La Casa Blanca quiere aumentar las deportaciones rápidas de “sin papeles”
Analiza nuevas medidas para poder expulsar a inmigrantes ilegales sin necesidad de ir a un juicio.
La Casa Blanca estudia nuevas medidas para agilizar y aumentar drásticamente las deportaciones “rápidas” de inmigrantes indocumentados en el país sin pasar por un tribunal de inmigración, según un documento oficial al que tuvo acceso The Washington Post.
Desde 2004, las deportaciones llamadas “rápidas” (que no requieren una audiencia judicial) afectan solo a los indocumentados detenidos a menos de 100 millas (unos 160 kilómetros) de las fronteras y que llevan menos de dos semanas en el país.
La propuesta que tiene entre manos la Casa Blanca -que no requiere la aprobación del Congreso- permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportar sin pasar por
un tribunal a todos los indocumentados detenidos en cualquier punto de Estados Unidos y que no puedan probar más de 90 días en el país. Este cambio en los protocolos está en consonancia con las propuestas electorales de Donald Trump de endurecer la política migratoria.
“Los posibles cambios permitirían al DHS utilizar de forma más eficiente los recursos para expulsar a las personas que han estado ilegalmente en el país durante períodos de tiempo relativamente cortos mientras se cumplen los requisitos del debido proceso”, dijo al Post una portavoz del departamento, Joanne F. Talbot.
Defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron que la propuesta le quitaría a un gran número de inmigrantes el derecho a la posibilidad de pedir asilo o alguna otra forma de protección legal para quedarse en el país.
“Es una drástica salida de las políticas y prácticas y habituales, y significa un enorme paso hacia la implementación del plan de deportaciones de Trump”, advirtió Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal sobre Inmigración Nacional.
Funcionarios del DHS rechazaron sin embargo las críticas, y argumentaron que la nueva reglamentación simplemente agilizaría la implementación de medidas permitidas por ley desde hace más de dos décadas.
En 1996, el Congreso autorizó el uso
de deportaciones rápidas para inmigrantes ilegales arrestados en cualquier lugar de Estados Unidos que no pudieran probar que habían estado en el país durante al menos dos años. Pero esos poderes eran utilizados casi exclusivamente en las fronteras, y en 2004 el gobierno de George W. Bush emitió directrices para que las demortaciones “expeditas” pudieran ser usadas para aquellas personas detenidas en un radio de hasta 100 millas de la frontera y que hubieran estado menos de 14 días en el país. El uso de deportaciones rápidas
aumentó notablemente en la década siguiente a esos cambios. De unos 50.000 casos en 2004 hasta 193.000 en 2013, casi el 44% del total de deportados ese año, según el Consejo de Inmigración Estadounidense.
En un par de órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas en enero, apenas asumió la presidencia, Trump intentó expandir el uso de deportaciones rápidas, como una de las varias estrategias para combatir la inmigración ilegal. El presidente pidió la incorporación de 10.000 agentes de inmigración y 5.000 agentes froterizos adicionales, penas para las jurisdicciones que se nieguen a cooperar con los agentes y el “grande y bonito” muro en la frontera con México.
Además, Trump levantó las restricciones de la era de Obama que protegían a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación si no tenían antecedentes criminales o tenían hijos con nacionalidad estadounidense. Ahora, los agentes de inmigración tienen libertad para arrestar a cualquier persona que esté de manera ilegal en el país.
En mayo, la Fuerza de Inmigración y Aduanas informó que se estaba arrestando a unos 400 inmigrantes por día. En los primeros tres meses de la presidencia de Trump, fueron detenidos 41.318 inmigrantes, un 37,6% más que en el mismo período del año pasado.
El documentodel DHS señala que la ampliación del uso de las deportaciones rápidas “mejorará la seguridad nacional y pública” al aliviar los “históricos atrasos” en los tribunales de inmigración, que llevaban a grandes demoras de hasta más de dos años en los juicios de deportación. Al comienzo de este año, había más de 534.000 casos pendientes en cortes de inmigración, según el memo. De todos modos, fuentes oficiales aclararon que los menores no acompañados no están sujetos a deportaciones rápidas, ni lo estarán bajo las nuevas directivas.