El Instituto Patria, el bunker K que está muy flojo de papeles
Centro de operaciones. Desde que dejó la Casa Rosada, Cristina Kirchner armó en el petit hotel de la calle Rodríguez Peña su bunker. Hay cifras que no cierran. Los balances que presentó al organismo de control revelan inconsistencias que nadie aún explicó
Una vez que dejó el poder, pasaron pocos meses hasta que retomó la actividad para intentar recuperarlo. Fue entonces cuando Cristina Fernández compró una de las primeras cosas que necesitaba para afrontar su objetivo: un vaso térmico, de esos que se usan para mantener caliente el café. Fue el 2 de febrero del 2016. Le costó $36,6. En rigor, no usó sus muchos ahorros en esa inversión doméstica. Usó los fondos de su nueva entidad, el “Instituto Patria”, que funciona como una gran unidad básica en un petit hotel de la calle Rodríguez Peña, en Capital Federal.
El vaso térmico, un aire acondicionado pagado el 15 de mayo del 2016, o un teléfono para poder hacer audioconferencias que se compró cinco días después a casi 10 mil pesos, son datos mínimos que se pueden encontrar en los balances que ese instituto presentó a la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula la actividad de sociedades como el “Patria”. Clarín accedió a esos documentos. Según una denuncia de la oposición, lo más sospechoso del Instituto es que no cumple con las leyes. Y, sobre todo, que sus cuentas millonarias son tan poco transparentes que se transformaron en un indicio de posibles maniobras de lavado de dinero. Quien analizó estos papeles fue Sil
vina Martínez, abogada de la precandidata a senadora por “1País”, Marga
rita Stolbizer. Ambas, fueron denunciantes de algunas de las causas judiciales que terminaron con procesamientos para Cristina Fernández. Ellas coinciden en que, una vez más, las cuentas de una sociedad K no cierran. Un ejemplo: el “Instituto Patria” funciona como una “Asociación Ci
vil”. En ocho meses pasó de un tener solo $1000 pesos de capital, a alcanzar $2.367.232. Esa cifra fue inscripta como verdadera ante la IGJ. El problema es que se desconoce quiénes son 223 socios de los 354 que tiene el “Patria” en total.
Esos socios son, supuestamente, quienes financian a la Asociación K. Solo 181 fueron registrados con nombre y apellido.
Martínez es una ex funcionaria de jerarquía de la IGJ.
La abogada le dijo a Clarín que “las sociedades y entidades donde intervienen los Kirchner nunca tuvieron un solo papel en regla. Y siempre lograron convertirlas en exitosas y prósperas en poco tiempo. Y el Instituto Patria no es la excepción”.
Y agrega: “No se sabe cuantos asociados tiene ni cuanto dinero recibe por donaciones o aportes. Esta información es clave para detectar operaciones de lavado de dinero”.
Las autoridades del “Instituto Patria” son Cristina Fernández, que ocupa el cargo de “Presidenta Honoraria”. El presidente de la entidad, y quien está a cargo de cumplimentar los papeles ante la IGJ, es el ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli. El vicepresidente es el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. La “secretaria” es la cantante Teresa Parodi. Y además trabajan para el “Patria” la actriz Rita Cortese; y el ex titular del Sistema de Medios Públicos K, Tristan
Bauer. Entre otros integrantes y financistas, se encuentran algunos de los intendentes del ex PJ K de Buenos Aires, como el jefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi.
Para aportarle dinero a esa asociación civil, se estipuló que en el 2017 los “socios fundadores” deben abonar 2 mil pesos por mes. Los llamados “socios activos” quinientos pesos. Los categorizados como “socios contribuyentes” mil pesos. Y los “socios adherentes trescientos pesos.
En sus primeros ochos meses, como se dijo, el “Instituto Patria” empezó a funcionar con un capital inicial
de mil pesos. Siempre según los papeles de la asociación K, el petit hotel en el que siempre funcionó la entidad, ubicado en la calle Rodríguez Peña número 80, se alquilaba a un costo inicial de 600 mil pesos men
suales. En los primeros ocho meses, aunque Parrilli no haya logrado inscribir la identidad de 244 de los financistas K, la unidad básica de lujo de Cristina alcanzó a tener $2.367.232 en su caja, gracias a los aportes de socios; adherentes y donaciones, entre otros items.
Pero en su contabilidad se registraron gastos por un millón ochocientos mil pesos. A ese monto se llegó, siempre según las matemáticas del señor Parrilli, tras pagar el alquiler del edificio; los elementos comprados en su primer año de funcionamiento, como el vaso térmico; una mesa; sueldos y viajes. En sus papeles oficiales figura la compra de una
“mesa de melanima”, pero no se registran compras de sillas.
Quizás los militantes y su jefa utilicen el mobiliario que ya se encontraba en el petit hotel alquilado.
En sueldos, el “Patria” inscribió gastos por 600 mil pesos amuales. Pero figura una deuda por carga social al 31 de diciembre del 2016 por poco más de dos mil pesos. El 2016 fue, para el “Instituto Patria”, un año de superávit. Cerró su caja con $ 618.345.
Según un análisis del equipo Stolbizer-Martínez, esas finanzas no son transparentes. Y la documentación que el presidente (del Instituto) Parrilli entregó a la IGJ también incumplen con las normas de ese organismo. Entre otras variables, en la propia web del Instituto se informa sobre diferentes actividades, cursos de capacitación; la publicación de una revista en internet en la que escriben plumas como las del ex ministro de Economía, Axel Kicilloff o el jurista Raúl Zaffaroni. Y otros eventos. Pero todo eso no le costó ni un peso al “Instituto Patria”. Lo dicen sus papeles.
Según Stolbizer y Martínez, uno de los principales incumplimientos del lugar utilizado por Cristina para impulsar sus acciones de campaña electoral, es que no le dio comprobantes al Estado que demuestren el origen de buena parte de sus fondos.
Martínez explicó que “la IGJ exige una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos a aquellas entidades que reciban donaciones o aportes por más de $ 200.000”.
Y agregó que esa cuestión básica de transparencia no se cumple en los balances del “Instituto Patria”: “No se entregaron a la IGJ la declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos del instituto. Creemos que se anotó un número menor relativo a donaciones y aportes de terceros, mientras que se elevó el monto recibido por cuotas sociales”. Esas operaciones podrían tener una razón, según las denunciantes: “Cuando contamos el valor de la cuota social y la cantidad de asociados no se llega a la cifra que se registró de modo oficial. De esta forma se trata de evitar informar sobre el origen de los fondos recibidos. Y tampoco existe la documentación respaldatoria que sustente de dónde provino ese dinero”.
Aunque busca ser senador por Buenos Aires, Cristina Fernández ocupa, a escala, un cargo de nombre similar al máximo al que alcanzo en su carrera política. En el “Instituto Patria” fue designada como la que Presidenta Honoraria”.