Demandarán a Cristóbal López para que deje el departamento de Cristina
Lo hará el interventor judicial. Quiere que abone alquileres impagos por los pisos de Puerto Madero.
Con la finalización de la feria judicial, Cristóbal López sumará más problemas. Después de que el juez Claudio Bonadio lo intimó a dejar el departamento de Madero Center que es propiedad de Cristina Kirchner, esta se-
mana el interventor de Los Sauces
SA, demandará al empresario K. Buscan garantizarse "que salde deudas y deje el inmueble" de la calle Juana Manso 555. También, deberá remitir el contrato de locación del piso 4 L del mismo complejo, donde vive la ex mujer de Fabián De Sousa y regularizar "la deuda de los alquileres", con riesgo de ser desalojada. El dueño del Grupo Indalo se mudaría a las oficinas de la avenida Córdoba y despediría unas 30 personas que trabajan en Madero Center.
Los Sauces SA la inmobiliaria de la que son dueños Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, es investigada por lavado de activos. Desde 2009 tu- vo dos inquilinos exclusivos: Lázaro Báez y Cristóbal López. Ambos representaron el 86 % de la facturación de la firma dueña de ocho propiedades. Dos de esas propiedades -una serie de condominios- fueron construidas por Báez.
El socio comercial de los Kirchner preso en la Ruta del Dinero K no es más inquilino de la inmobiliaria. Cristóbal sigue alquilando y resiste. Hasta hace una semana, de hecho, se negaba a dejar la Unidad Funcional
440, pisos 8 y 9, de Madero Center. El dueño de Indalo lo transformó en un dúplex en el que invirtió miles de dólares para su refacción. El primer pedido de desalojo que
cursó el juez Bonadio la semana pasada cuando intimó a Cristina y a Florencia Kirchner a regularizar las deudas de sus casas, fue para Cristóbal López.
Con dos de sus empresas, Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S, les garantizó desde 2009, 2.447.500 dóla
res a los Kirchner por los alquileres del dúplex y cinco cocheras ubicadas en el edificio Madero Center de Puerto Madero, más el Piso 4 L y tres cocheras, que es habitado por la ex mujer de Fabián De Sousa, socio de López.
El magistrado le ordenó a López que "desaloje" el dúplex, donde el dueño del Grupo Indalo, tiene su oficina principal y donde funciona Administración Austral, la firma que nuclea las participaciones accionarias del empresario K en diferentes sociedades. El plazo estipulado es de quince días hábiles, "oportunidad en la
que deberá abonar la totalidad de los alquileres adeudados con los intereses correspondientes", indica la notificación.
Los plazos comenzaron a correr la semana pasada, sin embargo esta semana tras el inicio de la actividad judicial el interventor de Los Sauces SA demandará a Cristóbal López, según confirmaron a Clarín. Así, se buscará cobrar penalidades y deudas acumuladas y asegurarse el desalojo del departamento de Puerto Madero que alquila desde 2012 y que hasta febrero de este año, garantizó a la ex presidenta ingresos por 1.727.500 dólares.
¿Qué hará el empresario K? En principio, señalaron desde su entorno a Clarín, rechazaba la idea de irse. "Puso mucho dinero para remodelar el lugar y le queda en el mismo edi
ficio que su departamento", señalaron. Además, como apelaron la medida del juez, resiste en el dúplex hasta que la Justicia se expida. Sin embargo, ahora tendrá una demanda y orden de desalojo.
No hay opción para mantenerse en el edificio de Madero Center. "Despedirá a las 30 personas que trabaja ahí y mudará su oficina principal al edificio que el Grupo Indalo tiene en avenida Córdoba", reconocieron a este medio desde su entorno. Así, por orden de Bonadio que lo procesó por asociación ilícita y lavado de dinero, dejará de ser el principal inquilino de Cristina Kirchner, también procesada en la causa Los Sauces SA.
Cristóbal López deberá, además, resolver la situación del piso 4 L que está alquilado por Alcalis de la Patagonia una de sus empresas. En este caso, el juez ordenó que en el plazo de 72 horas (que se cumplen mañana) el empresario K y su socio De Sousa, presenten ante la Justicia el contrato de alquiler vigente y regularicen “el pago del alquiler adeudado desde diciembre de 2016", bajo el riesgo de iniciar acciones judiciales "de cobro y desalojo".