Casi en secreto, Vidal hace limpieza judicial en la Provincia
Lejos del ruido y las luces que iluminan la escena en la que la procuradora general Alejandra Gils Carbó y el camarista federal Eduardo Freiler luchan por aferrarse a sus cargos, resistiendo la ofensiva de la Casa Rosada con apoyo explícito y
abundante del cristinismo, el gobierno de María Eugenia Vidal ha logrado avances en la depuración de la Justicia bonaerense en base a una tarea persistente y discreta, por momentos casi secreta.
Hace dos semanas, sin aspavientos, se votó iniciar el jury de enjuiciamiento al juez Luis Arias, con estratégica jurisdicción en La Plata y perteneciente al fuero contencioso administrativo, que es el que se pronuncia sobre los actos de gobierno. En el cargo desde diciembre de 2003 , es el juez que había contradicho fuertemente a Daniel Scioli y al intendente platense Pablo Bruera por la cantidad de muertos en la inundación del 2 de abril de 2013 en la capital provincial.
El año pasado se pronunció contra el aumento de tarifas. Y este año rechazó la decisión del gobierno bonaerense de descontarles los días de paro a los maestros en huelga. Luego la Cámara revocó esa decisión y consideró legítimos los descuentos, dándole a Vidal una herramienta clave para salir airosa de la pulseada con los gremios que lidera el kirchnerista Roberto Baradel.
En marzo desde el bloque de la Coalición Cívica-Cambiemos se le pidió juicio político por su “manifiesta parcialidad política”. Arias fue el único magistrado en funciones que firmó una solicitada que llamaba a “po
ner freno al brutal embate” del Gobierno, sostenía que el programa de Macri tiene
“tintes autoritarios” y que “sólo puede ser implementado con represión y cercena-
miento de libertades”. En 2015 había sido tentado por el ex vicegobernador K Gabriel Mariotto para ser intendente de La Plata.
La decisión de abrirle juicio político tuvo respaldo unánime y contó incluso con la firma de Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte provincial. El enjuiciamiento está en marcha y ya se realizó la audiencia inicial.
Con todo, fuentes del gobierno bonaerense hacen una diferencia llamativa. Aseguran que Arias actúa impulsado por cuestiones ideológicas pero que “no recibe caja”. En cambio colocan en esa categoría corrupta al renunciante juez de garantías César Melazo, también de La Plata, a quien la misma gobernadora definió alguna vez como “el Oyarbide
de la provincia” por sus relaciones y negocios escandalosos con la Policía Bonaerense.
Melazo se fue a comienzos de junio. Estaba suspendido desde noviembre pasado y afrontaba un jury de enjuiciamiento. Tenía abiertas tres causas por irregularidades. Estaba públicamente vinculado a Aníbal Fernández y en diciembre de 2015 había tuiteado mensajes de apoyo a Cristina Kirchner hablando de “la
agonía de no verte” en alusión a su abandono del poder. Según Vidal, la caída de Melazo signifió “un
mensaje claro” para aquellos jueces y fiscales involucrados en el estado de degradación institucional con que recibió la Provincia. Y fue, para ella, la segunda mejor noticia en este proceso de depuración judicial. La primera -dijo- fue la renuncia de la procuradora María del Carmen Falbo, quien era jefa de los fiscales provinciales desde el año 2004, cuando gobernaba Felipe Solá.
Había sido antes subsecretaria de Justicia en la gobernación de Eduardo Duhalde y diputada nacional. Vinculada al aparato tradicional del peronismo, Falbo quedó absorbida por completo en el esquema kirchnerista.
Oriunda de Quilmes, relacionada también con Aníbal Fernández, cuestionada por su actuación durante enero de 2016 en la triple fuga de los hermanos Lanatta y Schillaci, autores del triple crimen de la efedrina, Falbo decidió jubilarse y negociar una salida digna. Lo hizo a través del ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, que mueve los hilos en esta avanzada sobre los enclaves turbios de los tribunales bonaerenses.
Falbo había pedido mantener automóvil y custodia. Y cierta ayuda para afrontar cuestiones judiciales que podrían presentarse. Además solicitó ser recibida por Vidal, quien nunca había aceptado verla ni fotografiarse con ella en casi un año de gestión. Ferrari intermedió y en noviembre hubo audiencia y foto de salida. En diciembre asumió como nuevo procurador Julio Conte Grand. Pero al parecer el compromiso de buenas maneras se agotó allí. Hace diez días el fiscal Luis Angelini pidió la indagatoria de Falbo por trabar causas sobre narcotráfico.
La ex procuradora estaba señalada desde tiempo atrás como protectora del fiscal general de San Isidro, Julio Novo, acusado, entre otras muchas causas, de encubrir asesinatos
narco. Entre ellos, el doble crimen de traficantes colombianos cometido en 2008 por sicarios en el shopping Unicenter.
Con el mismo bajo perfil de los otros casos se produjo hace una semana la renuncia de
Novo, quien estaba suspendido y acorralado judicialmente. Diez días antes la Cámara Federal de San Martín confirmó su procesamiento, y el de cuatro colaboradores suyos, por encubrimiento agravado en aquel crimen narco de Unicenter. Los había procesado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman. Todo tiene que ver con todo.