Vidal, Macri, gobernadores: juego por plata donde alguno perderá

Ya hay una puja que implica por lo menos $ 52.000 millones al año. Y se viene otra también millonaria: el reparto del impuesto al cheque.

Hay una ensalada de números en la disputa que enfrenta a Buenos Aires con el resto de las provincias por el viejo Fondo del Conurbano. Más que una ensalada de números, mejor sería decir que hay una montaña de plata en jue

go y un final abierto donde existirán, inevitablemente, ganadores y perdedores.

Creado en 1992 para reparar la coparticipación que Buenos Aires había resignado en los ‘80, el Fondo arrancó con un reparto de la recaudación del Impuesto a las Ganancias que le asignaba el 10% o, como mínimo, $ 650 millones al año. El excedente se repartiría entre las otras jurisdicciones, excluida la actual Ciudad Autónoma.

Pero el problema, la verdadera historia, empezó a mediados de los ‘90, cuando los 650 millones fueron congelados y se dispuso que la recaudación restante fuese a las provincias. A 22 en total y según la coparticipación que a cada una le tocara.

Desde entonces, Buenos Aires pierde plata a paladas. En números de todo el 2017, esos 650 millones no llegarán ni al 0,5% de

Ganancias, o sea, lejísimo del 10% original. Hubo en tiempos muy recientes una gran paradoja, o ninguna paradoja: los Kirchner jamás admitieron considerar la situación bonaerense, pese a tener allí a alguien del palo propio. Como bien sabe Daniel Scioli, siempre dócil además, mantener una provincia quebrada era pasto para cualquier chantaje que sirviera al poder central.

¿Y qué ha reclamado ahora María Eugenia Vidal ante la Corte Suprema de Justicia? Ha reclamado justamente justicia: que el Fondo vuelva a ser lo que fue al principio.

El Iaraf, un instituto especializado en análisis fiscal, estima que el 10% pleno de Ganancias representaría este año 53.024

millones de pesos. Descontada la garantía de 650 millones, la cuenta final arroja $ 52.374 millones.

Pesos más, pesos menos, ese monto recuperaría Vidal y el mismo monto perderían 22 provincias. Sin excepciones, todas caerían en la volteada aunque medido en plata contante y sonante los grandes derrotados irían desde Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, hasta Tucumán, Chaco y Mendoza. O desde $ 5.900 millones a $ 2.760 millones por cabeza.

Es obvio que ningún gobernador aceptará ceder la cantidad de dinero que surgiría del reclamo de Vidal. Admiten que Buenos Aires ha sido injustamente castigada durante años, pero al mismo tiempo plantean que la plata

salga de la Nación. Eso explica que la liga de mandatarios siga creciendo: los une finalmente el espanto.

Está claro que el gobierno de Mauricio Macri es parte del problema, solo que si para las provincias $ 52.374 millones implican un agujero fiscal considerable también lo es para el Presidente. Todo cuenta al fin, y cuenta sobre todo cuando mandan los déficits profundos.

El Iaraf baraja varias alternativas al planteo de Vidal. En la mayoría la gobernadora resigna algo de lo que pide pero, aunque menos, siempre las provincias salen perdiendo.

Previsible ya, los gobernadores contraatacarán con los recursos que dejan en manos del poder central por el muy desparejo reparto de la coparticipación tributaria. Primero en la lista va el impuesto al cheque y le siguen las tajadas del IVA (11% del ingreso total) y de Ganancias (20%) que quedan en la ANSeS; más los gravámenes a los cigarrillos, el monotributo y combustibles.

Pero la madre de todas las batallas o, mejor, de las negociaciones que vienen, será el impuesto al cheque. Sencillo: de ahí entre las veinticuatro provincias comparten apenas el 17% de la recaudación. El 83% va para la Nación, incluido poco más del 2% de ANSeS.

Más nítida surge la desigualdad, si se proyecta a todo el año la actual recaudación del impuesto. Esto arroja notables $ 139.000 mi

llones contra sólo $ 29.000 millones distribuidos en el conglomerado provincial.

Semejante engendro nació en 2001, con la emergencia económica de Domingo Cavallo. Y se mantuvo tal cual está, sin que ninguno de los gobernadores del PJ o sus legisladores hubiese exigido nunca nada. Menos, por supuesto, durante la década larga de kirchnerismo.

Pero pronto habrá una oportunidad, pues el impuesto vence a fin de año. Y como el resultado de dejarlo caer dejará a todos sin un peso, la partida se dirimirá en la negociación de reformas al sistema de reparto.

Esa oportunidad aparecerá probablemente pasado octubre y con el resultado de octubre ya puesto. Quizás antes asome un toma y daca entre el macrismo, los gobernadores y el arco peronista o una mezcla de alternativas en la que cada uno intentará perder lo menos posible o ganar lo más posible.

Será entonces el turno de otra paradoja, como sería la de mantener en pie un impuesto considerado distorsivo sin excepciones. Se le atribuye desalentar la bancarización y estimular la evasión, o sea, la economía en negro, y también entorpecer procesos productivos sobre los cuales baja en cascada. Todo luce gravoso, salvo en un punto: rinde

rápido y rinde mucha plata. Después del IVA, de los aportes a la Seguridad Social y de Ganancias, viene el impuesto a cheque.

Pasado octubre Cambiemos no dejará de ser minoría, pero cuánto se sabrá en octubre. También se sabrá cómo quedaron los tantos en el peronismo. En ese Congreso se discutirá el cheque, entre otras cosas pesadas.