El gobierno de Venezuela avanza en la proscripción de los opositores
Condenaron a otro alcalde y prohibieron hablar a López. Para las elecciones, hará falta tener “buena conducta”.
La posibilidad de una elección limpia en Venezuela está cada vez más lejos. Después de que los opositores de la Mesa de la Unidad Democrática anunciaran el miércoles su participación en las elecciones regionales de diciembre, el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que sólo podrán presentarse los titulares de un “certificado de buena conducta”,que por cierto entregará el régimen de Caracas.
No fue el único ataque contra la disidencia. Desde la Corte Suprema, que recibe órdenes directas del Poder Ejecutivo chavista, se ordenó el encarcelamiento de otro alcalde opositor, David Smolansky, de El Hatillo, condenado a 15 meses de prisión por no reprimir las protestas en su municipio. Asimismo, se prohibió al dirigente opositor Leopoldo López comunicarse desde su casa, donde debe completar una condena de 13 años y 9 meses.
“El que quiera ir debe tener un certificado de buena conducta de la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Cabello sobre los candidatos a las elecciones a gobernador de diciembre, pospuestas sin motivo por el Consejo Nacional Electoral desde hace nueve meses. “Si usted cree, señor amargado, que ahora se va a inscribir después de mandar a quemar Venezuela o irse por el mundo diciendo que va a invadir Venezuela, usted rodó, papá”, dijo también el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
La Constituyente de la que hablaba Cabello desde su programa semanal de televisión es la que se formó a partir de las elecciones del 30 de julio con el objetivo declarado de modificar la Carta Magna y unas bases electorales diseñadas para asegurarle una mayoría chavista. Según los opositores, la intención no declarada es invalidar al Parlamento, de mayoría opositora, y manipular las elecciones para que las urnas no reflejen la bajísima popularidad del chavismo. Con sus declaraciones sobre la “buena conducta”, Cabello confirmó y aumentó esos temores. La Constituyente tiene un plazo previsto de dos años para modificar la Carta Magna (y extender, de paso, “certificados de buena conducta”) pero, como recordó en televisión, puede extenderlo a “cuatro, cinco o seis años”.
Un venezolano que tendrá que esperar más de seis años para hablar al exterior es el preso político Leopoldo López, el dirigente opositor de Voluntad Popular que cumple condena en régimen de prisión domiciliaria luego de que un tribunal chavista lo encontrara culpable de instigación a la violencia durante las protestas de 2014. La Corte le impuso ayer la prohibición “categórica y absoluta”, en palabras de su abogado Juan Carlos Gutiérrez, de “transmitir información, bajo cualquier tipo de circunstancia”.
En la noche del miércoles, el tribunal también condenó al alcalde de El Hatillo, David Smolansky, con una condena de 15 meses de prisión por no reprimir las protestas contra el gobierno en su municipio. Según la oposición venezolana, otros 23 alcaldes tienen causas judiciales abiertas y podrían ser destituidos. “Han buscado caminos distintos a los legales para producir la salida anticipada de alcaldes de cada uno de los cargos”, explicó ayer el alcalde de Baruta (este de Caracas), el opositor Gerardo Blyde.
Blyde también recordó que, sólo en el último mes, cuatro alcaldes fueron apartados de sus cargos por el TSJ: Smolansky (El Hatillo), Ramón Muchacho (Chacao), Gustavo Marcano (Lecherías) y Alfredo Ramos (Barquisimeto). Las cuatro causas se debieron a la negativa de reprimir las protestas contra el Gobierno. Marcano, Muchacho y Smolansky no se han entregado a la justicia. Sólo Ramos está preso.