Crece la tensión
El Parlamento aprobará mañana dos leyes clave para la ruptura con España. Según Madrid, todo es ilegal.
Las dos leyes que envió al Parlamento serán aprobadas mañana. Son clave para la ruptura con España y la declaración unilateral de la independencia, a un mes del referéndum. Para Madrid es todo ilegal.
Esta es “la semana del choque institucional”, cuando se sancionarán en el Parlamento autonómico las dos leyes clave para la ruptura entre Cataluña y España, el reemplazo de la legalidad española por la catalana. Ambas serán anuladas por el Tribunal Constitucional español, así como el referéndum convocado por la Generalitat para el 1° de octubre próximo.
La primera es la Ley de Referéndum que será aprobada mañana por la mayoría parlamentaria. La otra, más profunda y tajante, se denomina “Ley de la Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República”, que puede también ser aprobada mañana o pasado. Puede retrasarse hasta el 20 ó 21 de septiembre, no más allá.
Ayer mismo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, otra vez contundente, anunció que el planteo del gobierno catalán (Generalitat) apoyado por una mayoría absoluta en el Parlamento es un “golpe de estado” y un “fracaso” que no logrará sus propósitos. “No habrá ningún referéndum ilegal”, prometió.
Todo parece encaminarse a un fracaso del llamado “process”, que ya lleva años en desarrollo, y se trazó un camino sin retorno con su fórmula “Referéndum sí o sí”; quería decir o por las buenas o por las malas. Pero está claro que los independentistas, que jamás han llegado en elecciones formales a superar el 47,2% de los votos contra 52,8% de los constitucionalistas, no van a cargar con el pesado fardo del descalabro y han planeado cuidadosamente cómo echarle el muerto al gobierno de España.
La clave se llama “DUI”, siglas muy conocidas de la Declaración Unilateral de Independencia, es decir, la implantación inmediata de la República de Catalunya soslayando el plesbicito a favor de una proclamación de la mayoría parlamentaria respaldada por la Generalitat. Su paridora es la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que regula la transición institucional entre la legalidad española, desconociendo la Constitución y la catalana.
Los secesionistas han coreado que con estas dos leyes “dinamitan” el llamado “process”. Es cierto. Lo que queda se parece al arduo camino de la liberación nacional. Fidel Castro repetía: “El inconveniente que tiene el proceso de liberación nacional es que hay que pelearlo”.
Entre los separatistas más enconados y los radicales antisistema se encuentran los más vigorosos sostenedores de la DUI, que siempre desdeñaron las posibilidades del “referéndum sí o sí” contra el enorme poder del Estado español, respaldado por una abrumadora mayoría de la población española.
El “DUI” no es una novedad y menos un secreto. Se ha debatido y especulado sobre sus méritos aunque carece de credenciales democráticas. Imaginar “legalmente” la Declaración Unilateral ha sido un largo proceso de elaboración legal a cargo de prestigiosos juristas catalanes. El resultado ha sido un ultrasecreto texto que contiene 89 artículos y una declaración final que dispara el “DUI”, culpando a Rajoy.
Este cuerpo legal, que estaba ocultado por muy pocos elegidos, fue publicado a bombo y platillo por el diario El País, el de mayor circulación y prestigio, y su revelación calificada como “una falsedad”. Fue reemplazado por otro texto, más o menos igual, y convertido en la Ley de Transitoriedad; de hecho, la Constitución catalana hasta la prevista ratificación plesbicitaria de la Carta Magna repu- blicana en un año y medio.
Todo está perfectamente calculado teniendo en cuenta que el poderoso Ejecutivo español pondrá para abortar el referéndum ilegal todos sus cuantiosos recursos de poder y servicio de inteligencia, que incluyen los de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El cañón que alberga al “DUI” está contenido en la Declaración Final de la Ley de Transitoriedad. “Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento”. Ahora es “Independencia Sí o Sí”. O por el referéndum o por la unilateralidad. Estas tribulaciones serán ilegalizadas por el Constitucional de manera fulminante.
Amanece en Cataluña el primero de octubre. Algunos voluntarios han transportado la indispensables urnas a lugares de votación. Los Mossos de Esquadra están desplegados y cuidan los lugares de votación. El gobierno lanza sus iniciativas, protagonizadas por órdenes judiciales para los Mossos que tienen que apoderarse hasta del último objeto de la parafernalia electoral. ¿Los Mossos a un lado y otro? ¿Qué legalidad obedecerán? ¿La española, que paga sus sueldos y a la que han jurado lealtad? ¿O la de la Generalitat? Los mandatos judiciales, para hacer cumplir las órdenes del Constitucional, tienen que ser obedecidos a rajatabla. Y sin rechistar porque la desobediencia, para un policía judicial, se convierte en desacato, apartamiento de su situación como funcionario público, incluido sueldo, y un proceso penal.
Al atardecer de este conjetural primero de octubre, el destino ha jugado sus alternativas. Es el “Encuentro con la realidad”, al que rinde culto un antiguo templo griego en la actual Turquía. ¿Qué va a pasar? El presidente de la Generalitat ya anunció que concurrirá como siempre a su despacho. Dirigentes de Esquerra Republicana advirtieron ayer que, si el Estado aborta por la fuerza el referéndum, “nos lanzaremos de inmediato a las calles”. Quizás serán expresiones favorables a la liberación nacional. ”Habrá que pelearla”. Recuerden a Fidel.