La fiscal general vinculó a funcionarios chavistas con el caso Odebrecht
Imputó a dos mujeres relacionadas con el ex ministro de Obras Públicas de Nicolás Maduro.
La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ya no tiene formas que guardar. Alejada del chavismo desde que en abril denunció que se había roto el hilo constitucional, ayer permitió que su Fiscalía citara a dos mujeres vinculadas con un ex ministro de Obras Públicas de Nicolás Maduro en la investigación por sobornos de Odebrecht. Según la cuenta en Twitter de la propia Fiscalía, las imputadas María Baptista y Elita Zacarias “están vinculadas con el ex ministro Haiman El Troudi”.
La Fiscal General, sobre la que pende una posible destitución por parte del poco independiente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), había avisado durante una entrevista de radio el martes de que tenía identificados a los funcionarios que autorizaron construcciones de Odebrecht. En muchos casos, dijo Ortega Díaz, las obras no se terminaron y hubo comisiones ilegales depositadas en cuentas en el extranjero (usando nombres de familiares) para favorecer la adjudicación.
Ortega Díaz también dijo durante esa entrevista que la Fiscalía se había topado con muchos obstáculos en la investigación de casos de corrupción, especialmente en el de Odebrecht: “Quienes tienen los elementos de prueba son aquellos a los que se está investigando”.
Chavista de primera hora, Ortega Díaz rompió públicamente con Maduro cuando el TSJ quiso adjudicarse las funciones legislativas del parlamento a fines de marzo. Desde que denunció entonces la “ruptura del orden constitucional” no ha cesado en sus embestidas contra el gobierno, rechazando la elección a la Asamblea Constituyente convocada por Maduro para el 30 de julio y citando a militares por supuestas violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas opositoras.
El 15 de febrero, la Fiscalía informó que la justicia había congelado las cuentas bancarias y activos de Odebrecht en Venezuela, luego del escándalo de sobornos de la compañía brasileña a funcionarios gubernamentales en varios países de América Latina. De acuerdo con la declaración del ex presidente, Marcelo Odebrecht, Venezuela es el segundo país latinoamericano en el que la empresa pagó más sobornos (98 millones de dólares), solo por detrás de Brasil.
Hasta hace poco, Ortega Díaz (59) era una incondicional del gobierno chavista, capaz de firmar docenas de detenciones con cargos falsos contra manifestantes y opositores, como la del dirigente político Leopoldo López. Pero su decisión de romper con Maduro le ha valido el respaldo de opositores y chavistas desencantados con Maduro. Roberto Marrero, abogado del excarcelado López, fue uno de los miles que acudieron a una reciente manifestación en apoyo de Ortega Díaz. “Cada Mandela necesita un De Klerk”, dijo en relación al presidente blanco que supervisó el fin del Apartheid en Sudáfrica.
Aunque incómodo, el ingreso de Ortega Díaz a las filas opositoras implica la aceptación de que no se podrá destituir a Maduro sin ganarse a algunos de sus aliados. La desertora de mayor nivel por el momento aporta una mezcla única: historial revolucionario impecable, conocimiento de primera mano del funcionamiento interno del gobierno y un cargo semiautónomo que pone trabas a las iniciativas del gobierno para centralizar el poder y aplastar a la oposición.
El gobierno también es consciente de su importancia. Ayer vencía el plazo para que el TSJ se pronunciara sobre su destitución pero el tema no entró en la agenda. A cuatro días del referéndum opositor contra la Constituyente, a los magistrados no les debe haber parecido la mejor idea.