Primeros efectos de la estrategia de victimización de Gils Carbó
Quiere que la comparen con la fiscal general de Venezuela que es perseguida por el chavismo.
La estrategia de victimización de la procuradora general de la Nación y fundadora de la agrupación K “Justicia Legítima” Alejandra Gils Carbó seguirá pasado mañana cuando se reúna en Buenos Aires la asociación que congrega a los procuradores de toda América Latina para solidarizarse con su colega de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien sufre ataques físicos y verbales de parte del chavismo por oponerse a la convocaria a elecciones constituyentes.
Primero, se consiguió que la cumbre pasara de La Paz a Buenos Aires y luego Gils Carbó exageró y dijo que Macri la quiere echar “al estilo Maduro”. Suena paradójica esa definición en boca de la referente de un sector que no ha dicho nada sobre el asesinato de 93 manifestantes en Venezuela. Tampoco es cierto que sea víctima de “un armado de los medios”. El fundado pedido de indagatoria del fiscal Taiano le pide explicaciones, como a cualquier funcionario, sobre por qué se pagó una comisión ilegal de 7,7 millones de pesos por la compra de un edificio, pese a que estaba prohibido y recién se dio cuenta cuatro años después. Nadie tiene coronita y menos una jefa de fiscales. Además, tiene otros dos pedidos de indagatoria y más de diez imputaciones. El fiscal Marijuan, por ejemplo, le pidió su declaración como sospechosa por una denuncia del ex senador radical Mario Cimadevilla por nom- brar fiscales sin acuerdo del Senado. El pedido lo tiene hace más de un año el juez Casanello, recordaron fuentes judiciales. Un tercer pedido de indagatoria es por el espionaje que sufrió el fiscal Troncoso que permitió descubrir que la procuración tenía una clave para entrar y saber todo los despachos que hacían los fiscales, aunque hubiera secreto de sumario.
Rápida de reflejos, Gils Carbó permitió que desde la Procuración se mande un mail a todos los fiscales del país pidiendo su apoyo para firmar un petitorio en su defensa. Lo mismo había hecho, el año pasado, con la marcha en reclamo del esclarecimiento de la muerte de Nisman.
En este escenario judicial, Garavano y Carrió dejaron en claro que el Gobierno no está de acuerdo con echarla a través de un decreto presidencial luego de que eventualmente sea procesada en alguna de las causas que tiene abierta y tal como propuso el diputado del PRO Pablo Tonelli. Carrió bloqueó la reforma de la ley del ministrio público que propiciaba la massista Graciela Camaño, haciéndose eco del pedido de varios fiscales que veían limitado su desempeño y ayer bloqueó la posibilidad del decreto. Así queda como la alternativa más probable la que impulsa el ministro de Justicia: modificar la ley del ministerio público fiscal para poner un plazo de 5 años para todo procurador con posibilidad de otro mandato por 5 años luego de volver a conseguir el acuerdo del Senado. Pero esta como cualquier otra alternativa deberá esperar el paso de las elecciones de octubre. No hay lugar hoy para una negociación tan sensible, aunque el 29 de agosto Gils Carbó cumpla cinco años en su cargo.