Límites de la democracia cortoplacista Hugo Quiroga
Vivimos en la era del gusto por las decisiones discrecionales, en el universo de los cotos reservados, en el auge de la patrimonialización de la política, en la expansión de las desigualdades múltiples y en los desafíos del cambio climático. La mejor respuesta a estos problemas estructurales se perfila en las políticas de largo plazo, de gran alcance, para gestionar los graves obstáculos del presente que se prolongan en el futuro.
Los problemas de millones de argentinos no pueden resolverse sólo con políticas de
la inmediatez, de corto plazo. La democracia cortoplacista retarda las soluciones de fondo. Es la que tenemos desde hace más de treinta años. Hoy, escasean las políticas públicas y sobran los turnos electorales. La distancia representativa entre gobernantes y gobernados se agudiza cuando no funciona el símbolo y la acción del buen gobierno. Su responsabilidad es hacer lo necesario para crecer gestionando los asuntos comunes.
En la deriva del corto plazo y en la desvalorización de otras formas de participación más activas que las urnas, prevalece una fuerza retórica anclada en la asiduidad de la competencia electoral que lo abarca todo. Las elecciones son el punto de partida irremplazable de la democracia representativa, pero solas no garantizan la vida democrática; esto es, la democracia como experiencia cotidiana y la democracia como buen gobierno.
La reconfiguración del sistema político por la que atraviesa la Argentina desde el colapso institucional de 2001 es un asunto público que alude a pensar acuerdos con esca- las temporales más amplias. La política del poder estatal no puede quedar sometida a ningún tipo de intimidación de las corporaciones ni a la invocación de la fatalidad. El Estado y los ciudadanos se tienen que hacer cargo de sus actos y de la buena marcha de las instituciones, para constituir todavía con más fuerza las instancias políticas ante las cuales los dirigentes deberían ser llamados a rendir cuenta.
La blandura del poder judicial, la opacidad y lentitud de sus resoluciones, plantean las cosas en el plano de la responsabilidad jerárquica estatal y en las sospechas de culpas de desgobierno. Aunque sea archisabido, conviene decirlo una vez más, el poder judicial es el poder del Estado que administra justicia en la sociedad, razón crucial por la que no puede escapar de sus responsabilidades. La disfunción en la toma de sus sentencias también queda vinculada en un proceso que consiste en rendir cuentas.
En la competencia electoral de estos días asoman programas desprovistos de una ética reformista, con escasas diferenciaciones políti-- cas e ideológicas, que adoptan de más en más tácticas en función de cálculos electorales. La escala temporal del largo plazo está muy condicionada por las votaciones frecuentes que aleja a los gobernantes de las políticas de gran alcance.
En nuestro país, votamos cada dos años por expresa disposición constitucional para la renovación parcial de las cámaras de diputados y senadores. A estas elecciones generales se les suma el régimen de “elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias” (PASO) que duplican los turnos electorales. El pensamiento y la acción gubernamental de largo plazo se dificultan con la renovación legislativa de medio término. La solución no se halla en la derogación de las PASO –a pesar del poco interés de los partidos en competir y de la obligatoriedad del voto-, porque la duración y renovación de los mandatos lo establece la Constitución.
Las razones del malestar de los ciudadanos son estructurales, razones que calan a fondo sus vidas, y que no pueden ser resueltas definitivamente por un patrón coyuntural de la acti- vidad socio-económica. La mayor frecuencia electoral no conduce a una mejor democracia. Con este sistema, cualquier gobierno gestiona durante un año y al siguiente se dedica a la competencia electoral de “medio término¨; al año la siguiente se ocupa de la gestión gubernamental pensando en las elecciones generales que lo sostendrán o lo alejarán del poder. Los cambios constitucionales son posibles. Dejar a un lado las elecciones de medio término no significa abdicar de la democracia; en varios países de la región los comicios legislativos transcurren cada cuatro años.
Naturalmente, esta no es la única razón de la ausencia de reformas estructurales en la Argentina, ni siquiera la de mayor relevancia. Pero el sentido de ausencia internó al país en un proceso de decadencia, en un ciclo de declive, que requiere para su superación de fuerzas de ruptura con voluntad de reforma. No ayuda para ello un sistema en el que se vota cada dos años. Hay que complejizar a la democracia, innovar la representación, e ir más allá de las elecciones como forma de distribución del poder.
El horizonte de ideas se encoge cuando ya no se piensa en alternativas estratégicas, lo que adelgaza, por tanto, la sustancia democrática. El tema en cuestión es saber si el Estado puede combinar con éxito, a través de sus políticas públicas, los dos caminos necesarios, a veces contrarios, para encausar la decadencia y satisfacer las expectativas de beneficios de corto plazo.
¿Cómo trascender la democracia electiva y marchar hacia el buen gobierno? Numerosas respuestas han puesto el foco en el sorteo político como un modo de enriquecer a la democracia electiva y ampliar las bases de toma de decisiones. La democracia republicana, siempre abierta a las innovaciones y a la actuación autónoma de los ciudadanos, debe evitar que un abultado cronograma electoral condicione los asuntos públicos en aras del interés general.