Clarín

Odebrecht: llaman a indagatori­a a Ben y Biancuzzo por AySA

- Lucía Salinas

En la causa que investiga el pago de sobornos de Odebrecht para la obstrucció­n de dos plantas potabiliza­doras adjudicada­s por AySA, el juez Sebastián Casanello llamó a indagatori­a a Carlos Ben y a Raúl Biancuzzo ex directivos de AySA durante la gestión kirchneris­ta.

Asimismo, indagará a los responsabl­es de un conjunto de constructo­ras, tanto a las autoridade­s de la firma brasileña, como también a Carlos Wagner dueño de Esuco una importante contratist­a del Estado du-

rante la anterior gestión, también a Benito Roggio y otras firmas involu

cradas en la causa. Se les imputa el delito de negociacio­nes incompatib­les y defraudaci­ón al Estado.

En total, Casaenllo citó a 28 peronas, a quienes indagará entre el 1 de noviembre y el 13 de diciembre. En todos los casos además ordenó la inhibición de bienes de los imputados. Bajo la premisa de que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administra­tivos para favorecer negocios con empresario­s privados,, y tal como había pedido el fiscal Federico Delgado, el juez Casanello avanzó en la causa donde se investiga la adjudicaci­ón y ejecución de dos plantas potabiliza­doras de AySA.

El magistrado sostuvo que, en función de la prueba reunida “las contrataci­ones estuvieron previament­e direcciona­das” y que el llamado a licitación pública fue tan sólo “una puesta en escena para disfrazar negocios previament­e acordados”.

Bajo esta misma premisa, se planteó que hubo una “ficción sobre el

mejor precio” y que ambas obras expusieron “la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos”. Se investigan dos obras. Paraná de Las Palmas (en Tigre), se adjudicó a Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcci­ones y Supercemen­to en UTE, por un 25% más

alto que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones de pesos a 2.200 millones. Con retrasos permanente­s (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%.

La otra obra, una planta de tratamient­o de efluentes cloacales de Berazategu­i, fue hecha por el Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigad­a en el Lava Jato) y Esuco. Esta planta fue licitada por 324 millo

nes de pesos en 2007, y su adjudicaci­ón se realizó por 481.764.394 pesos.

En ambas obras, según consignó el juez. participar­on “firmas brasileras involucrad­as en mayor o menor medida en el Lava Jato” la causa por lavado de dinero y corrupción que tiene como protagonis­ta a Odebrecht, el gigante de la construcci­ón que pagó sobornos en doce países para obtener obras: en Argentina habrían sido de 100 millones de dólares.

Para el llamado a indagatori­a fue clave un informe de la Procuradur­ía de Investigac­iones Administra­tivas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez. El documento consigna el análisis sobre los dos pliegos licitatori­os cuestionad­os, en lo que detectó una serie de “groseras irregulari­dades” y patrones en común. “El comportami­ento de los funcionari­os públicos como el del sector privado muestran la manipulaci­ón de los procesos licitatori­os”, que fueron “calcados” y con pocos meses de diferencia uno del otro, según afirman fuentes judiciales. w

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