El Gobierno y las provincias acuerdan un techo para el gasto y el empleo público
Los límites serán la inflación y el aumento de la población, respectivamente. Regiría desde 2018.
El Gobierno planea enviar al Congreso un anteproyecto de ley de reforma del régimen federal de responsabilidad fiscal con el objetivo que, desde 2018, el gasto público de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se mantengan constantes en términos reales y el crecimiento del empleo público no supere un techo. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y sus pares de otras jurisdicciones llegaron ayer a un acuerdo durante la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal en el Palacio de Hacienda. Firmaron todas las provincias que forman parte del consejo, menos Catamarca. El proyecto del oficialismo tiene tres aristas fundamentales. Primero, el crecimiento del gasto corriente primario -nacional y provincial- debe mantenerse en términos constantes, esto es, su aumento no debe ser mayor al del IPC Nacio- nal. El objetivo es reducir el peso relativo del Estado en la economía a medida que esta crezca.
Segundo, en caso que la Nación o una provincia incurran en déficit primario o un pago de intereses de la deuda mayor al 15% de sus ingresos, el gasto primario total deberá permanecer constante. La Nación podrá netear el gasto previsional -casi la mitad del total y tiene una tendencia creciente por la movilidad jubilatoria-. Tercero, y por último, la Nación, las provincias y la Ciudad, se comprometen a no subir el empleo público a una tasa mayor que el aumento de la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción.
Otras propuestas del anteproyecto son la creación de fondos anticícli
cos fiscales, que serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit. El plan del oficialismo incluye también incorporar restricciones al incremento del gasto durante los últimos seis
meses de gestión de cada gobierno y
el compromiso a no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.
El proyecto del oficialismo resulta una modificación a una ley del kir
chnerismo (25.917). En 2004 Néstor Kirchner envió la primera ley de Responsabilidad Fiscal con el fin de auditar las cuentas de las provincias. La norma había sido uno de los pedidos del FMI mientras Argentina, en paralelo, buscaba convencer a los acreedores a través de un canje para salir del default. El mismo kirchnerismo, unos años después, en 2009, suspendió varios de los artículos de esa ley, entre los cuales uno reglamentaba que el crecimiento del gasto no podía superar al del PBI. Como la economía ese año cayó más de 6%, y para evitar un ajuste fiscal, Cristina Kirchner decidió saltear la norma.
Trece años después, en otro contexto, el Gobierno y las provincias intentarán modificar estos criterios que los economistas llaman ‘procíclicos’, esto es, que las erogaciones del Estado se muevan a la par del ciclo económico. Por eso ahora buscarán que la variación del gasto no quede sujeto a los vaivenes de la actividad (PBI) sino a los de los precios (IPC Nacional).
El anteproyecto carece de metas. Sólo establece una regla para mantener el gasto público en términos reales. En caso de aprobarse entraría en vigencia el 1 de enero de 2018. El Gobierno pretende que la discusión ocurra con la del Presupuesto Nacional.
Dujovne, cuando asumió, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal. El año pasado hubo un acuerdo-marco que contó con criterios no vinculantes para las provincias.
Un reciente estudio sobre Argentina que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) comentó “si es aprobado” el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, significará “un techo útil
al gasto, aunque debería ser mejorado por un compromiso a largo plazo de mantener un control sobre la marcha de las cuentas públicas”.