Clarín

Los Sauces: ahora sospechan de la inmobiliar­ia de Sancho y Sanfelice

El juez Bonadio cree que el local -del Condominio de Máximo y Florencia Kirchner- no tiene contrato de alquiler.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

Las sospechas sobre el universo de propiedade­s de la familia Kirchner, suman un nuevo capitulo. El juez Claudio Bonadio intimó a los ex socios de Máximo Kirchner de “Negocios Inmobiliar­ios SA”, Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice, para que entreguen en 72 horas el contrato de locación del lugar en el que funciona la firma. El inmueble integraba la Sucesión Néstor Kirchner y ahora el Condominio Máximo y Florencia Kir-

chner. La Justicia sospecha que “nunca se creó un contrato de alqui

ler”. De ser así, los obligarán a firmar un contrato con la intervento­ra judicial y pagar lo que no se abonó en concepto de alquileres atrasados.

Con el contador Víctor Manzanares acusado de obstrucció­n a la justicia y detenido desde hace tres semanas en el penal de Marcos Paz, las presuntas irregulari­dades sobre el manejo de las propiedade­s que integraron la herencia de Néstor Kirchner impulsaron nueva medidas judiciales.

El juez Bonadio intimó nuevamente a Carlos Sancho y a Osvaldo Sanfelice, ex socios de Máximo Kirchner en “Negocios Inmobiliar­ios SA”, conocida en Río Gallegos como Inmobiliar­ia Sancho, Sanfelice y Asociados. Las sospechas recaen sobre el manejo del local donde funciona la firma.

El emblemátic­o local se encuentra sobre la calle “Avenida Presidente Néstor Kirchner” al 496. Centro de reuniones políticas, sede laboral hasta el año pasado del hijo de los ex Presidente­s y actual diputado nacional por Santa Cruz, tiene una importante clientela de ex funcionari­os K: Carlos Zannini, Angelina Abbona, Liliana Korenfeld, Raúl Copetti y Carlos Sancho, entre otros.

La Justicia exigió que en 72 horas “abonen exclusivam­ente a la intervenci­ón del Condominio los alquile

res adeudados del inmueble de la Av. Nestor Kirchner 496 de Rio Gallegos”, el dinero -en caso de adeudarse-, deberá depositars­e o transferir­se “en la cuenta de la intervenci­ón”.

Según pudo saber Clarín, el juez Bonadio sospecha de que en realidad, “nunca se haya firmado un contrato de alquiler”. Por ello se les exigió una vez más a los dueños de Negocios In-

mobiliario­s que “entreguen todos los contratos de locación”, en caso de que se hayan celebrado.

Es la tercera intimación que la justicia realiza a Sancho (indagado hace una semana) y a Sanfelice (procesado por asociación ilícita y lavado de dinero) y “será la última, sino se evaluarán próximas medidas”. La inmobiliar­ia además, es investigad­a por la Unidad de Informació­n Finan

ciera (UIF) por un reporte de informació­n sospechosa (ROS) de medio millón de pesos, por el dudoso origen de fondos abonados por otro conocido de la familia Kirchner: Lázaro Báez.

Previo a estas medidas, el juez intimó a Florencia Kirchner a regulariza­r la deuda de 43.979 pesos -correspond­iente a gastos y expensas de este año-, del departamen­to de la calle San José 1111, propiedad de Los Sauces SA (inmobiliar­ia de la ex Presi-

denta investigad­a por lavado de dinero). Por ahora, la hija de Cristina no será desalojada de su casa.

El dinero fue debitado de la cuenta que Cristina Kirchner tiene en el Banco Nación y donde percibe su pensión por viudez. El monto reclamado fue transferid­o a la cuenta de la intervenci­ón judicial sobre la empresa, a cargo de Francisco Branda.

Otra de las sumas de dinero que recuperó el juzgado de Bonadio fueron los 174.348,90 pesos que la firma Organizaci­ón Turística Sur SRL -cuya singular irrupción en loe negocios de los Kirchner fue denunciada por Margarita Stolbizer- giró a la cuenta personal de Sancho, en concepto de alquiler del hotel Las Dunas.

El complejo hotelero es parte de los inmuebles del Condominio que explota el alquiler de las propiedade­s heredadas por el ex Presidente y que ahora comparten Máximo y Florencia. La semana pasada, Bonadio intimó al ex gobernador santacruce­ño a devolver los casi $ 175.000 que cobró.

“Lo retiré al día siguiente en efectivo y lo entregué al administra­dor”, señaló Carlos Sancho al argumentar que era “imposible cumplir con dicho pedido”. El juez decidió embargar la cuenta bancaria del ex gobernador, y de la misma debitar dicha suma y depositarl­a en la cuenta de la intervenci­ón del Condominio, a cargo de Raquel Moyano.

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OPI SANTA CRUZ. Sociedad. La inmobiliar­ia que ahora comparten Carlos Sancho y “Bochi” Sanfelice, y que antes también era de Máximo Kirchner.

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