ANSeS está pagando juicios por aumentos de jubilados de las AFJP
ANSeS está pagando los juicios de los beneficiarios de las rentas vitalicias previsionales. Son los que se jubilaron o pensionaron por medio del sistema de AFJP, antes de 2008, y que cobran sus haberes mensuales a través de una compañía de seguros de retiro. Y que demandaron al Estado por- que cobraban menos que la mínima,
Esos jubilados o pensionados hicieron juicio porque percibían montos inferiores a la jubilación mínima o mucho menos que igual jubilado o pensionado del sistema público. El último dato oficial marca que aún
hay 125.922 personas que cobran estas rentas de estas empresas aseguradoras: 80.600 mujeres y 45.322 varones.
Por ejemplo, una pensionada por viudez, que cobraba en junio de este año $ 1.798 de una aseguradora, en julio pasó a cobrar el haber mínimo
de $ 6.394 porque ANSeS le pagó la diferencia. Y le pagó un retroactivo de más de $ 170.000 por las diferencias entre lo que estuvo cobrando hasta ahora de la aseguradora y los haberes mínimos vigentes con anterioridad hasta dos años anteriores a la demanda de amparo que presentó en su momento.
¿Por qué ANSeS tuvo que pagar todo ese dinero? Porque la Corte Suprema, en el caso "Etchart", determinó que el Estado debe asegurar el haber mínimo a los beneficiarios de las rentas vitalicias que cobran por debajo de ese piso. Para la Corte esas rentas vitalicias son de “naturaleza previsional” y “le son aplicables todas las garantías que protege a los jubilados, entre las que se encuentra la movilidad”.
Las rentas vitalicias previsionales son de montos bajos – explicó el abogado Ariel Simondet – porque, si bien tienen un piso de rendimiento anual del 4%, se ajustan por las rentabilidades de los fondos que administran las aseguradoras de retiro quienes transfirieron a los beneficiarios mucho menos que la inflación.
En otro fallo (“Depratí”) al comparar los aumentos dados por la compañía aseguradora privada a este jubilado por invalidez desde 2008 hasta febrero de 2016, la Corte Suprema dijo que fue del 87,86% y el otorgado a los jubilados del sistema público del 495,40%, con lo que “quedó en evidencia una brecha notoria en perjuicio del jubilado de magnitud confiscatoria”.