Santa Cruz: las represas no arrancaron, pero ya se pagaron US$ 100 millones
Es por gastos en personal y obras secundarias que el Estado le reconoció a la firma contratista.
La fase principal de las obras podría iniciarse en septiembre. Costaría unos US$ 4.700 millones.
Las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, el complejo hidroeléctrico de Santa Cruz en manos de Electroingeniería y la china Gezhouba, aún no arrancó en su fase principal. Sin embargo, ya demandó desembolsos por 100 millones de dólares ente salarios del personal de la UTE, los gastos
"improductivos" que reconoció el ministerio de Energía al consorcio, y las obras secundarias que se iniciaron.
Es uno de los ambiciosos proyectos heredados del kirchnerismo que más avances y retrocesos tuvo durante la gestión del gobierno de Cambiemos. Cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, señaló que no iba a
retomar el proyecto. Pero en un giro radical, meses después, con modificaciones a la obra propuesta e impulsada por Cristina Kirchner, decidió avanzar con la obra considerándola necesaria para la autonomía energética del país. Este año, previo al viaje del Presidente a China, Energía y Medio Ambiente habían asegurado que todo estaba cerrado para que el gi-
gante asiático firme el financiamien
to y se reactive la obra. Esto no fue así, y por el contrario prácticamente peligró el complejo hidroeléctrico.
La obra principal podría iniciarse en septiembre, con modificaciones a su proyecto original, si la audiencia pública por el impacto ambiental que se realiza el jueves en el Congreso llega a buen puerto (ver aparte). En el medio del debate ambiental, la cuestionada obra ya exigió sumas millo-
narias de fondos. Tras la decisión del Gobierno de impulsar la obra, la Corte Suprema puso el primer límite: sólo se pueden realizar tareas secun
darias en las villas donde se instalarán los trabajadores, pero no la obra primaria.
Durante estos meses, Electroingeniería presentó en el Ministerio de Energía reclamos por los "gastos im
productivos" por no haber iniciado la obra y las erogaciones para el personal que corren igual. Los pagos por estos rubros son los que exigieron unos 100 millones de dólares, según confirmaron a Clarín. Los reclamos al Estado por parte del consorcio a cargo de la obra, fueron para "mantener la estructura de trabajo", señalaron a Clarín. En el mo-
mento de pleno desarrollo de la obra se prometieron 5.000 puestos de trabajo. Ahora, en el predio se estima que hay unos 300 trabajadores.
Además, el Banco Central aún tiene en su poder 300 millones de dólares que envió China durante el gobierno de Cristina Kirchner para la obra y que aún no fueron aplicados, a raíz de los diferentes estudios y análisis a los que se sometió el proyecto original y las importantes modificaciones ya decididas.
Para que la obra se reactive, el Gobierno tuvo que realizar algunos cambios técnicos al proyecto original que licitó y adjudicó el extinto Ministerio de Planificación Federal que dirigió durante doce años Julio De Vido. Con un ahorro de 1.300 millones de dólares, la obra de 1.740 MW, se convirtió en un complejo de 1.290 MW. Para ello, se redujo la cantidad de turbinas de cada represa: la conocida como Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis, y la represa Jorge Cepernic, bajó de cinco a tres. Esta nueva redistribución de la energía se complementará con una línea de alta tensión de 500 KV.
El próximo paso, tras la audiencia pública, será que la Corte levante la prohibición dictaminada para la realización de la obra y así, las empresas podrán iniciar las tareas principales en Santa Cruz. La obra tiene un presupuesto de
4.700 millones de dólares que incluyen en el compromiso con China, 11.000 millones de dólares del swap con China, como "un mecanismo de contingencia para resguardar las inversiones en el país". Fueron los dólares que le sirvieron al Gobierno de Cristina Kirchner para fortalecer reservas, en medio del cepo cambiario.
"Era necesaria una revisión integral de diversos aspectos el proyecto con el fin de garantizar la viabilidad técnica, ambiental, económica, financiera y operativa de las obras, y verificar que los ajustes anteriores resulten consistentes con una gestión ambiental sustentable conforme a la norma legal vigente, durante la construcción y el período de operación y mantenimiento de las obras", detallaron fuentes oficiales al evaluar la factibilidad de la obra.
La obra promete la creación de los 5.000 puestos durante los años cinco años de ejecución previstos para el proyecto. Es lo que pide respetar la gobernadora Alicia Kirchner para garantizar puestos de trabajo en una provincia rodeada de conflictos. La obra promete además, regalías energética a Santa Cruz una vez que esté en funcionamiento.