La economía en octubre, y luego ¿qué?
La economía en levantada y creciendo cuanto menos al 4%; la inversión arriba del 8% y el consumo fogoneado por el cierre de las paritarias salariales pendientes. Así es el escenario que imaginan, hacia octubre, funcionarios clave del área económica.
Todo auspicioso, salvo por un detalle que desaconseja conclusiones apresuradas: son números calculados contra otros del tercer trimestre del año pasado o, si se prefiere, contra un piso muy bajo.
El repunte del 4% es respecto de una caída del 3,7%. La inversión crecería arriba del 8%, pero desde un retroceso del 8,2%. Y el consumo, que representa más de dos tercios del PBI, viene de bajar 2,9%. La conclusión dice, entonces, que se estaría
remontando la pérdida de 2016, quizás con un leve plus a favor. Y eso mismo les da la razón a quienes auguran un rebote de la actividad muy tibio, además de desparejo o pobre en sectores que ocupan mucha mano de obra, como la industria y el comercio.
Según palabras de algunos de ellos, el año económico “ya está jugado” aun cuando todavía falten seis meses largos hasta que concluya. Se entiende, jugado en aquellos términos.
Otro tanto opinan sobre el proceso de “desinflación” o, más precisamente, opinan que marcha “bastante lento”. Para octubre, la consultora Abeceb estima un índice de precios en los alrededores del 21% anual, o sea, 6,5 puntos por encima del promedio del 14,5% que surge de la ambiciosa banda del 12 al 17% puesta y remachada por el Banco Central.
Que se vea, nada ni demasiado bueno ni demasiado malo, aunque sí distante de las aspi
raciones que el Gobierno alentaba a fines de 2016.
El saldo completo arroja una performance socio económica que difícilmente sea percibida como un avance por el electorado y menos por la mayor parte de los habitantes del Gran Buenos Aires, a pesar de los recursos que siguen desparramando los planes sociales.
En el GBA se concentra el 70% del padrón provincial y un cuarto del total. Y justamente por eso ahí entra a jugarse el margen de maniobra del Gobierno para el post-octubre. Cambiemos puede ganar la elección nacional, pero el punto es que Cristina Kirchner y los riesgos políticos que ella entraña estorban donde más duele. Si hay dudas, preguntar por las inversiones.
Aún así, el tiempo de las reformas postergadas manda y en el horizonte cercano ya se dibujan varias iniciativas oficiales junto a otras selladas por completo.
Una de ellas, ya comentada aquí, consiste en lanzar un amplio y generoso blanqueo laboral para empezar a regularizar la situación de los 4,5 millones de trabajadores en negro. Alcanzan al 33,3% de la fuerza laboral, sin contar cuentapropistas, una rémora cristalizada que además acarrea pérdida de aportes jubilatorios y de recursos imprescindibles.
Dicen desde despachos próximos a la Casa Rosada: “No vemos mayores dificultades para sacar una ley, porque gran parte de la movida ha sido acordada con la CGT. Y en cuestiones así tanto el massismo como el peronismo no kirchnerista remiten a la CGT”.
Un cantar diferente es qué puede pasar o cuánto sería posible avanzar con la reforma previsional. Esto es, la agenda que contempla aumento de la edad de jubilación, retoques al modelo de indexación de los haberes y, al fin, nuevas fórmulas de financiamiento.
Para que se entienda mejor, algunas cifras del problema que inquietan al Gobierno. Las cuentas de la ANSeS entraron en zona roja hace tiempo; tiene un presupuesto de un billón de pesos que es casi la mitad del gasto público total y ya ha usado el 50% de la partida anual.
Además, los haberes y otros pagos que debe cubrir son actualizados en base a la recaudación impositiva destinada al sistema previsional y a los aumentos salariales pasados. Queda claro que incursionar en ese territorio significa un operativo bien complicado y políticamente costoso. Y de seguido, que si existe algún cambio será muy parcial y deberá enfrentar, esta vez, la resistencia de la oposición.
Detrás de cada movida oficial late el objetivo de achicar el déficit fiscal corriente, excluidos intereses de la deuda, desde el 4,2% del PBI al 3,2%. Un ajuste equivalente a 6.000 millones de dólares.
Resultará proporcionalmente inferior de acuerdo a cuánto crezca el PBI, pero será ajuste y caerá sobre el gasto público.
Como ocurrió en 2016 y el año pasado, el tijeretazo mayor, casi la mitad de la poda, le pe
gará a los subsidios energéticos. Aunque menores a los conocidos, tocará otra vez aumentos: en noviembre y febrero para la luz y en noviembre y abril para el gas.
No serán los últimos, dentro de este gradualismo bastante sui géneris por cierto. Los números oficiales dicen que, pese a lo que ya hubo, la tarifa de la electricidad cubre el 50% del costo de generación y la del gas, el 60%.
Falta añadir colectivos, cuyo incremento sigue en lista de espera, y combustibles,. “Ese es un tema del ministro de Transporte”, dicen funcionarios de Hacienda. Más apropiado se---
ría decir del Presidente o pensar si es posible que coincidan subas en la luz, el gas, los combustibles y encima en el transporte.
Tras un año político de crecer a todo vapor, en 2018 aflojarán los gastos en obras públicas y serán compensados, dicen, por la inversión privada. Habrá nuevos recortes en los fondos que van a empresas como Aerolíneas y AySA y toda o la mayor parte de la estructura se moverá sin aumentos reales.
Se supone que si no hay cambios la pauta inflacionaria de referencia serán las bandas del 8 al 12% fijadas por el Banco Central o, mejor, el promedio del 10%. ¿Significa que esa también va a ser la pauta que regirá para los salarios estatales?
La duda quedará despejada hacia mediados de septiembre, cuando el Presupuesto Nacional y las cuentas viajen rumbo a Diputados. Esto y los reajustes fiscales se conocerán, pues, un mes antes de las elecciones. La meta de crecimiento del PBI será 3,5% o 3,7%.
Finalmente, la reforma tributaria o saber qué formato adquirirá eso que acaba de plantear Mauricio Macri: nada menos que “los impuestos nos están matando”.
Pregunta obvia, acompañada de ciertos datos de la cocina interna. ¿Es sólo una promesa de campaña?, pues la reforma recién irá al Congreso entrado 2018, después de sortear obstáculos que levantan los gobernadores por el intento de recortar Ingresos Brutos y de resolver cuestiones también de pesos.
Entre otras, una admitida en despachos oficiales: que es peligroso resignar ingresos justo cuando son necesarios para comprimir el déficit y el financiamiento a pura deuda. Luego, más vale no hacerse demasiadas
ilusiones con una baja fuerte e inmediata de la presión impositiva total, así planillas de Hacienda cuenten que el peso mayor cae sobre los dos escalones inferiores de la pirámide de ingresos: alcanza entre 45% y 52%.