Del decreto al juicio político, crece el debate dentro del oficialismo
El ministro de Justicia descartó una orden de Macri, luego de que Carrió saliera a rechazar esa hipótesis.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, descartó de manera categórica que el Gobierno vaya a apelar a la vía
de un decreto para echar del cargo a la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó, y volvió a reclamarle que de “un paso al costado” para asumir su defensa en la causa por la compra irregular de un edificio, en la cual el fiscal Eduardo Taiano le pidió ayer la declaración indagatoria.
Garavano pareció haber zanjado así el debate que hubo en el oficialismo respecto del camino para apartar a Gils Carbó. El diputado macrista Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y miembro del Consejo de la Magistratura, había dicho más temprano que el Gobierno no descartaba “para nada” la destitución por decreto.
La propia procuradora ya había denunciado en una entrevista con El
Cronista un “armado de los medios” para forzarla a renunciar y presiones públicas, afirmó que “nunca he cedido a las presiones ni voy a renunciar” y anticipó que podría recurrir a “acciones judiciales” porque no puede “acatar un acto de invalidez que expondría a los fiscales a que fueran destituídos por decreto”.
Si bien admitió la posición de Tonelli, Garavano sostuvo que había una “estrategia de la procuradora para distraer la atención” y que en lugar de “es-
pecular” con el decreto del Gobierno “tiene que brindar explicaciones ante la Justicia”.
“Sí, lo descarto”, respondió tajante el ministro a la prensa sobre la posibilidad de un decreto, acerca del que hubo muchas versiones en los últimos días. Garavano hizo declaraciones en el Senado, adonde concurrió para exponer sobre el proyecto de responsabilidad penal empresaria que tiene media sanción en Diputados y otros temas de su cartera (ver página ...).
El diputado Tonelli sostuvo desde que empezó el gobierno de Macri que la vía era el decreto. Pero siempre admitió las grandes diferencias en el oficialismo. “Tenemos algunos partidarios de la vía del juicio político; otros de la modificación de la ley (del Ministerio Público Fiscal), y tenemos otros partidarios de mandarle bombones”, ironizó en abril en una entrevista con
La Voz. Tonelli siempre sostuvo que
la remoción mediante juicio político es “claramente inconstitucional”.
Pero Elisa Carrió, que el año pasado volteó con su negativa un trabajoso acuerdo de Cambiemos con el massismo y otros sectores de la oposición, para modificar la ley del MPF y limitar a Gils Carbó, volvió a ser una aliada impensada de la procuradora. Ayer hizo valer su enorme poder de veto y salió al cruce de la idea del decreto: “Debe respetarse la Constitución, aun ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nomina
ción”, sostuvo. Luego completó: “O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución”.
En esta misma línea, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, sostuvo no saber nada de un decreto y afirmó que la destitución “debe hacerse por la vía institucional de juicio político”.
En el Congreso, por pedido de Cambiemos la comisión bicameral de seguimiento y control del MPF, que preside la massista Graciela Camaño, hizo tres audiencias para recabar testimonios de fiscales y actores de la Justicia, que fueron muy críticos de la actuación de la procuradora, a la que se atribuyen serias irregularidades. Está pendiente la comparecencia de la propia Gils Carbó. Pero al oficialismo no le dan los números por ahora para avanzar con el juicio político.