Detienen a 27 policías rosarinos por la desaparición y muerte de un albañil
Entre los apuntados están el jefe de Asuntos Internos y los agentes de la comisaría donde cayó preso el joven.
La investigación por el asesinato de Franco Casco, un joven de 20 años que desapareció luego de estar alojado una comisaría de Rosario y cuyo cuerpo apareció 22 días después en el río Paraná, apunta directamente a la estructura de la Policía de Santa Fe. Ayer, fueron detenidos 27 agentes, entre los que figura el jefe de Asuntos Internos de la Fuerza, y quedaron en la mira al menos cuatro médicos forenses.
El juez Federal Carlos Vera Barros dispuso ayer el arresto de 32 personas. Anoche, 27 de ellos habían sido apresadas o se presentaron voluntariamente. El trámite de las declaraciones indagatorias se desarrollará durante varios días. Entre los detenidos, cinco pertenecen a Asuntos Internos y una gran mayoría formaba parte del personal de la seccional 7°, donde estuvo detenido Casco.
El ministro de Gobierno, Pablo Farías, consideró que la investigación no tendría por qué complicar al actual jefe de Policía de Santa Fe, José Luis Amaya, quien tenía a cargo la Unidad Regional II de Rosario para el 6 de octubre de 2014, fecha de la desaparición.
Ayer se inició la ronda de indagatorias con Aníbal Candia, jefe de Asuntos Internos, división encargada de investigar el accionar de los policías. Candia se presentó voluntariamente.
Los detenidos quedaron alojados en la sede de Gendarmería, que actuó en los allanamientos. Las indagatorias serán clave para determinar el grado de responsabilidad que tuvo ca- da uno en la desaparición y posterior muerte de Casco. También en el ocultamiento de pruebas.
La víctima había viajado desde Florencio Varela para visitar familiares en Rosario. Era peón de albañil y padre de un chico. De acuerdo al relato policial fue detenido el 6 de octubre de 2014 por resistencia y atentado contra la autoridad, pero liberado horas más tarde por orden judicial. Sin embargo, nadie lo vio desde esa fecha. Su cuerpo fue hallado en el río, 22 días después. Desde el primer momento los fa- miliares del joven denunciaron que fue golpeado brutalmente dentro de la comisaría, lo que provocó su muerte, y que la firma en la que quedó asentada su salida fue falsificada.
Un mes después de hallarse el cuerpo, la investigación pasó de la Justicia provincial a los tribunales Federales, al determinarse que se trató de una desaparición forzada de persona. La autopsia confirmó que fue arrojado al río ya sin vida.
El fiscal Marcelo Degiovanni planteó en su investigación que resulta “palmaria” la falsedad de las actuaciones policiales confeccionadas en torno a la detención de Casco. El funcionario judicial acusó además al personal de Asuntos Internos de desviar “interesadamente” la investigación hacia pistas falsas para evitar avanzar sobre los policías.
“De los 24 testimonios de personas que estuvieron detenidas en la comisaría 7° se concluye, como dato inocultable y concluyente, que el personal de esa dependencia realizaba cotidianamente sobre los jóvenes allí alojados tratos crueles, inhumanos y/o degradantes”, planteó Degiovanni.
Salvador Vera, abogado de la querella, denunció ayer otra irregularidad de la causa: dijo que la familia Casco no tiene la certeza de que el cuerpo que le entregaron para sepul
tar fuera el de la víctima. Oscar Casco, padre del chico, dijo estar “conforme” con el trabajo de la Justicia, pero ratificó las mismas dudas planteadas por Vera.