IVA y Ganancias, en la mira de Dujovne
Caso cerrado hasta nuevo aviso: la reforma impositiva aguardará al año próximo y su formato dependerá bastante de cómo el macrismo, sus eventuales aliados y Cristina Kirchner emerjan de las elecciones. Aunque el paréntesis se veía venir, el ministro Nicolás Dujovne ya empezó a bajar indicios de sus planes entre miembros de la Comisión Bicameral que discutirá los cambios.
Uno de ellos aparece en una sugestiva planilla donde se contrastan las alícuotas y la recaudación del IVA en la Argentina y en Nueva Zelanda. Sobre el primer caso, sendas barras señalan tasa del 21% e ingresos equivalentes al 7,2% del PBI; en el segundo, marcan 15% y 9,8% respectivamente.
¿Y por qué Dujovne sale con este cruce de datos? La respuesta más obvia diría que una tasa elevada como la nuestra -entre las más altas del mundo- no asegura recursos elevados o, puesto en el ejemplo de Nueva Zelanda, que con otra bastante menor es posible obtener un volumen de recursos bastante mayor.
Por las dudas, mejor sería no anticiparse a deducir de ahí que la reforma va derecho a una rebaja de la alícuota del 21%. Ese no es el sentido final de la planilla, sino mostrar que si la magnitud de los ingresos no se corresponde con la magnitud del impuesto es porque en el medio anida una evasión considerable. Y la hay: según estudios de la AFIP, oscila entre el 20 y el 25%.
Dicho esto, lo que sigue dentro de la hoja de ruta de Dujovne consiste en ir clausurando los agujeros a través de los cuales se elude el pago del impuesto. “Piensa en una generalización del IVA todo lo extensa como le sea posible”, afirma un legislador de la oposición que conoce planes del ministro y de funcionarios muy cercanos al ministro.
En realidad, más que pensar ellos ya están metiéndose en la maraña de tratamientos es
peciales que durante años fue acumulándose al interior de cada impuesto. Allí conviven exenciones y tasas diferenciales o reducidas para un amplio y diverso menú de bienes y servicios, junto a regímenes de promoción regional y sectorial que llevan incorporados beneficios similares.
Son los llamados “gastos tributarios” en la jerga de los especialistas o, sin vueltas, las
pérdidas de ingresos fiscales que ocasiona semejante andamiaje. Bajo ese rótulo figuran en cuadros que acompañan a los presupuestos nacionales.
Para empezar, el IVA. El sistema abarca capítulos tan variados como que van desde las obras sociales, las asociaciones deportivas, los servicios educativos (colegios subvencionados), el transporte de pasajeros y las prepagas, hasta carne vacuna, harinas, pan, granos, frutas, hortalizas y legumbres.
Y si al paquete se le agregan los costos originados por los regímenes de promoción, sólo allí salta una pérdida de ingresos que el Presupuesto de este año calcula en nada menos que $ 135.000 millones. Equivale al 1,4% de todo el PBI o a más de dos veces la recaudación del IVA en junio.
Una ristra de exenciones parecida existe con el pago de las Ganancias. Esta vez, tocan las rentas financieras derivadas de la colocación de títulos públicos y obligaciones nego- ciables ofrecidas por empresas privadas, más los depósitos de personas físicas en los bancos. También quedan afuera operaciones realizadas por asociaciones civiles, mutuales y cooperativas y aquellas, bien conocidas, que alcanzan a los poderes judiciales de la Nación y de las provincias.
Basta repetir el procedimiento de incorporar al combo los regímenes promocionales, para advertir que la pérdida de ingresos en Ganancias ascendería este año a $ 84.748 millones. Supera en un 37% a la recaudación que el impuesto le dejó a la AFIP en junio.
Si cabe, y cabe mucho en este panorama, un dato adicional: la evasión en Ganancias ronda el 50%, lo cual implica que la mitad del universo de contribuyentes logra gambetear los controles del organismo recaudador.
Hay más de lo mismo en los impuestos internos, como la excepción para bebidas no alcohólicas, con y sin jugos de frutas. Y dentro del impuesto a los combustibles, las alícuotas diferenciales para naftas, gasoil y GNC.
La suma de tratamientos fiscales especiales calculada en el Presupuesto de este año arroja impresionantes $ 314.932 millones. O unos
18.500 millones de dólares o poco más del 12% de la recaudación de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social prevista también para este año.
Otra medida de los recursos en juego dice que representan alrededor del 3,23% del PBI. Y que igualan al déficit fiscal, achicado, que el Gobierno se ha propuesto alcanzar en 2018.
Está claro que se trata de evaluaciones teóricas, por sobradas razones impracticables de un día para el otro. Pero los números son finalmente esos.
Y para el caso sirven un par de aclaraciones hechas por los propios técnicos de Hacienda. Una es que los gastos tributarios son “valores
mínimos”, cosa semejante a afirmar que en realidad pueden ser mayores. La otra, que son
“pérdidas definitivas de recaudación” así como fueron las pasadas y serán las que haya en próximos ejercicios.
Vale decir, también, que alrededor de las exenciones y las alícuotas preferenciales suena una polémica en la que se mezclan políticas justificadas en motivos económicos y sociales con otras bastante vidriosas.
“Aquí abunda discrecionalidad, corrupción, evasión y dudas sobre los réditos que al final todo esto puede traer en términos de equidad”, afirman unos cuantos especialistas.
Faltaría añadir contrapartidas políticas, o no sólo políticas, a legisladores de los más diversos colores políticos, que a menudo han logrado colar beneficios y beneficiarios tam-
bién de los más diversos colores.
En plan de analista, el actual viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, ha escrito que este sistema dista mucho de ser un sistema
transparente y neutral. Ha escrito, encima, que las exenciones y las tasas preferenciales constituyen “una forma ineficiente de reducir la carga fiscal, porque generan un importante gasto tributario y dificultan la administración del impuesto”. Dicho de otra manera, dificultan el control sobre los pagos.
El eje, según Galiani, debiera pasar por crear una estructura impositiva que además de neutral sea “simple y estable”.
Obviamente, el viceministro habla de otro país, no de la Argentina. O habla, si se prefiere, del enorme esfuerzo y de la cantidad de obstáculos que implicará dejar en pie aquellos beneficios que garantizan efectos rigurosamente necesarios.
Advierten algunos especialistas: “En cualquier debate brotarán reclamos a favor de las economías regionales y del trabajo en las economías regionales. A favor del desarrollo de sectores con buen potencial para crecer y competir y de otros que precisan ser auxiliados. Y sean justos o no tan justos, siempre habrá legisladores dispuestos a dar batalla”.
Visto el cuadro completo, luce cuanto menos necesario poner orden en un sistema desparejo, donde no queda suficientemente claro por qué entran unos bienes y servicios y otros no o ciertas regiones y sectores y otros no.
Será tarea del tándem Dujovne-Galiani desmalezar el terreno y del macrismo, reunir apoyos en el Congreso.
Lo cierto es que por donde se la mira aquí la presión impositiva se reparte de un modo muy desigual. Y si la cuestión es aquella que cae sobre el consumo, la suma de IVA más Ingresos Brutos provinciales canta que en el mundo ninguna iguala a la de la Argentina. Según estudios de reconocidos tributaristas, ni siquiera la de los países desarrollados. Esto habla del estado en que está el Estado.