de un subordinado suyo, el fiscal Carlos Gonella, y en el desplazamiento de la causa de otro, Juan Pedro Zoni.
Pero nada igualaría, en términos de impacto público, el eventual comienzo del juicio
oral por el escándalo Ciccone, donde el principal acusado es el ex vicepresidente Amado Boudou. En estos días hubo novedades. El hábil abogado Maximiliano Rusconi renunció a la defensa del empresario Nicolás Ciccone. El fiscal general Marcelo Colombo pidió más tiempo para presentar testigos y pruebas. El Tribunal Oral le dio diez días, pero a la vez decidió suspender las dos semanas de feria ju
dicial que empiezan el lunes 17, para acelerar los tiempos.
Si se dan los plazos con los que sueña el Gobierno, quizás en setiembre Boudou deba sentarse en el banquillo para responder ante la Justicia por su maniobra más bochornosa.
Sería un mes antes de las elecciones. Que parezca un accidente.