Pierde una casa
El hombre preso por los bolsos llenos de dinero podría ahora perder un casa en el Tigre, que la Justicia determinó que era suya. La Oficina Anticorrupción pidió que la propiedad se use con fines sociales.
El segundo procesamiento por enriquecimiento que recibió José López, el ex secretario de Obras públicas del kirchnerismo, fue a causa de una propiedad en Tigre. El juez Daniel Rafecas consideró que él era el propietario de la casa donde vivía (y que supuestamente alquilaba) en Dique Luján. Eduardo Gutiérrez -supuesto testaferro de López- ahora reclama a la Justicia que le devuelvan el inmueble, argumentando que “la propiedad legal y registral” le pertenece. Pero la Oficina Anticorrupción (OA) que es querellante en la causa, pidió al juez que el inmueble sea entregado al Estado “para fines sociales”.
El ex funcionario K se valió- según la Justicia- de la ayuda de Gutiérrez y Andrés Galera, que actuaron como “personas interpuestas con la finalidad de disimular el incremento patrimonial ilícito” de López. Todos es- tán procesados y tienen el pedido de elevación a juicio oral.
Galera fue el titular de la casa desde mayo de 2008, cuando la compró por 112.000 dólares. En 2010 la vendió a Gutiérrez por 150.000 dólares. Un año después, el propietario firmó un contrato de alquiler con López, que se renovó hasta enero de 2017. Sin embargo, “entre 2009 y 2011 el arquitecto Fernando Curcio se encargó de construir la casa bajo las órdenes de López y su mujer”, indicó el juez. La pro-
piedad fue tasada en 680.000 dólares.
La defensa de Gutiérrez reclamó la vivienda, que se encuentra desocupada desde que López cayó preso hace quince meses. Dice que la propiedad legal y registral le pertenecen.
Pero según la OA, Gutiérrez olvida que en la causa se lo procesó “justamente por haber simulado ser el pro
pietario real del inmueble en cuestión que fuera adquirido por José Lopez, a través del su incremento patrimonial ilícito e injustificado por el que deberá responder junto a su esposa y el mismo Gutiérrez como testaferro”. El planteo fue confirmado por la Cámara Federal.
El organismo que conduce Laura Alonso coincidió con Gutiérrez sobre la necesidad de adoptar medidas para que la casa no se desvalorice. Afirma que, si bien se espera que el Congreso vote el proyecto de ley de extin- ción de dominio de bienes producto de la corrupción, “estimamos que deberá dársele intervención al Estado Nacional, verdadera víctima inmediata de estos hechos, a fin de que administre el inmueble en cuestión”.
La OA sugirió que la casa de Tigre “se entregue a la Agencia de Administración de Bienes del Estado”, para ofrecerla “a provincias, municipios, comunas u ONGs que pueden solicitar un permiso de uso o custodia sobre inmuebles y, de esta manera brindar solución a las problemáticas locales y revalorizar su función social”. Con esa medida se busca “conservar de manera eficiente la posibilidad de reparación del daño patrimonial derivado de la actividad delictiva imputada”, y a su vez “salvaguardar la potestad confiscatoria del Estado con relación a los beneficios derivados de la actividad delictiva”.