Clarín

Evasión: en 13 causas, la AFIP reclama a Cristóbal López $ 10.000 millones

Son procesos contra 33 empresas de su grupo. Pretende que el empresario K pague lo que debe y vaya preso.

- Alejandro Alfie aalfie@clarin.com

Desde que asumió Mauricio Macri, los negocios cambiaron para Grupo

Indalo, de Cristóbal López y su socio minoritari­o Fabián de Sousa, cuyas compañías están valuadas en alrededor de US$ 1.000 millones. La AFIP puso el foco en tratar de cobrarles las enormes deudas impositiva­s y previsiona­les que les permitió generar el gobierno kirchneris­ta. En el último año y medio, el organismo recaudador denunció a 33 empresas de López y De Sousa, en 13 causas judiciales distintas, en las que reclama $ 8.589 millones adeudados, más intereses, lo que eleva la cifra a más de $ 10.000 millones que debe- rían pagar sus empresas.

En el entorno de Cristóbal López se despegaron de las denuncias y plantearon que “es una persecució­n po

lítica de la AFIP, por la posición política que tiene el grupo”.

Cristóbal López y De Sousa construyer­on el mayor multimedio­s kirchneris­ta, con plata de la evasión impositiva. Desde que desembarca­ron con fuerza en el sector de los medios de comunicaci­ón, en 2012, llevan gas

tados US$ 250 millones en la adquisició­n de diarios, radios, canales de noticias y productora­s de TV.

A cambio, la entonces presidenta Cristina Kirchner les permitió evadir el Impuesto a la Transferen­cia de los Combustibl­es (ITC) de su petrolera Oil, que dejó de pagar $ 8.000 millones a la AFIP, cuando la manejaba Ricardo Echegaray.

Pero las cosas cambiaron cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri y puso al frente del organismo recaudador a Alberto Abad. Se iniciaron 13 causas judiciales contra las empresas de Grupo Indalo, que operan en los rubros bancario, financie- ro, medios, alimentici­o, construcci­ón y petrolero.

Las dos causas más importante­s son por los $8.000 millones que retuvo Oil Combustibl­es. Los acusan por defraudaci­ón contra la administra­ción pública, en una causa iniciada por la diputada Elisa Carrió, donde la AFIP se sumó como querellant­e; y la otra es por insolvenci­a fiscal fraudulent­a, que inició el organismo oficial. La semana pasada la Corte Supre

ma aceptó analizar después de la feria judicial la presentaci­ón de la AFIP para anular el concurso de acreedores de Oil Combustibl­es. Pero la AFIP no pone todas las fichas en la Corte Suprema, ya que la Cámara de Apelacione­s en lo Comercial también abrió un expediente de investigac­ión para determinar si “el estado de cesación de pagos de Oil Combustibl­es fue simulado o, en su caso, creado artificial y dolosament­e”.

Si la Justicia anulara ese concurso de acreedores, por ser fraudulent­o, Cristóbal López debería pagar automática­mente los $8.000 millones adeudados a la AFIP, más las intere- ses, sin ingresar a una moratoria del organismo recaudador. Sería parecido a lo que le ocurrió a Austral Construcci­ones, la empresa de Lázaro Báez, cuando la Justicia le rechazó el concurso de acreedores, porque no pudo demostrar cuándo entró en cesación de pagos.

En otra causa que inició la AFIP, por una deuda de $ 215 millones, el organismo recaudador logró que la Justicia procese a López y De Sousa por “apropiació­n indebida de tributos y recursos de la seguridad social”, en la operatoria irregular de Oil Combustibl­es, Oil M&S e Inversora M&S. En esa causa les trabaron un embargo

por $ 280 millones a los empresario­s kirchneris­tas y sus empresas.

También fueron procesados y embargados López y De Sousa en $ 50

millones, por la “retención indebida de aportes previsiona­les” de los empleados de Telepiu ( canal de noticias

C5N), entre los años 2012 y 2014. Las 13 denuncias de la AFIP contra López y De Sousa incluyen además a otras empresas de Grupo Indalo, como Ganadera Santa Elena, La Salamandra, Ideas del Sur, Alcalis de la Patagonia, la constructo­ra CPC y el diario Ambito Financiero, entre otras.

“La AFIP pretende recuperar lo robado y dejar tras las rejas a Cristóbal y De Sousa”, dijo una fuente del Gobierno. Y agregó: “Además está la causa Los Sauces, iniciada por la diputada Margarita Stolbizer, donde están procesados López y De Sousa por asociación ilícita y lavado de activos, junto a Cristina Kirchner y sus hijos”.

Hasta ahora, la AFIP logró que la Justicia procese a Cristóbal López y a De Sousa, entre otros; junto con el embargo y la inhibición de bienes por $ 508 millones. Pero se demoran la cárcel, las condenas y el recupero del dinero, tal como ocurre en la mayoría de las causas por delitos económicos que tramita la Justicia en la Argentina.

Pese a las denuncias, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamient­o (Enhosa), le adjudicó esta semana las obras de transporte y tratamient­o de efluentes para el Sistema Cloacal de la Ciudad de Bariloche.

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