Condenan a Lula a 9 años y medio de cárcel por una causa de corrupción
Lo hizo el juez Sergio Moro. Es por el caso de un departamento en la playa. El ex presidente lo habría recibido como coimas de una constructora para favorecerla con negocios con Petrobras. El líder del PT puede apelar y por eso seguirá libre.
El juez Sergio Moro, que investiga el Lava Jato, lo condenó por un departamento en Guarujá que le habría cedido una constructora a cambio de contratos para Petrobras. Además, lo inhabilitó para cargos públicos por 19 años. Pero no irá preso y podrá ser candidato a presidente en 2018 mientras no lo sentencie un tribunal superior.
El juez federal Sergio Moro cumplió el “gran sueño” que había albergado desde un primer momento del caso Lava Jato. Condenó al ex presidente Lula da Silva a 9 años y medio de prisión por delitos de corrupción pasiva
y lavado de dinero. La causa que llevó al magistrado a incriminarlo fue la compra, nunca concretada, de un departamento de tres pisos en Guarujá, en el litoral marítimo paulista. Según deducciones del juez de Curitiba y sus fiscales, Lula y su familia habrían buscado hacerse de esa propiedad como parte de pago de sobornos de la constructora OAS, a cambio de recibir “ventajas indebidas”. Ocurre que el inmueble permaneció, siempre, a nombre de esa empresa que inclusive lo empeñó, junto a otros bienes, como garantía para la obtención de créditos.
La sentencia contra el ex jefe de Estado, que gobernó Brasil por dos períodos consecutivos entre 2003 y 2010 y el el más popular de la historia reciente, impone también el pago de 200 mil dólares de multa y la caducidad de los derechos políticos del ex líder sindical por 19 años; lo que de hecho llevaría a restituírselos cuando cumpla los 90.
El juez de Paraná adquirió su fama actual al desentrañar la existencia de una mafia corrupta que actuaba en el seno de la petrolera estatal Petrobras, en conjunto con las grandes constructoras del país y con los principales políticos brasileños.
Dos actores claves a lo largo de las investigaciones fueron, por un lado, los ejecutivos de Odebrecht –entre ellos su ex titular Marcelo Odebrechty por el otro más de un centenar de legisladores que sin embargo todavía continúan activos como miembros del parlamento actual. En la perspectiva de Moro, Lula habría recibido en “donación” el departamento de Guarujá por interceder a favor de OAS en contratos realizados con la petrolera pública.
Con todo, algo le impidió a Moro avanzar con más “rigor” contra el ex gobernante. Fue precisamente la evaluación de ese juez de que una detención preventiva de Lula da Silva sería “traumática”.
Así dejó en manos de la Corte de Apelación que podrá, o no, tomar medidas para el encarcelamiento. Moro sencillamente no quiso cargar con el “bonus” de semejante decisión, porque como bien dijo en el largo escrito para justificar la condena, “el momento recomienda prudencia”.
Y no fue “prudencia” lo que le faltó al hombre del Lava Jato. Ayer, la seguridad de la Justicia Federal de Para-
ná donde Moro tiene su sede, fue reforzada al máximo. Temían, y con razón, una ofensiva de manifestantes frente al lugar, a favor de Lula y contra Moro.
La resolución condenatoria, eximida de prisión, puede sin embargo oficiar de chispa para una crisis galopante. Por de pronto, las organizaciones sociales y la izquierda comenzaron a convocar a movilizaciones. Para estos sectores, Lula es víctima de una intención política aviesa: la de impedir que se presente en las elecciones presidenciales de 2018.
El líder del Partido de los Trabajadores venía en un proceso de meteórico crecimiento en las encuestas. Todas ellas lo daban como ganador en la primera y segunda vuelta. La última consulta, de Vox Populi, reveló que había conquistado 40% de los votos espontáneos entre los encuestados. Le seguía a distancia el diputado derechista Jair Bolsonaro y luego la ex senadora Marina Silva.
El espectro político de la izquierda condenó la “maniobra judicial”. La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, sostuvo que “la condena fue política”. El objetivo, dijo, fue “incriminar al presidente para impedir que él participe del proceso político brasileño” en 2018.
“Es una decisión sin pruebas. Es lamentable que un magistrado se preste al papel de hacer política a través del sistema judicial”. Para los dirigentes de la Central Unica de Trabajadores, una “elección sin Lula será un fraude”. En el mismo sentido se pronunció la destituida presidenta Dilma Rousseff.
En cuanto la sentencia recorría la Tierra a la velocidad de la internet, con títulos en las tapas de los principales diarios del mundo, en el Palacio del Planalto no ocultaron sus temores por el impacto directo que podrá aportar a la angustiosa incertidumbre que vive el presidente Michel Temer.
Para sus colaboradores, es un momento que llama a la cautela. Si bien momentáneamente este caso saca del foco al jefe de Estado, al menos por ahora, por otro lado es difícil pensar cómo harán los diputados para votar en contra de la denuncia por corrupción que pesa sobre la cabeza presidencial como una filosísima espada. “La decisión de condenar a Lula abre precedentes para otros políticos”, analizaban en las oficinas de Brasilia. Entre ellos, claro está, el propio Temer y varios de sus ministros. Se prevé que el lunes próximo la Cámara de Diputados proceda a votar si autoriza o no una investigación contra el gobernante por corrupción pasiva, que denunció el procurador general Rodrigo Janot. Si admite el juicio contra Temer, este tendrá que apartarse de inmediato de la presidencia. Al anochecer de este miércoles, la defensa del líder petista sostuvo que Lula fue blanco “de una investigación movida por motivos políticos. No hay ni una sólo evidencia creíble de la culpa de Lula. Y las pruebas de su inocencia fueron descaradamente descartadas”.