Suma sospechas
Por adjudicación y sin licitación, pagó 1,5 millón de pesos en mobiliario y cuadros para sus oficinas.
Cerca de ser procesada por la compra de un edificio para la Procuración, ahora están bajo sospecha los gastos en mobiliario. Sin licitación pagó $ 1,5 millón entre muebles y cuadros para su oficina.
Con una causa por corrupción que la podría acercar a su primer procesamiento, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ahora está en la mira de la Justicia por otra operación sospechosa: la adquisición de mobiliario por un millón y medio de pesos “sin llamado a licitación y por medio de una adjudicación directa”, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.
La compra se realizó después de la adquisición del edificio de la calle Perón 667, operación por la que se acusa a la funcionaria de fraude, entre otros delitos.
Durante su declaración indagatoria ante el juez Federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, la procuradora Alejandra Gils Carbó no hizo ninguna referencia a la operación que también podría complicarla.
Por la compra de un edificio en la calle Perón 667 para que funcionen oficinas de su dependencia se la acusa de presunto fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, coimas, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón 667.
En el entramado que busca clarificar el movimiento de dinero ya quién benefició, la Justicia sigue otra pista: la adquisición de mobiliario para el edificio.
Se investiga si ese inmueble fue adquirido en el marco de ciertas irregularidades, entre ellas un presunto direccionamiento de la licitación, sobreprecios, pago de comisiones indebidas, entre otros aspectos.
La compra de todo tipo de muebles y revestimientos para acondicionar el inmueble de calle Perón, se hizo “con una contratación directa sin mediar una licitación que correspondía por su monto”, señalaron fuentes de la causa a Clarín.
La suma global asciende a 1.500.000 de pesos.
Esta compra por la que no se realizó ningún llamado a licitación, incluyó desde escritorios, sillas, cuadros, y otro tipo de mobiliario utilizado para las oficinas que se instalaron en en edificio, según consta en la investigación.
Figuran en la causa una serie de facturas que acreditan estos movimientos de dinero, que se suman a las sospechas por manejos irregulares.
La operación más costosa fue la compra del edificio, por 43.850.000 pesos. La misma se realizó -según la causa- con “un complejo entramado bajo la simulación de un proceso licitatorio”, con el que el Ministerio Público Fiscal, adquirió el edificio investigado y se pagó a la inmobiliaria Arfinsa un “monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto”.
Se pagaron comisiones por encima de los 10 millones de pesos, también por encima de los costos de mercado y beneficiando en un porcentaje a Carlos Thill, medio hermano de Alfredo Bellingi subdirector de la Procuraduría y contra quien Gils Carbó tiró todas las responsabilidades.