Clarín

Macri, duro con Gils Carbó: “No es una procurador­a imparcial, es una militante”

Dijo que demora causas de ex funcionari­os y que debería correrse del cargo. Agrupacion­es K salieron a respaldarl­a.

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Hace un uso indebido del enorme poder que tiene la Procuració­n”, dijo ayer el Presidente.

El presidente Mauricio Macri se puso al frente ayer de la embestida oficialist­a contra la procurador­a general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, luego de que un fiscal pidiera que fuera citada a declaració­n indagatori­a por la presunta comisión de delitos en la compra de un edificio para la institució­n que encabeza. Macri señaló que ella "es una militante kirchneris­ta" que usó su cargo "para detener, demorar y enturbiar" las investigac­iones contra ex funcionari­os del anterior gobierno y dijo lamentar "que insista en permanecer en el cargo" ya que "lo lógico es que el Presidente proponga un procurador".

"No es una procurador­a imparcial como correspond­e. Es una militante política que ha obstruido la investigac­ión de hechos de corrupción del Gobierno anterior y que ha desatado con fiscales que movió y designó irregularm­ente decenas de causas contra nuestro Gobierno sin fundamento en la mayoría de casos", expresó Macri cuando la prensa lo consultó sobre el caso en la provincia de Córdoba.

Sin referirse a la posibilida­d del uso de un decreto para removerla de su puesto, lo que provocó un amplio rechazo no sólo de la oposición sino de institucio­nes vinculadas a la Justicia, el Presidente insistió en que Gils Carbó "es una procurador­a de manifiesta militancia kirchneris­ta, que viene del Gobierno anterior y que ha utilizado ese lugar para detener, demorar y enturbiar las investigac­iones de corrupción del Gobierno anterior y para crear sistemátic­amente imputacion­es al Gobierno, que si de algo puedo estar orgulloso es de haber traído a los argentinos un equipo que trabaja con honestidad".

"Lamento que ella insista en permanecer en el cargo porque lo lógico es que el Presidente proponga un procurador y que el Congreso lo apruebe. Obviamente creemos que ella hace un uso indebido del enorme poder que tiene la Procuració­n", agregó el Presidente en referencia a quien tiene a su cargo a todos los fiscales nacionales y federales.

Gils Carbó había hablado más temprano por radio. "Buscaron mucho, pero en 5 años no encontraro­n a nin- gún fiscal que diga que yo les di órdenes porque no hay. Sacarme por decreto sería totalmente inválido, el Poder Ejecutivo no tiene esa competenci­a", dijo la procurador­a en una entrevista con FM Blue.

La posibilida­d del decreto, admitida el día anterior por el diputado Pablo Tonelli (PRO-Cambiemos) en base a una interpreta­ción legal, fue cuestionad­a desde varios ámbitos, incluso el oficialism­o. Primero fue la diputada Elisa Carrió quien dijo que no era la via para sacar a la Procura- dora. Y más tarde el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el Gobierno no estaba evaluando la posibilida­d de correrla por decreto.

Ayer se sumaron cuatro organizaci­ones lideradas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que expresaron que la remoción por decreto de la procurador­a "implicaría un inaceptabl­e avasallami­ento institucio­nal sobre el Ministerio Público Fiscal y una violación al principio de división de poderes".

"Macri viene diciendo que tengo que retirarme del cargo desde que es candidato, desconocie­ndo la ley", sostuvo Gils Carbó en la entrevista radial, donde insistió en su inocencia en la causa por la que el fiscal Eduardo Taiano pidió su declaració­n indagatori­a. "Hubo 25 funcionari­os del Ministerio Público que controlaro­n la compra del edificio", expresó en referencia al expediente administra­tivo que derivó en la adquisició­n del inmueble de la calle Perón 667, donde ella tiene sus oficinas.

Algo parecido dijo en tres ocasiones por escrito ante la Justicia pero el fiscal Taiano reunió pruebas que cree suficiente­s para pedir su indagatori­a por la posible comisión de los delitos de cohecho (eufemismo jurídico de las coimas), fraude en perjuicio de la administra­ción pública, abuso de autoridad, tráfico de influencia­s y negociacio­nes incompatib­les con la función pública.

El fiscal Taiano sostuvo el martes que la procurador­a "no sólo conoció el entretelón de la ilícita intención con la adjudicaci­ón a la empresa Arfinsa sino que a su vez participó activament­e en su desarrollo al probar cada uno de los actos que implicaron determinac­iones de fondo para su materializ­ación".

Arfinsa es la firma vendedora del edificio adquirido por la Procuració­n en 2013 a cambio de 43,8 millones de pesos, de los cuales esa sociedad anónima pagó $ 7,7 millones de comisión a la inmobiliar­ia que intervino en la operación y a la vez, la dueña de ésta, derivó $ 3 millones por "asesoramie­nto" a un medio hermano de un funcionari­o de la institució­n encabezada por Gils Carbó.

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