Juicios por ART: polémica por un nuevo registro que lanzó el Gobierno
Deben inscribirse aquellos trabajadores y abogados que demanden contra la ley que reformó el sistema.
¿Registro intimidatorio? ¿Lista negra? Es lo que dicen los abogados laboralistas en relación a la Resolución 760/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Esa norma creó un registro espe-
cial de trabajadores y abogados que hayan presentado o presenten demandas de inconstitucionalidad de la ley 27.348 que reformó el sistema de riesgos del trabajo.
En adelante, las ART y las empresas autoaseguradas deben suministrar datos de la demanda y los nombres del trabajador y del letrado que lo patrocina.
Además, otorga un plazo de 30 días para que esas empresas remitan esa información desde la vigencia de la reforma, en febrero de este año.
Matias Cremonte titular de la Asociación de Abogados Laboralistas le dijo a Clarín que “la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no pretende estudiar el grado de litigiosidad en materia de accidentes y enfermedades laborales”.
Según su razonamiento, la Superintendencia tampoco busca analizar las verdaderas causas que llevan a los trabajadores a tener que iniciar tales reclamos.
“El objetivo es perseguir a trabajadores y abogados que recurren directamente a la Justicia del Trabajo. Se trata de una manifiesta violación a la
Ley de Protección de los Datos Personales (Ley 25.326), del derecho a la privacidad y el libre ejercicio de la profesión de abogados/as”, sostuvo el abogado.
La Superintendencia señala que las demandas judiciales de inconstitucionalidad buscan evadir la instancia administrativa previa y obligatoria de las Comisiones Médicas.
Entonces el Registro, dice la Superintendencia, servirá como mecanismo para posibilitar “el resguardo y fortalecimiento” del Sistema, ya que se contará con “una herramienta informática que permita tomar conocimiento y analizar las presentaciones efectuadas en dicho ámbito”.
Asi, las ART y los empleadores autoasegurados deberán informar “con carácter de declaración jurada, los procesos judiciales en los que intervengan en carácter de demandada, codemandada, citada en garantía, por citación de terceros, con motivo de reclamos sustanciados en virtud de los cuales se interpongan planteos de inconstitucionalidad a los preceptos de la Ley 27348 o en su defecto al Decreto 54 de fecha 20 de enero de 2017, así como también las novedades que se produzcan en el desarrollo de los mencionados procesos”.
Para Cremonte, la resolución de la SRT “forma parte de la política del gobierno nacional de ataque a los abogados laboralistas y a la justicia del Trabajo. Primero nos acusan de mafiosos y ahora pretenden hacer una lista negra con quienes exigimos que se apliquen las garantías constitucionales”.