Negocio paralelo
El sindicato pagó casi $ 30 millones por un estacionamiento, pero su explotación estuvo en manos de un tercero.
Su sindicato pagó casi $30 millones por la compra de un estacionamiento en el microcentro porteño, pero lo explotó comercialmente un tercero. Por eso ya lo investigan por “administración fraudulenta”.
En junio de 2014, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, que conduce desde 2008 el diputado nacional Alberto Roberti, compró por casi 30 millones de pesos la playa de estacionamiento ubicada en Chacabuco 24, en pleno microcentro porteño, según información a la que accedió Clarín.
En aquel entonces había cepo cambiario y la cotización del dólar oficial era de unos $ 8,16 mientras que la del blue rondaba los $ 12,50. Es decir, que el precio variaba de los 3,6 a los 2,4 millones de dólares según el valor al que se lo tomara.
En inmobiliarias de la zona dijeron a este diario que el metro cuadro por ese sitio se puede pagar hoy hasta 2.300 dólares.
Lo cierto es que más allá del valor que se pagó por tal propiedad ubicada en un lugar codiciado como ese, desde hace tres meses que está cerrada e inactiva: un lucro cesante importante ya que vecinos confiaron que "solía estar llena a toda hora".
¿Por qué no se explota la playa? Las explicaciones son varias. Y son estas: lo que desató el cierre del negocio fue que se incluyó este nuevo hecho de malversación de fondos en una demanda judicial que ya investiga a Roberti por "administración fraudulenta".
En ese expediente judicial hay varias denuncias de corrupción de las que Clarín dio cuenta en mayo de es-
te año. La investigación está en manos del Juzgado Criminal de Instrucción Nº 29 porteño, a cargo de Marcelo Conlazo Zavalía.
El segundo punto es que el Estatuto de la Federación no permite la explotación de este tipo de comercios.
Así queda demostrado con el tercer factor a tener en cuenta: que el estacionamiento lo explotaba un monotributista llamado Víctor Alfredo Ferreyra, con CUIT 20-25745789-4; que hoy no registra impuestos activos. Hasta donde pudo rastrear Clarín hoy trabaja para la empresa Vamaju SRL, que en algún momento habría prestado servicios a la Federación.
El demandante Marcelo Turchetti que, al igual que ocurrió con Omar "Caballo" Suárez, se trata de un gremialista que integró el riñón de la Federación y que incluso perteneció al Consejo Directivo (fue expulsado de la Federación por un Congreso que él impugnó a través de un recurso de amparo).
Marcelo Turchetti a su vez es el titular del sindicato del petróleo de Santa Cruz, que está adherido a la Federación. El dirigente confirmó que "no figura ningún ingreso en los registros contables de la Federación porque no se puede realizar ese tipo de negocios".
Clarín también intentó contactar a Roberti para saber su posición pero no tuvo suerte.
En cambio, en mayo de este año y ante la primera publicación de este caso, el diputado Alberto Roberti sí había dado su punto de vista sobre la denuncia: "No tiene ninguna veracidad". Y agregó, sobre el denunciante: "Él
es un miembro de la Comisión Directiva que avaló balances como lo hacen los organismos de control que tenemos, por lo que consideramos que estamos en presencia de una bomba de humo".
Entre las desprolijidades mencionadas figuran cheques emitidos sin cruzar y sin la leyenda "no a la orden" por montos millonarios. Al emitirlos "al portador" facilita las cosas para que sean cambiados y, de esa manera, desvanecer la ruta de ese dinero.
En un modus operandi similar al de Suárez, también se denuncia la creación, por parte de Roberti, de múltiples empresas satélites que supuestamente brindaban servicios al sindicato.