Corrupción, narcotráfico y terrorismo
La Comisión de Reforma del Código Penal (CP), creada por el Poder Ejecutivo en marzo de este año, se encuentra estudiando la posible incorporación de diversas modificaciones en la parte general y especial del CP que podrían generar un impacto sustancial en la investigación y sanción de los delitos de corrupción y narcotráfico.
El objetivo es facilitar la sanción de los responsables de delitos de corrupción y narcotráfico mediante un aumento de las escalas penales y la incorporación de institutos novedosos, en respuesta a los intereses de la sociedad. En el marco de las modificaciones a la parte general que se encuentran bajo estudio de la Comisión, se destaca la ampliación de la jurisdicción argentina, en tanto se contemplaría la jurisdicción universal de nuestro país para juzgar ciertos delitos particulares (genocidio, lesa humanidad) y se introduciría el principio de nacionalidad activa y pasiva (recomendaciones realizadas por el OCDE).
La Comisión advirtió la problemática existente en la actualidad vinculada a la de
sactualización de las penas de multa y, consecuentemente, se está analizando la adopción de sistema de fijación de penas pecuniarias medidas en días-multa, sistema que utilizaría el salario mínimo vital y móvil como pauta de actualización. También, que si el condenado no cumpliere el pago de la multa en el plazo fijado en la sentencia, pudiendo hacerlo, la multa se convertirá en prisión de cumplimiento efectivo.
La Comisión evalúa la posibilidad de incorporar la responsabilidad de las personas jurídicas por determinados delitos previstos en el C.P. Sobre esta última cuestión, se establecería el criterio de responsabilidad por culpa in vigilando, excluyéndose la responsa-
bilidad de la entidad cuando se hubiesen adoptado y cumplido los procedimientos de control y supervisión internos, idóneos para prevenir el delito de que se trate (normas de compliance). Las sanciones que podrían preverse para las personas jurídicas son: multa, la suspensión de actividades; del uso de patentes y marcas; la publicación de la sentencia condenatoria a su costa en dos diarios de circulación nacional; la pérdida de los beneficios o subsidios estata
les de los que gozare; o para participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado; y/o la cancelación de la personería jurídica de la persona jurídica.
Se discute la posibilidad de ampliar los su- puestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investigue corrupción, narcotrafico, lavado de dinero, terrorismo.
Se incorporan nuevas causales de interrupción de la prescripción de la acción penal, como la declaración de rebeldía y la solicitud de extradición. Esta cláusula resultaría útil para impedir la paralización de las investigaciones cuando se trata del delito de corrupción nacional e internacional. Se analiza introducir la definición de funcionario público extranjero, entendido como aquella persona designada o electa para cumplir una función pública, en cualquiera de sus niveles o divisiones territoriales de gobierno, o en toda clase de organismo, agencia o empresa pública en
donde dicho Estado ejerza una influencia directa o indirecta.
Se incorpora la figura del colaborador eficaz para los delitos de soborno transnacional, asociación ilícita, delitos de corrupción y delitos contra el orden económico, cuando durante la sustanciación del proceso del que la persona sea parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles, así como la disminución de la pena.
La Comisión mantendría el mayor reproche traducido en una mayor sanción penal cuando quien comete el delito de lavado de activos realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza o fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones.
La Comisión está tomando en consideración las Convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada TransnacionaI, la Represión de la Financiación del Terrorismo (ONU 1999), la Convención Interamericana contra el Terrorismo (OEA), Protocolos Universales contra el Terrorismo, las recomendaciones del GAFI, la proporcionalidad con los demás delitos y penas del CP.
Se considera la incorporación del delito de terrorismo y de su financiamiento con autó
noma dentro de la parte especial del C.P. Finalmente, se evalúa la posibilidad de elevar las escalas penales para los delitos de narcotráfico como así también los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y de reformular el delito de enriquecimiento ilícito, de manera que abarque el período entre la fecha de la elección popular del funcionario y la asunción en el cargo público para el que fue electo. Es un desafío enorme darle a la sociedad, después de 100 años que lleva el actual CP, un contrato social moderno que fije los delitos y las penas en forma coherente. Que tipifique las nuevas modalidades delictivas. Un CP que permita impartir justicia y una aplicación efectiva de la ley penal, en tiempo oportuno, dando protección a la víctima y seguridad jurídica a la sociedad .