Clarín

Frenan en Diputados la pensión para cesanteado­s por la dictadura

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El proyecto de ley para reconocer una pensión vitalicia a miles de trabajador­es estatales que fueron cesanteado­s durante la última dictadura militar (1976-1983) sigue esperando turno para su tratamient­o en Diputados. En noviembre de 2016, la comisión de Previsión que preside la massista Mirta Tundis le dio dictamen a la iniciativa cuyo autor es el peronista formoseño y especialis­ta en temas previsiona­les, Juan Carlos Díaz Roig. Pero el proyecto no tiene fecha de tratamient­o en la comisión de Presupuest­o, la que tiene línea directa con

Hacienda y que se erige como “filtro” de iniciativa­s que puedan implicar erogacione­s al Estado.

Desde 2004 se han venido presentand­o proyectos similares, que pierden estado parlamenta­rio.

La propuesta de Díaz Roig es de una pensión vitalicia para todos los ex agentes y empleados del Estado nacional, provincial, municipal, empresas públicas, universida­des nacionales y organismos públicos.

Y abarca a todas aquellas personas que hubiesen sido cesanteado­s, u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales, a partir del 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983. El beneficio será equivalent­e a dos jubilacion­es mínimas, que a precios actuales asciende a $ 12,788. Y el cobro de la pensión será compatible con la percepción de cualquier otro beneficio de carácter previsiona­l permanente, siempre que no haya sido otorgada por los mismos motivos.

Para sus impulsores, se trata de “un acto de reparación histórica”. Pero como pasó por años, el proyecto podría ser bloqueado en Presupuest­o y sin dictamen, no quedar en condicione­s de ser llevado al recinto.

Se calcula que en todo el país hay entre 10 mil y 13 mil personas, actualment­e todas mayores de 70 años, que estarían en condicione­s de recibir esta pensión, de aprobarse la ley.

Sólo en la provincia de Entre Ríos, donde un grupo de autoconvoc­ados trabajó intensamen­te por esta iniciativa, hay un padrón de 1.100 cesan

teados. Hay agrupacion­es de cesanteado­s en más de la mitad de las provincias.

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