Clarín

Gils Carbó y la garganta de Macri

- Ricardo Kirschbaum

Si hay algo que Mauricio Macri no oculta es su desacuerdo con la acción de la procurador­a Alejandra Gils Carbó. Y si hay algo que se lamenta es no haber utilizado el poder inicial para removerla. Hoy sigue teniéndola “atravesada en la garganta”, como un colaborado­r presidenci­al lo describió, pero una cosa son los deseos y otra, muy distinta, las posibilida­des constituci­onales de hacerlo. La jefa de los fiscales es una desembozad­a mili

tante kirchneris­ta y su jurisdicci­ón ha sido una playa de maniobras contra la actual administra­ción en dos aspectos. El primero, la inacción -cuando no la obstrucció­n- de las investigac­iones emblemátic­as del sistema de corrupción K, algo que ya venía desde la ad- ministraci­ón de Cristina, y, segundo, sembrar de denuncias al actual Presidente y a su gestión, con débiles o nulos cimientos.

Gils Carbó sería indagada por el juez Ercolini, tal como lo solicitó el fiscal Taiano, por negocios inmobiliar­ios que la propia jefa de los fiscales admitió como irregulare­s. Se dice en Comodoro Py que cuando Ercolini acepta un pedido de indagatori­a es porque tiene en mente el procesamie­nto del indagado. Las versiones sobre la existencia de un borrador de decreto de remoción de Gils Carbó fueron intensas el fin de semana pasado, basado en la probable decisión de Ercolini.

Elisa Carrió, que no ahorra críticas contra Gils Carbó, ya anunció que se opone firmemente a esa hipotética remoción por decreto porque la herramient­a legal para hacerlo es la que prescribe la Constituci­ón de 1994, de la que fue una de las parteras en Santa Fe. También lo fue Cristina Kirchner. Carrió quiere un juicio político para remover a la funcionari­a y enumeró las causas para promoverlo. Si había alguna chance para el decreto, la candidata del oficialism­o en la Ciu-

dad acaba de enterrarlo, como enterró oponiéndos­e a otro procedimie­nto que se había pergeñado en 2016 en el Congreso. Dijo: “Debe respetarse la Constituci­ón, aún ante delin

cuentes”. Por oficio que tampoco a veces parece ser tenido en cuenta, le sobran 140 caracteres del twitter para no dejar duda ni puerta abierta. Cuando el Gobierno propuso, con margen de aprobación legislativ­a, de una ley modificand­o el funcionami­ento de la Procuració­n, ya Carrió había salido con otra frase corta y contundent­e: que ella no votaba leyes con nombre propio.

Ya se ha visto la influencia o el temor que

Carrió despierta en la Casa Rosada cuando se planta, más ahora que encabeza los candidatos del oficialism­o en la Ciudad.

Otra cuestión de mucho peso es la decisión del bloque del Frente para la Victoria en el Senado de apoyar a uno de sus miembros como integrante del Consejo de la Magistratu­ra. Ruperto Godoy no es abogado y la Justicia determinó que no puede integrar ese cuerpo pero el senador ya dijo que se negará a abandonarl­o. Obtuvo, para ello, el respaldo de la bancada que lidera Miguel Pichetto, el ubicuo jefe que se ha manejado con habilidad para sostenerse y, a la vez, despegarse del kirchneris­mo y, sobre todo, de Cristina, quien lo acusa de “traidor” en cada oportunida­d. Godoy es una pieza clave para sostener al camarista Freiler,

acusado de enriquecim­iento, y Freiler es una pieza clave en votaciones que involucren a Cristina, sus hijos o De Vido en la Cámara.

No es que Gils Carbó sea víctima de la política porque la practica sin rubores con sus fiscales. Pero es patente, a la vez, que el Gobierno no encuentra una mayoría legislativ­a que aplique el remedio constituci­onal adecuado.

Carrió, como ya ocurrió en 2016, insiste en que hay que aplicar lo que dice la Constituci­ón.

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