El chavismo ya prepara la censura en las redes
Castigarán a quienes cometan “delitos de odio” en Venezuela.
La Asamblea Constituyente de Venezuela avanza rápidamente hacia el control total de los espacios de difusión que más incomodan al gobierno de Nicolás Maduro, como es el caso de las redes sociales por donde se filtran datos críticos y reacciones populares, o se exponen los episodios más brutales de la represión.
El órgano, integrado únicamente por representantes afines al gobierno y cuestionada por organismos internacionales, decidió regular el uso de las redes sociales y sancionar con duras penas a quienes cometan una difusa transgresión a la que denominaron “delitos de odio”.
“Va a estar incorporado en esta ley lo que tiene ver con la regulación de la emisión de mensajes de odio e intolerancia y fuertes sanciones cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia”, afirmó Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, al anunciar la controvertida medida.
La ex canciller de Maduro justificó este cercenamiento de la opinión pública con el mismo argumento que utiliza el gobierno cuando se habla de la devastadora crisis social y económica: operaciones del “imperia
lismo”. “El pueblo venezolano ha sido víctima de laboratorios de guerra psicológica diseñada en los centros imperiales para llevar a Venezuela a una confrontación fraticida a través del impulso y la promoción del odio”, dijo. Y agregó: “El Estado venezolano debe actuar”.
Para los analistas, además de acallar las críticas, la ley apunta especialmente a encarcelar a dirigentes
opositores de distintas jerarquías, incluyendo a cuadros medios y bajos. En cierta forma Rodríguez lo admitió en su discurso al señalar que está dirigida a quienes “han promovido el odio en Venezuela, el odio racial, clasista y político”.
Sin dar demasiados detalles, aclaró que una vez definido el marco jurídico de la norma no sólo habría sanciones contra personas, sino también “penalizaciones a las empresas proveedoras de redes sociales”.
Se la denomina Ley de Convivencia y Contra la Intolerancia, y está compuesta por 13 artículos. Según se adelantó, podría haber sanciones contra compañías digitales como Twitter o Instagram en caso de que no acepten borrar publicaciones que el gobierno considere “de odio” o “intolerantes”.
En el marco del debate de la Asamblea, según informó El Nacional, algunos constituyentes del oficialismo, como el caso de Esther Quiaro, reclamaron que la medida no sólo comprenda a las redes sociales tradicionales, sino que se extienda también a las cadenas de “WhatsApp” porque, según dijo, “por ahí pasaban mensajes acusando a ciudadanos por ser chavistas”.
Rodríguez, en tanto, alegó que las redes sociales se han convertido en Venezuela “en la plataforma más grotesca y brutal para atentar contra la integridad del pueblo”, por lo que “debe haber regulación a la empresa proveedora de esos mensajes”.
En el último año hubo numerosos casos de funcionarios chavistas escrachados en las redes sociales. Algunos de ellos fueron filmados por venezolanos en el exterior cuando iban a comer a lujosos restaurantes, y luego difundidos en Twitter y Facebook. Estos videos tienen una enorme popularidad, y se viralizan rápidamente.
La familia de Delcy Rodríguez sufrió en carne propia esta situación. De hecho la presidenta de la Constituyente se indignó con el caso de su hermano, el alcalde del municipio caraqueño Libertador, Jorge Rodríguez, quien fue filmado por un grupo de venezolanos el fin de semana pasado en una calle de México, mientras le gritaban “asesino”.
“Hubo un tuit de un partido opositor amenazando al alcalde de Caracas; esas expresiones, amenazas de muerte, esas expresiones de odio deben acabarse en Venezuela y por eso esta ley va a contener sanciones para el delito de odio, va a contener sanciones y regulaciones en los medios
de comunicación”, afirmó Rodríguez. En forma paralela a esta ley de censura en las redes, la presidenta de la Asamblea Constituyente destacó la tarea que le espera a la brumosa Comisión de la Verdad. Dijo que juzgará a los supuestos responsables de la “violencia política” en el país, que tienen que ver con los casos de crímenes de odio, similar al argumento de la Ley de Convivencia y contra la Intolerancia. Señaló que la gravedad de los hechos merecen un significativo aumento en las penas de prisión, y que el “arrepentimiento no exime de responsabilidad”.
Muchos ven en estas leyes una neta ofensiva contra los candidatos partidos opositores nucleados en la Mesa de Unidad Democrática, y especialmente contra los numerosos dirigentes estudiantiles que surgieron en la masiva ola de protesta que surgieron en abril pasado y que dejaron más de 130 muertos.