Prohíben salir del país al vicepresidente de Ecuador, acusado en el caso Odebrecht
La justicia ecuatoriana hizo lugar a un pedido de la Fiscalía y dispuso ayer la prohibición de salida del país para el vicepresidente Jorge Glas, vinculado a una investigación penal por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal general, Carlos Baca, pidió la medida cautelar contra Glas en una audiencia en la que el vicepresidente fue involucrado junto a otras diez personas en la causa por el caso Ode- brecht. Glas está bajo sospecha por el presunto delito de asociación ilícita para obtener beneficios en contratos, durante el pasado gobierno de Rafael Correa, del que también fue vicepresidente.
Con esta decisión del juez Miguel Jurado, se abre un plazo de 30 días durante el cual los 11 involucrados podrían presentar pruebas que demuestren su inocencia. Glas conserva el cargo de vicepresidente a pesar de que el actual mandatario, Lenín Moreno, le quitó su confianza y lo des- pojó de funciones.
El fiscal Baca se abstuvo de pedir prisión condicional para el vicepresidente porque ha atendido las citaciones que se le han hecho. Por su cargo debe movilizarse dentro del país y por la misma causa está rodeado de seguridad las 24 horas del día.
Jose Conceicao Filho, ex director de Odebrecht en Ecuador, confesó haber pagado al menos 14,1 millones de dólares a Glas a cambio de contratos con el gobierno. Sin embargo, el vicepresidente sostiene que las reunio- nes con funcionarios de la empresa brasileña fueron para exigir la reparación de obras y niega cualquier vinculación en la trama de sobornos.
Entre los sindicados figuran ex funcionarios de la constructora, de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, de la ecuatoriana Petroecuador y Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador que fue destituido por el Congreso de mayoría oficialista.
Baca dijo que hay “fundamentos” para procesar a Glas, a quien el Parlamento retiró la inmunidad para que eventualmente pudiera ser enjuiciado. El vicepresidente se dice víctima de una persecución política y mediática y asegura que no hay pruebas que lo comprometan. Su abogado, Eduardo Loor Franco, rechazó la imputación en la audiencia de ayer y exigió pruebas contra su cliente, quien durante los últimos cuatro años de gobierno de Correa (de 2013 a mayo de este año) también fue ministro coordinador de Sectores Estratégicos. Desde esa posición, según las pesquisas de la Fiscalía a partir de “delaciones premiadas” de ex ejecutivos de Odebrecht, el funcionario participó activamente en una red que cambiaba contratos por sobornos.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para seis sindicados, algunos extranjeros ex directivos de Odebrecht y Pdvsa que están fuera de Ecuador.
El caso Odebrecht, por el que hay decenas de funcionarios y empresarios brasileños acusados, y que golpea a políticos de varios países de la región, se destapó en Ecuador en diciembre pasado luego de la revelación del Departamento de Justicia de EE.UU. de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.