Cuatro años después, ponen en marcha el registro nacional de violadores
Se sancionó por ley en 2013, pero nunca había sido reglamentado. Permitirá cotejar los perfiles genéticos de más de 20 mil personas condenadas por abusos sexuales.
La ley había sido sancionada en 2013 pero nunca se había reglamentado. Ahora le tomarán muestras de ADN a más de 20.000 condenados por delitos sexuales. Esos perfiles genéticos estarán en un banco de datos para que los puedan consultar jueces y fiscales de todo el país. Así esperan detectar a más culpables, en un delito con alta tasa de reincidencia. La iniciativa se reflotó tras el crimen de Micaela García en Entre Ríos, hace 3 meses.
El Poder Ejecutivo reglamentó finalmente ayer la ley que crea el “Registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual”, aprobada en 2013. Se trata de la norma 26.879, cuya implementación estaba en deuda desde el Gobierno y era reclamada intensamente por familiares de víctimas de violadores, en especial por los integrantes de la organización Madres del Dolor.
La ley fue reglamentada a través del decreto 522/2017, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Lino Barañao (Ciencia y Tecnología). La reglamentación se aceleró fuertemente tras el crimen de Micaela García, la joven violada y asesinada en Gualeguaychú en abril de este años. Micaela fue víctima de Sebastián Wagner, un hombre de 30 años que estuvo preso por dos casos de abuso sexual y que evadió la condena por un tercero. El Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, le dio la libertad condicional en julio del año pasado y así fue como Wagner volvió a las calles.
“El registro tendrá por finalidad facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual y con el objeto de proceder a individualizar a las personas responsables”, dicen los considerandos del decreto. En ese marco, se ordena la creación de una Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que deberá coordinar la implementación y el funcionamiento del registro nacional de datos genéticos.
Ese registro será, lisa y llanamente, una herramienta indispensable. Una gran base de ADN de condenados por delitos sexuales y otra de perfiles genéticos de evidencias correspondiente a autores ignorados. Mediante un software, se podrán efectuar comparaciones o matches en tiempo récord. Un violador reincidente podrá ser detectado, sin importar el lugar del país donde haya vuelto a cometer el delito.
Además, en el anexo del decreto se establece que los jueces que condenen a una persona por violación “deberán de ahora en adelante dentro de los cinco días hábiles de quedar firme la sentencia ordenar la realización del perfil genético del condenado y remitir los resultados al registro, de la forma en que corresponda hacerlo”.
En el caso de las sentencias dictadas con anterioridad a la vigencia del registro, la Justicia dispondrá de un plazo de seis meses para ordenar la extracción de muestras biológicas “para obtener el perfil genético de todos los condenados con sentencia firme”. Si el condenado está actualmente detenido cumpliendo su pena, ese plazo se reduce a dos meses. Se inicia por lo tanto un tiempo clave para recolectar los datos genéticos.
Respecto de cómo se harán estos perfiles genéticos, la reglamentación establece que “la obtención de ADN en todos los casos será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración el género y otras circunstancias particulares”.
Además, aclara que “el uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida, en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para su realización”.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, el total de las condenas en los últimos diez años por violación en la Argentina es de 18.296, pero corresponde sumar para el registro a aquellas condenas de incumplimiento efectivo dictadas en los años anteriores. Si se toma como punto de partida el año 2002 (se entiende por pena de cumplimiento efectivo a una condena mayor a tres años), la suma alcanza las 20.809. Se debe destacar además que entre 2005 y 2015, las condenas por delitos contra la integridad sexual crecieron más del 100% (1186 en 2005, 2428 en 2015).
En cuanto al costo de poner en marcha el registro, desde el Ministerio de Justicia explicaron a Clarín que será necesario obtener aproximadamente unos 18.000 patrones genéticos de los condenados históricos cuyas penas no hayan caducado, más los patrones genéticos de las muestras biológicas obtenidas en casos sin resolver. Para este primera etapa, se estima que el costo de los 20.000 estudios iniciales será de aproximadamente $2.500 cada uno. A este importe deberán agregarse los requerimiento de software y hardware necesarios para poner en funcionamiento las oficinas correspondientes y además para abastecer de la tecnología adecuada a los laboratorios .