Polonia aprueba una reforma que le da al Ejecutivo control sobre la Corte
El Parlamento polaco, controlado por los conservadores en el poder, aprobó ayer una controvertida ley sobre la Corte Suprema que la oposición denuncia como un “golpe de Estado”, ya que reduce la independencia de la justicia.
La norma, que ha provocado manifestaciones durante los últimos días y duras críticas de la Comisión Europea (CE), incluye algunas modificaciones sobre el texto original para calmar los ánimos. De todas maneras, facilita el control del Tribunal Supremo por parte del Gobierno y pone fin al mandato de los jueces de esta institución.
El Supremo tiene un papel muy importante en Polonia porque, además de supervisar el trabajo de los tribunales inferiores, confirma la validez de las elecciones parlamentarias y presidenciales y emite dictámenes sobre proyectos legislativos. Su relevancia es aún mayor si se tiene en cuenta la reforma del Tribunal Cons- titucional que entró en vigor el año pasado y que, según sus detractores, ha debilitado deliberadamente la institución y socavado su capacidad para revisar la constitucionalidad de las leyes.
La deriva autoritaria del gobierno polaco desató ayer por primera vez una dura reacción de Europa. La Comisión Europea amenazó expresamente a Varsovia con activar la próxima semana el artículo 7 del Tratado de la UE -que nunca se ha usado-, por poner en peligro la democracia. En la práctica, esto podría implicar suspender la membresía del país al bloque.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que Polonia está “muy cerca” de enfrentarse a esas sanciones porque la carga del gobierno del partido nacionalista PiS contra la independencia judicial supone “un riesgo sistémico para el Estado de derecho” y “abolir la independencia judicial”.
Bruselas lleva desde enero de 2016, apenas dos meses después de la llegada del PiS al poder, chocando con un gobierno de tendencia nacionalista que está avanzando sobre los medios de comunicación públicos, la educación, los servicios secretos y ahora todo el sistema judicial.
La Comisión Europea aseguró ayer que “si se aplican en su forma actual” las reformas judiciales, “tendrían un impacto negativo muy significativo en la independencia de la Justicia e incrementarían la amenaza sistémica al estado de derecho en Polonia”.
Bruselas también explicó que está estudiando sus opciones políticas y legales para hacer frente a la deriva polaca, y ahí apuntó a la posibilidad de activar las sanciones que prevé el artículo 7 del Tratado. Timmermans exigió a Varsovia que paralice sus iniciativas y se preste al diálogo.
El gobierno de la primera ministra Beata Szydlo -que responde a las órdenes del jefe del PiS, Jaroslaw Kaczynski- no da pasos atrás y podría perder sus derechos como miembro del bloque si los gobiernos europeos apoyan la iniciativa de Bruselas. “El estado de derecho es uno de los valores fundamentales de nuestra Unión; lo que está pasando en Polonia nos afecta a todos”, advirtió la Comisión Europea.