Jugada política de De Vido ante el juicio por Once: pide un jurado popular
Ante el Tribunal Oral Federal 4, el ex ministro se quejó porque será juzgado por pruebas recogidas en un expediente del que no fue parte. Los jurados populares no existen en el fuero federal.
Presentó un escrito ante el Tribunal Federal que lo juzgará por la tragedia ferroviaria que dejó 52 muertos. Allí advirtió que las pruebas en su contra fueron recogidas durante el proceso anterior, que no lo tenía como imputado. Y reclamó ser juzgado en un juicio por jurados, por razones de “transpa- rencia”. Es una maniobra para dilatar la causa: ese sistema no rige para casos del fuero federal, donde se tramita el caso en su contra.
Como del dios Jano de la mitología romana, el ex ministro Julio De Vido presentó ayer ante el Tribunal Oral Federal (TOF), que lo juzgará por su responsabilidad en la masacre ferro- viaria de Once, un escrito con dos caras opuestas. En la primera, con un argumento técnico sólido y atendible, su abogado Adrián Maloney advierte que De Vido comenzará a ser juzgado a causa de pruebas y conclusiones obtenidas en el primer juicio por la tragedia, del cual él no fue par- te. En lenguaje jurídico, quiere decir que no pudo controlar ni discutir esas pruebas. La otra cara de Jano es totalmente política, y pone al ex ministro -y a su abogado- al borde del ridículo: pidió que lo juzgue “un tribunal independiente e imparcial”, y para eso reclama un jurado popular.
Maloney sabe perfectamente que el Código de Procedimiento Penal de la Nación no contempla el juicio por
jurados integrados por ciudadanos, que pese a estar indicados en la Constitución Nacional hasta ahora sólo funcionan en las provincias de Córdoba, Neuquén, y, desde hace tres años en Buenos Aires, sólo para algunos delitos.
“Queremos que se conozca que hasta el momento nuestro cliente no ha tenido la oportunidad de tener un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal de estas características”, advirtió Maloney. “Hemos explicado que fue elevado a juicio como consecuencia de acusaciones que habían sido construidas en el juicio anterior –en el que no participó- y que le fueron trasladadas en forma automática. Denunciamos que una inédita instrucción express desconoció cada una de las etapas necesarias de un proceso penal: nunca fueron analizadas sus presentaciones, ni evaluados sus argumentos, y le fueron sistemáticamente denegadas todas las medidas de prueba que solicitó. En suma, llega a esta instancia sin haberse podido defender y sin contar con garantías de poder hacerlo en el juicio oral que se pretende llevar adelante si se continúa en estas condiciones”. concluyó.
El defensor de Julio De Vido entregó su escrito ante el TOF 4, como parte del trámite procesal de presenta- ción de pruebas previo a la fijación de una fecha de inicio para el comienzo de las audiencias. En su contragolpe, exigió “subsanar las graves irregularidades de la causa, como condición previa de la validez de cualquiera de las decisiones que vayan a adoptarse”.
Esa velada amenaza funciona como bisagra para la segunda parte del planteo de De Vido, en el que propone solucionar las sospechas y prevenciones para “contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial”, el reclamo a los jueces del tribunal para que evalúen “que el juicio sea llevado adelante con la intervención de jurados ciudadanos”. El pedido será rechazado por improcedente.
De Vido y su abogado apelan a la Constitución, que en los artículos 24, 75-12 y 118 prescriben los juicios por jurados como herramienta judicial de la república. Pero -como muchas otras indicaciones constitucionales, incluso algunas incorporadas en la
De Vido exige “un tribunal independiente e imparcial”. Según él, no lo sería el TOF que lo juzgará
Viene de la página 4 reforma de 1994- aún no son operativas, más allá de la conveniencia de que comenzar a discutirlo. En los hechos, la jugada de De Vido es un nuevo intento por retrasar el comienzo del juicio.
Pero Maloney insiste en que “la importancia de este caso impone la necesidad de que la sentencia sea dictada por un tribunal que no se vea sometido al inédito nivel de presiones que los poderes Ejecutivo y Legislativo vienen ejerciendo sobre el Judicial, garantizando a todas las partes una sentencia libre de sospechas vinculadas con las necesidades coyunturales de un gobierno; un tribunal que decida únicamente sobre la base de la prueba que examine durante las audiencias.” Política pura.
Respecto a la previsible respuesta a su pedido respecto a la constitución de un jurado popular, el abogado sugiere que “las particularidades de su implementación pueden ser resueltas mediante la celebración de una audiencia”. A través de Maloney, el diputado nacional kirchnerista -cuyo destino bajo esa condición también se discute en el Congreso- sostiene que un juicio por jurados sería el único “que garantice una respuesta institucional adecuada, en un contexto tan enrarecido y tan sensible al aprovechamiento político como el de la actual campaña electoral”.
En septiembre pasado, De Vido fue acusado por el juez Claudio Bonadio como responsable de una “administración fraudulenta” -respecto a los subsidios a las empresas de trenes- y estrago culposo”. Desde entonces, el ex ministro intentó evitar y demorar el inicio de las audiencias, que aún no tiene fecha. Ayer volvió a caminar ese sendero.