Los discapacitados que llegan a escuelas comunes son minoría
Según datos oficiales, sólo cuatro de cada diez chicos acceden a ese derecho. Afirman que muchos colegios ponen obstáculos, en especial en el sector privado.
Aunque desde 2006 una ley indica que los alumnos con una discapacidad deben ser integrados en la educación común, 6 de cada diez chicos siguen estudiando en colegios especiales. Si bien la cifra se triplicó en los últimos quince años, muchas escuelas ponen obstáculos para aceptarlos. El caso de un alumno con Asperger en una primaria de Merlo desnudó los conflictos que este tema todavía provoca en la convivencia en las aulas.
En el país, unos 77 mil alumnos con discapacidad están integrados. En tanto, otros 124 mil asisten a escuelas de educación especial, según datos aportados a Clarín por la Secretaría de Gestión Educativa de la Nación.
Esto quiere decir que seis de cada diez de estos chicos no tienen un lugar en aulas de niveles inicial, prima
rio o secundario. En muchos casos, por las dificultades con las que se encuentran sus padres para inscribirlos en “colegios regulares”, según explicaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El tema volvió a debatirse luego de que se viralizara un polémico chat en el que las madres de los compañeros de un nene con Asperger festejaban al en- terarse de que lo habían cambiado de curso en un instituto de Merlo.
En la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional en Argentina desde 2014, hay un apartado específico que se refiere al derecho a la educación inclusi
va, que también está contemplado en los fundamentos de la Ley de Educación Nacional (la 26.206).
“A través de este marco normativo se debe garantizar el acceso integrado a las escuelas para todos los niños, independientemente de la discapacidad que tengan”, explica Cristina Lovari, coordinadora de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, quien remarca que en los últimos 14 años se triplicó la cantidad de alumnos con discapacidad que estudian integrados. “Pasaron de ser 21 mil en 2003 a 77 mil en la actualidad”, resalta Lovari.
La referente de Educación Inclusiva sostiene que existen herramientas para abordar estos casos. “La Resolución 311, aprobada por el Consejo Federal de Educación a fines del año pasado, suma criterios de acción para la inclusión de alumnos con discapacidad. Y frente a situaciones como la de la escuela de Merlo existen protocolos de convivencia escolar que apuntan a generar instancias de diálogo y comunicación, a aceptar las diferencias y evitar actos de discriminación”, agrega Lovari. Sin embargo, desde ACIJ aseguran que aún falta bastante. “Todavía existe segregación de chicos, no se logra la inclusión en las escuelas regulares. Además, muchas veces desde los colegios encaran maniobras que apuntan a derivar a los niños con discapacidad a entornos separados en vez de procurar su integración en la escuela: se rechaza su inscripción bajo el argumento de que el colegio no ‘realiza integración’ o no está preparado, que no tiene vacantes o que las exigencias son muy altas”, afirma Pamela Smith, del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la entidad.
Para Smith, incluso después de haber sido matriculados, hay inconvenientes. Entre ellos, que “algunas instituciones se resisten a la asistencia con maestras integradoras”.
Otra dificultad se da a la hora de adaptar la currícula a las necesidades del niño. “No se proveen los ajustes razonables”, remarca. Y agrega que si bien las barreras de acceso están presentes tanto en el ámbito público como privado, “el panorama es más
complejo en este último porque no existen mecanismos de control y sanción por parte del Estado”.
Paola Giaccio, mamá del niño con Asperger del Instituto San Antonio, de Merlo (ver aparte), vive esta situación en carne propia. “Estuve averiguando para cambiarlo de institución. Me frena el hecho de que pierda a sus compañeros y maestros ya que eso puede implicar un retroceso en él. Pero eso no es lo único: me topé con dificultades para que lo acepten
en otro lado”, le dice Paola a Clarín. “Fui a un colegio y me dijeron que no había lugar para él porque ya tenían a un nene integrado. En otro lo dejaron en lista de espera aunque con la aclaración de que ‘no es común que haya movimientos’. Por el acompañamiento que necesita parece que no tenemos derecho a elegir”, suma la mamá.
“Sólo algunas jurisdicciones tienen un cupo de alumnos con discapacidad que requieran acompañamiento por aula. Fijarlo tiene que ver con limitar la cantidad de adultos presentes en las clases. El máximo, en los casos en los que está estipulado, suele ser de tres integradoras por curso”, detalla Lovari.
Desde Inadi manifestaron “su preocupación” por el caso e informaron que “el área de Educación tomó contacto con los directivos del colegio y fijó ya una visita al lugar”. Desde el organismo precisaron a Clarín que de los casos de discriminación registrados entre 2016 y 2017 en el ámbito educativo, más del 25% tuvo que ver con la discapacidad de la persona afectada. En casi el 60% de los casos la víctima presentaba una discapacidad psicosocial.