Una causa manipulada, con pruebas “inventadas” para condenarlo
Desde un principio el proceso contra Leopoldo López estuvo teñido de graves irregularidades, e inclusive de manipulación de pruebas por parte de los organismos intervinientes. Esto fue confirmó por el ex fiscal del Ministerio Público venezolano Franklin Nieve, en una entrevista con la cadena CNN realizada hace dos años, cuando huyó de Caracas por temor a represalias.
“El 100% de las pruebas se inventaron”, denunció en ese mo- mento el ex funcionarios, y admitió que “por miedo” no había confesado antes las violaciones contra los derechos fundamentales de López. “Maduro es el que gira todas las instrucciones para poner presa a cualquier persona”, reveló Nieves. Y remató: “Leopoldo López es inocente”.
En otro tramo de esa entrevista, el ex fiscal refugiado en Estados Unidos sostuvo que “la fiscal general de la República tiene conocimiento de todo lo que ocurría en el caso de Leopoldo López. Se le informaba diariamente”. “Diosdado Cabello (número dos del régimen venezolano) hizo el acta po- licial de aprehensión”, apuntó.
La fiscal de la que hablaba Nieves es Luisa Ortega Díaz, quien en los últimos tres meses se convirtió en una fuerte crítica de Maduro y de su régimen. No sólo se opuso a la convocatoria a la Asamblea Constituyente convocada por el mandatario, sino que además hizo duras declaraciones contra la línea de gobierno.
López fue arrestado en 2014. El había sido uno de los dirigentes opositores que convocó a la manifestación del 12 de febrero de ese año en Caracas, que ese día terminó con un saldo de tres muertos y decenas de he- ridos. Por esos hechos se dictó una orden de captura contra él, bajo la acusación de instigar a la violencia.
El 18 de febrero el dirigente de Voluntad Popular se entregó a la policía y fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, acusado de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Tras ser juzgado por estos delitos, el 10 de septiembre de 2015 fue condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel.
Su defensa y la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a la oposición venezolana, pidieron la anulación de dicha condena, después de que Nieves reconociera el uso de pruebas falsas por presiones del gobierno. Sin embargo, en agosto de 2016 la Corte de Apelaciones ratificó la sentencia y tras un recurso de casación, el 16 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la condena.