El Senado brasileño aprobó una polémica reforma laboral
El Senado brasileño aprobó anoche, por abrumadora mayoría, el texto principal de la reforma laboral. Fue por 50 votos a favor y 26 en contra, sobre un total de 81 parlamentarios de ese cuerpo legislativo.
Para llevar adelante la iniciativa, antes tuvieron que denegar las propuestas de cambio presentadas por las fuerzas de la oposición. Quedan, sin embargo, pendientes de votar modificaciones que fueron presentadas por los diferentes bloques par- tidarios. Si alguna de ellas fuera aprobada, eso significaría que todo el proyecto de ley deberá retornar a la Cámara de Diputados.
Las deliberaciones de ayer fueron muy complicadas. Un grupo de senadoras de la oposición tomó la mesa directiva del plenario a lo largo de 6 horas. Como no las pudieron desplazar, les apagaron la luz y el aire acondicionado creyendo que ellas abandonarían el puesto. La “ocupación” de la mesa directiva ocurrió por cuenta de la “insensibilidad” del oficialismo de permitir la discusión de los distintos temas en disputa. En la prisa, según se dijo, medió también la urgencia del presidente Michel Temer que quiso hacer de esta mayoría en el Senado una demostración de fuerza, en un momento donde su figura está fuertemente cuestionada.
La reforma establece que los acuerdos sindicales deben prevalecer incluso por encima de la legislación; y amplía la tercerización a las actividades principales de un establecimiento (hoy solo pueden aplicarse a actividades secundarias). Crea nuevos tipos de contratos de trabajo, entre e- llos, aquel que permite el trabajo intermitente. Establece además la posibilidad de firmar acuerdos individuales entre los trabajadores y la empresa, con posibilidad de jornadas de 12 horas cada 36 de descanso.
Entre otras medidas, la legislación dificulta y encarece las demandas judiciales y retira la potestad sindical de negociar las dimisiones colectivas. La norma, asimismo, acepta que embarazadas y con bebés lactantes trabajen en lugares insalubres si consiguen certificados médicos que las autoricen. Este apartado tuvo un rechazo general, de modo que es posible que el jefe de Estado lo vete.
El mayor cuestionamiento a la reforma, que procede inclusive de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apunta al incumplimiento de pactos celebrados internacionalmente y a los que adhirió Brasil. A su vez, la Orden de Abogados de Brasil, el Ministerio Público del Trabajo y la Aso- ciación Brasileña de Abogados Laboralistas, sostuvieron que varios ítems de la nueva legislación son inconstitucionales. Las entidades criticaron la forma en que se llevó adelante la discusión de la nueva ley, al no contemplar la participación de todos los segmentos sociales. Lo que les preocupa, sobre todo, es que se acepte que la negociación laboral pueda estar por encima de las leyes vigentes.
La ley, respaldada por los mercados, genera un fuerte rechazo: un 58% de los brasileños se opone, según una encuesta de Datafolha. Los sindicatos realizaron una huelga el 29 de abril y organizaron jornadas de protesta para denunciar el “retroceso” social de los planes de ajuste. Temer y su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen en cambio que esas medidas apuntan a “generar empleos”, en un país con la peor recesión y 13,8 millones de desocupados (13,3% de la población activa).