Lanzan un plan de obras en autopistas por $ 100.000 millones
El Gobierno busca que lo financien empresas privadas. Lo repagarán con las tasas de combustibles y peajes.
Apuntan a transformar en autopistas tramos de las rutas 3,5, 7, 8 y 9, entre otras.
El monto de los contratos es impactante: $ 100.000 millones. Pero, además, abre una puerta a una nueva manera de hacer obra pública, en la que el Estado se asocia a privados. Son licitaciones que se pondrán en marcha el mes próximo, y que prometen transformar en autopistas tramos de las rutas 3,5, 7, 8, 9, entre otras.
El sistema se llama APP, Asociación Pública Privada. Es el régimen que está creciendo en los países en desarrollo a pasos acelerado. Y aquí el Gobierno lo quiere poner en marcha como una forma de seguir impulsando la obra pública sin que el permanente crecimiento de la deuda pública encienda luces amarillas en el sistema financiero internacional. Usarán parte de los impuestos a los combustibles y, en algunos casos, peajes, para repagar la construcción.
“Estamos afinando los detalles para hacer los data room, donde se empiece a discutir los pliegos de licitación, en agosto”, dijo a Clarín el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. “Las licitaciones serían en octubre, y los contratos arrancarían en abril del año próximo, cuando vencen las actuales concesiones de los corredores viales”, agregó.
La ley de APP fue aprobada en noviembre pasado y reglamentada en febrero. En esa ocasión, el Gobierno señaló que viabilizaría inversiones por US$ 40.000 millones. En este primer testeo hablan de $ 100.000 millones. Pero habrá una segunda etapa de otras ampliaciones de rutas por $ 50.000 millones adicionales. En total, casi US$ 10.000 millones.
En el sector privado tienen muchas expectativas por el sistema. Aunque aseguran que en todos los países donde se está haciendo ha llevado tiempo implementarlo, por la complejidad de los contratos. Por caso, constructoras argentinas están hoy analizando los APP de Paraguay y Perú.
¿Cómo funciona el sistema? El Estado contrata a un privado una obra, que la hace y la financia, y el fisco la paga cuando está terminada, con
modalidades diferentes. Aquí se usarán los fondos de una tasa específica para obras que grava a los combustibles. “Recauda unos $ 10.000 millo
nes por año”, precisa Dietrich. El Presidente Macri tiene a su firma el decreto que le transfiere a Transporte el manejo de la Ucofin, el organismo que controla esos recursos.
Los corredores a licitar, hasta ahora, son 9. En el corredor A está la ruta 3 hasta Coronel Dorrego y la 226 entre Mar del Plata y Olavarría. En el B, la ruta 5 de Luján a Santa Rosa. En el C, la 7, en distintos tramos desde, también. Luján, hasta Luján de Cuyo. En el D, la 8 de Pilar a Villa Mercedes. En el E, la 9, entre Campana y Rosario. Otros tramos de la 9 está en el F, junto a parte de la 33 y. En el G está la 12 de Corrientes a Iguazú. En el H, la 9 de Santiago del Estero a Tucumán y Salta. En cada corredor hay otras rutas menores. Y podrían agregarse otros en los próximos días, en la medida
que el Gobierno consiga nuevas fuentes de financiación. Esas rutas, en general, ya tienen
peajes. Y se seguirá pagando, con “valores razonables”, dice Dietrich. Esos recursos se usarán para el manteni
miento. Pero en el caso de los tramos de mucho tráfico, que podrían generar excedentes, se usaría parte del dinero del peaje también para repagar las obras.
Este mes, en una gira que terminó hace una semana, funcionarios de Transporte estuvieron promocionando esta licitación en España, Francia e Italia: buscan potenciales interesados. Es que hace falta espalda financiera fuerte para encarar ese negocio: en Transporte suponen que cada grupo podría tener que financiar
hasta US$ 300 millones antes de empezar a cobrar, ya que el repago empieza con las obras terminadas.
En el data room que arrancará en agosto se discutirán los pliegos de la licitación: el Estado presentará un texto y espera que los privados aporten ideas para incorporar. Así quieren evitar que queden fuera de la licitación empresas por no cumplir con algún requisito que se pueda modificar. La licitación en sí sería en octubre. Todo, claro, en tiempos de elecciones. ¿Pura casualidad?
Según fuentes privadas, las complejidades de la APP pueden hacer que demore en su arranque. Ya hubo
una primera frustración: una empresa mexicana se fue dando un portazo después de que no le contestaran su propuesta de hacer cárceles con este régimen por US$ 1.000 millones. Ahora el Gobierno pretende que las petroleras financien con este sistema el tren de Bahía Blanca a Vaca Muerta. Hay tironeos. Pero el proyecto más avanzado es el de las rutas, coinciden funcionarios y privados. Allí están puestas las fichas.