Echan al jefe de Inteligencia de la Bonaerense y buscan frenar la ola de violencia
Se trata del comisario Héctor Valentín Puente. Lo decidió el ministro Ritondo con el aval de Vidal.
El gobierno provincial desplazó al superintendente de Inteligencia de la Policía, Héctor Puente. Lo hizo tras el ataque del jueves en La Plata, donde grupos anarquistas incendiaron autos en el Ministerio de Seguridad. Creen que hay sectores violentos que buscan victimizarse.
En un trámite celerísimo después de los episodios violentos en la capital bonaerense del jueves, que incluyeron el incendio de dos vehículos en el playón de estacionamiento del ministerio de Seguridad, el comisario general Héctor Va-
lentín Puente quedó desplazado de la Superintendencia de Inteligencia Cri
minal de la Policía bonaerense. La medida fue resuelta por el ministro Cristian Ritondo. Una comunicación del funcionario con la gobernadora María Eugenia Vidal completó el expediente del retiro del comisario.
La aparente defección en la tarea de detectar, como paso previo, y para controlar, después, los ataques contra edificios públicos y particulares, precipitaron la determinación de remplazarlo. Permanecía bajo observancia desde algunas semanas.
En menos de una hora de aquella noche, algunos integrantes de la marcha por Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto en Chu-
but, apedrearon la Casa de Gobierno bonaerense, provocaron rotura de vidrios y destrozos en el despacho del jefe de Gabinete, Federico Salvai e intentaron incendiar parte de la fa
chada del edificio. Luego, se trasladaron cien metros hasta el Banco Galicia para continuar con los destrozos, y en la esquina de la entidad financiera, donde funciona el Anexo del Senado –en el ex Banco Hipotecario- arrojaron una bomba molotov que hizo combustión en el subsuelo quemando muebles y mampostería.
Por dichos del ministro Ritondo, no se descartó que minutos después, el mismo grupo hiciera traslado hasta el playón de esa cartera, en la calle 2, distante tres cuadras de la Gober- nación, para accionar un dispositivo de bidones con combustibles, mecha y pólvora que terminó quemando dos vehículos e hiriendo a un policía. Si así ocurrió, como adelantó Clarín, se habría registrado una laguna operativa de los encargados de la fuerza de seguridad responsables de anticiparse a estos movimientos, que se autoadjudican personas con identidad política en el anarquismo.
En ese punto, reside la complejidad de esta controversia. En todo momento, Vidal pidió que haya “equilibrio” en el manejo de la represión. Están en la disyuntiva, como admiten en el oficialismo: “Si actuamos y hay heridos nos critican, y si dejamos de actuar también”.
Puente no habría encajado en el esquema. Integraba la cúpula de la Policía desde la gestión del ex jefe Pablo Bressi. Con la salida de Bressi, el área de Inteligencia Criminal debía pasar a manos de un civil. Esa orden estuvo en línea con la política del gobierno nacional, que dispuso la coordinación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre las inteligencias policiales.
Aunque Puente continuó como titular del área, pasó a depender directamente del subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación, Vicente “Tito” Ventura Barreiro, un colaborador de máxima confianza de Cristian Ritondo. Tiene a cargo controlar la capacitación de personal para acciones de movilizaciones callejeras. “Falta profesionalización en esa tarea”, asume Ritondo. Pero también estructura. La Policía no dispone de camión hidrante para disuasión y represión. “Desde hace 15 años que no compran ese tipo de vehículos”, explican en Seguridad.
“¿Qué es más importante, la cámara o encriptación de teléfonos y la digitalización del 911¿. Cuando nos hicimos cargo (2015) no había wi fi ni conexión internet”, refutan en el ministerio.
La cuestión más sensible es la falta de Inteligencia referida a “las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías”. Es una previsión de la Ley 25.520. La misma norma que establece: “Ningún organismo de inteligencia puede obtener o almacenar información por cuestiones raciales, religiosas, acciones privadas o de pertenencia política”.
Con esa angostura legal debe manejarse la Seguridad provincial. ¿Es lo mismo el delito en una marcha que el crimen organizado?
El viernes, el ministro también incorporó la hipótesis de la mafia detrás de la quema en el estacionamiento del ministerio. La falta de certeza, en uno u otro sentido, dejaría al descubierto la falta de información calificada.