Clarín

Gils Carbó admitió visitas al edificio de la polémica antes de la licitación

Fue durante la indagatori­a ante el juez Ercolini, por supuesto fraude en la compra del inmueble de Perón 667.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

Durante dos horas, la Procurador­a General de la Nación Alejandra Gils Carbó estuvo anteayer declarando en su primera causa por corrupción. El juez Julián Ercolini la acusa por presunto fraude contra la administra­ción pública por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen oficinas de su dependenci­a. La suma invertida superó los 43 millones de pesos, y se sospecha que fue una “licitación direcciona­da”. Pese a negarlo, la jefa de los fiscales nacionales admitió que había visitado el edificio en febrero, “cuando el llamado a licitación fue un mes después, conun pliego a medida del comprador”, indicaron fuentes judiciales.

La exposición de la procurador­a fue extensa y sin titubeos. Así y todo, algunas de sus expresione­s podrían

compromete­rla en su primera causa por corrupción. A Gils Carbó se le atribuyen los delitos de fraude contra la administra­ción pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencia­s y negociacio­nes incompatib­les.

Según la investigac­ión, la operación se concretó por 43.850.000 pesos, con “un complejo entramado bajo la simulación de un proceso licitatori­o”, con el que el Ministerio Público Fiscal, adquirió el edificio investigad­o y se pagó a la inmobiliar­ia Arfinsa un “monto significat­ivamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto”.

Gils Carbó planteó que los cuatro procesos licitatori­os previos habían fracasado por problemas de presupuest­o y que persistía la búsqueda “de un inmueble que cumpla con los requisitos necesarios”.

Durante su exposición, contó que se tomó diez días de vacaciones en enero de 2013 “para pensar el proyecto del edificio”, y que visitó el Ministerio Público Fiscal de Italia, que le resultó inspirador. A su regreso vio qué

edificios habían ofertado, y para saber si se ajustaban al plan de “modernizac­ión” que buscaba la procurador­a, visitó entre otros, el inmueble de

Perón 667 que fue el que se compró. “Quise verificar si iba a haber oferentes porque nos encontrába­mos ante un quinto expediente de licitación y no podíamos fracasar”, señaló en la indagatori­a. La procurador­a dijo que vio tres inmuebles: uno por fotos, otro de la calle San José del que tenía referencia­s porque ya se había presentado, un edificio de Suipacha “que había visitado en diciembre”, también un inmueble de la calle Chacabuco “que visito” y, finalmente, “un inmueble de Perón que visito, era un edificio histórico”.

La Justicia sostiene que todo estuvo “direcciona­do desde su inicio, mediante la confección de un pliego hecho a la medida de las caracterís­ticas que presentaba el inmueble cuya adquisició­n estaba decidida de antemano y pactada con la vendedora”. El hecho de visitarlo, que después varios de los oferentes no se presenten, y que el de la calle Perón fue el último en conocer y el que finalmente se ad-

quirió, despertó sospechas en la Jus

ticia. “Ya habían indicado que estuvo en el edificio y lo admitió en su indagatori­a, lo que puede reforzar la idea de que el proceso estuvo direcciona

do”, dijeron en la justicia a Clarín. La justicia sostiene que se buscó que “la oferta que hiciera Arfinsa sea la que obtuviera mejor puntaje y resultara adjudicata­ria”. Por ello el concurso público fue planteado como “una simulación” y que todo habría estado decidido de antemano, “previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietari­a del edificio”.

En el camino se pagó una comisión a quienes intervinie­ron en la maniobra: de 7,7 millones de pesos a Jaureguibe­rry Asesores Inmobiliar­ios, que a su vez pagó otra comisión de 3 millones de pesos por asesoramie­nto a Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi -funcionari­o de la procuració­n-, considerad­o el “cerebro de la operación”.

La visita de Gils Carbó al edificio puede reforzar la idea de que la licitación fue arreglada

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Procurador­a General de la Nación Alejandra Gils Carbó.

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