Gils Carbó rechazó la acusación de fraude en la compra del edificio
Indagada por el juez Ercolini, la procuradora negó ser responsable de una maniobra y del pago de sobreprecios.
“Niego los hechos que se me atribuyen”, fue lo primero que dijo la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó cuando estuvo ayer
frente al juez Julián Ercolini por primera vez indagada en una causa por
corrupción. Con tono amable pero firme, y segura en sus argumentos, así se mostró la funcionaria durante las cuatro horas que estuvo en Comodoro Py. Presentó un escrito de 113 páginas, pero además de su exposición
respondió dos preguntas. Está acu
sada de presunto fraude por la compra de un edificio por más de 43 millones de pesos.
Puntual y bajo un importante dispositivo de seguridad, la procuradorallegó a los Tribunales de Comodoro Py para declarar ante Ercolini y el fis-
cal Eduardo Taiano en la causa en la que también se la acusa de abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles
con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para una sede de su organismo.
La Procuradora ingresó al despacho del juez después de las 10.30, acompañada por colaboradores y personal de seguridad. Durante las más de dos horas que llevó la indagatoria, sólo tomó agua. No hizo ninguna referencia a Cristina Kirchner, quien la propuso para el cargo que ocupa y al cual el actual Gobierno le
pide que renuncie.
Gils Carbó negó todas las acusaciones en su contra y cargó duramente contra el subdirector general Guillermo Alfredo Bellingi como responsable de los delitos que se le atribuyen, y consideró “inadmisible” que se la acuse de beneficiarse con la operación del edificio de la calle Perón 667.
El juez Ercolini consideró que Gils Carbó y Bellingi violaron “los debe
res a su cargo”, y que “diagramaron un complejo entramado” para que “en forma directa o a través de intermediarios” se haya adquirido el edificio.
La operación se concretó por 43.850.000 pesos. Bellingi fue considerado el “cerebro de la operación” y fue quien contrató a Juan Carlos Thill (su medio hermano) para hacer de intermediario con la imobiliaria Jaureguiberry. Esto permitió que obtuviera una comisión de 7,7 millones de pesos, “por encima de los valores de mercado”: no debería haber sido superior a los 3 millones de pesos. Además, la justicia sostuvo que la compra fue por un “monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto”.
Gils Carbó se defendió diciendo que se pagó “el precio por metro cua
drado más bajo de las ofertas y 1,2 millón de pesos menos del valor total tasado por el Tribunal de Tasaciones”, negando los sobreprecios planteados en la causa. Y negó haberse beneficiado con la compra que tuvo cuatro licitaciones fallidas: “no ingresó dinero a su patrimonio por fuera del salario”, respondió en su informe.
Durante una gran parte de su exposición se concentró en Bellingi, a quien negó como “su segundo”. “No tuvo una relación de confianza ni formó parte del gabinete de la procuradora”, planteó en el escrito. Allí tambnién dice que las presuntas irregularidades penales y administrativas “se circunscriben a maniobras de Bellingi y Thill. Bellingi defraudó la confianza de la Procuración. Ninguna de las autoridades del organismo conocía a Thill” y reiteró que todo le fue “ocultado”, tanto la relación familiar como la relación con Jaureguibery.
Con su declaración finalizó la ronda de indagatorias en la primera causa por corrupción que tiene la jefa de los fiscales federales.